Reducción / El Tiempo
ALTO COSTO PARA LA DEMOCRACIA
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora ha solicitado un incremento presupuestal que alcanzaría los 550 millones de pesos para 2026, de los cuales 174 millones serían destinados a los partidos políticos. El presidente consejero, Nery Ruiz Arvizu, explicó que el aumento responde al crecimiento del padrón electoral, al ajuste de la UMA y a la necesidad de sentar las bases para el proceso electoral de 2027. Sin embargo, cada vez que se plantea un incremento de recursos, surge la misma interrogante: ¿ese gasto realmente fortalece la democracia o solo engorda las estructuras partidistas? La ciudadanía percibe con desconfianza cómo año con año los partidos reciben millones del erario, mientras persisten carencias en rubros prioritarios como salud, educación o seguridad. La democracia cuesta, sí, pero también debe rendir cuentas. Si los partidos y las instituciones electorales no demuestran eficiencia, transparencia y resultados tangibles, ningún presupuesto —por elevado que sea— logrará recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2027, el reto de Nery Ruiz Arvizu y del IEEyPC será no solo garantizar elecciones organizadas, sino también demostrar que cada peso invertido en la democracia vale la pena para los sonorenses.
DICE MONREAL QUE ‘LEY ANTISTICKERS’ NO PASARÁ
La llamada ‘Ley Antistickers’, que pretende castigar con hasta nueve años de prisión a quienes elaboren memes, stickers o videos que ridiculicen a otras personas, ha provocado una ola de críticas y burlas —y con razón. En una época donde la sátira digital y el humor en redes son parte del debate público, intentar penalizarlos no solo es desproporcionado, sino profundamente autoritario. El propio coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se deslindó de la iniciativa impulsada por su compañero Armando Corona, y aseguró que ‘no va a pasar’. Y no debería pasar. Castigar con cárcel la ironía o la crítica disfrazada de humor es un golpe directo a la libertad de expresión y al derecho ciudadano de cuestionar al poder. Los límites de la libertad deben estar donde empieza la violencia o la difamación, no donde comienza la incomodidad de los funcionarios públicos. Como bien dijo Monreal, ‘no hay que involucionar en los derechos humanos’, sino ampliar libertades, no recortarlas. En tiempos donde la democracia se mide también en bytes, prohibir un meme equivale a censurar una opinión. Y cuando un gobierno teme al humor, lo que realmente teme es a su propio reflejo.
ESTIMARÁN DAÑOS DEL ‘HUACHICOL FISCAL’
El combate al llamado ‘huachicol fiscal’, es decir, al contrabando y evasión en la importación de combustibles, ha revelado no sólo la magnitud del problema, sino también la falta de claridad en las cifras oficiales. La procuradora fiscal Grisel Galeano habló de un daño de 600 mil millones de pesos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que ‘hay que estimarlo’ y negó que la funcionaria haya afirmado esa cantidad. Más allá de las diferencias en declaraciones, lo preocupante es la opacidad que rodea un tema de enorme impacto económico y social. Si en verdad se han perdido cientos de miles de millones de pesos por prácticas fraudulentas, el país merece precisión, no ambigüedad. La corrupción y el contrabando no se combaten con cifras inciertas ni con deslindes verbales. Se combaten con investigaciones sólidas, sanciones efectivas y transparencia total. Cada peso desviado en el ‘huachicol fiscal’ es un peso menos para salud, educación e infraestructura.
VEN POPULISTA PROPUESTA DEL PAN PARA ELIMINAR EL ISR AL AGUINALDO
La propuesta del PAN para eliminar el ISR al aguinaldo y otros impuestos suena atractiva para los trabajadores, especialmente en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, detrás de ese discurso hay más estrategia política que viabilidad económica. El coordinador panista Elías Lixa busca presionar a Morena en medio de la discusión del Paquete Económico 2026, presentando una alternativa a los nuevos gravámenes propuestos por el oficialismo en bebidas azucaradas, cigarros y videojuegos. También plantea quitar el IVA al agua, permitir la deducción de medicamentos y fijar el precio de la gasolina en 20 pesos. Pero más allá del impacto mediático, la pregunta es si estas medidas pueden sostener las finanzas públicas sin afectar los programas sociales ni incrementar la deuda. La realidad es que no se puede gastar más y recaudar menos sin consecuencias. Tanto el gobierno como la oposición deberían dejar de usar los impuestos como bandera electoral y enfocarse en una reforma fiscal integral, que promueva inversión, empleo y equilibrio presupuestal. Las buenas intenciones no pagan hospitales ni escuelas; los discursos populistas, tampoco.
ENFRENTA JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR., EL COMBATE MÁS DIFÍCIL
Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, enfrenta ahora un desafío muy distinto al cuadrilátero: probar su inocencia ante la justicia. Tras su detención en Estados Unidos y posterior deportación a México, el boxeador fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque actualmente enfrenta el juicio en libertad condicional. En su primera aparición pública, Chávez Jr. declaró que ‘no es traficante’ y que demostrará que no tiene vínculos con el crimen organizado. Su versión contrasta con la información oficial, que señala que la Fiscalía General de la República mantenía desde 2023 una orden de aprehensión en su contra.
El caso del hijo del ‘Gran Campeón’ refleja una historia de ascensos, caídas y segundas oportunidades. Más allá del linaje o la fama, la justicia deberá actuar con objetividad: ni el apellido debe condenar, ni la popularidad debe absolver.
Si Chávez Jr. es inocente, deberá demostrarlo con hechos, no con entrevistas. Pero si la justicia comprueba lo contrario, su legado quedará marcado no por sus peleas en el ring, sino por el combate que perdió fuera de él.
En cualquier caso, este proceso pone sobre la mesa una reflexión mayor: en México, incluso los ídolos deben rendir cuentas.