Lorenza Sigala/MO
En México, la trata de personas con fines de mendicidad forzada —especialmente cuando involucra a menores— constituye una de las formas más crueles, persistentes y menos visibilizadas del crimen organizado. Aunque muchas veces opera a plena luz del día, sigue siendo una realidad ignorada por autoridades y sociedad.
Sonora, lejos de ser excepción, es escenario silencioso de esta problemática que entrelaza pobreza, impunidad y abandono institucional.
Según cifras oficiales, de 2008 a 2024, se iniciaron 14 carpetas de investigación por trata de personas en Sonora en el fuero federal, y más de 600 casos de corrupción de menores tan solo entre 2015 y 2025, en el fuero común. Este fenómeno, lejos de ser un episodio aislado, revela una red y/o condición que aprovecha la vulnerabilidad social para explotar a niñas, niños y adolescentes como instrumentos de mendicidad callejera.
El 16 de octubre de 2025, en una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo, autoridades federales informaron que acciones de cateo derivaron en el rescate de diez menores y tres adultos. Las personas, según información oficial, se encontraban presuntamente en situación de explotación con fines de mendicidad.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), y fue resultado de una denuncia ciudadana. Durante la diligencia fueron detenidas dos personas: Erasmo “O” y Cecilia “V”, señaladas como presuntas responsables. En el lugar se aseguraron 18 actas de nacimiento, juguetes, dinero en efectivo y cartulinas con mensajes similares a los que suelen usarse en cruceros para solicitar apoyo económico. Las personas rescatadas fueron trasladadas a un albergue para recibir atención especializada.
De acuerdo con información oficial, la mayoría de las víctimas provenían del estado de Chiapas. De las víctimas destacan una mujer de nombre yo Ema de 20 años, una mujer de 17 años, un hombre de 17 años, otro de 16:08 hermanitos de 15, 14, 12, 10, 9, 6 y 4 años, respectivamente.
Cifras oficiales: casos aislados o patrón sostenido
Entre 2008 y 2024, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) abrió 14 carpetas de investigación por trata de personas en Sonora, dentro del fuero federal. Aunque los registros se distribuyen de forma irregular a lo largo de los años, destacan picos en 2010, 2015 y 2017.
En ese mismo periodo, también se iniciaron 12 indagatorias por delitos contra mujeres por razones de género y dos casos de pornografía infantil en 2015. No se reportaron otros delitos federales directamente relacionados con niñas, niños o adolescentes en el estado.
A nivel del fuero común, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentan una presencia constante de casos de corrupción de menores, un delito que en ciertos contextos se asocia a situaciones de riesgo para la infancia. A continuación, se presenta un desglose por año:
• 2015: 82 carpetas por corrupción de menores; 0 por trata.
• 2016: 63 por corrupción; 1 por trata.
• 2017: 39 por corrupción; 0 por trata.
• 2018: 22 por corrupción; 1 por trata.
• 2019: 34 por corrupción; 1 por trata.
• 2020: 19 por corrupción; 1 por trata, hasta el mes de julio de ese año.
• 2021: 87 por corrupción; 1 por trata.
• 2022: 66 por corrupción; 0 por trata.
• 2023: 92 por corrupción; 0 por trata.
• 2024: 75 por corrupción; 0 por trata.
• 2025 (enero-septiembre): 4 casos de trata registrados: 2 en enero, 1 en mayo y 1 en agosto. También se contabilizan múltiples denuncias por corrupción de menores (60), aunque las cifras siguen siendo preliminares.Respecto a cifras anteriores, es importante señalar que el SESNSP en los delitos del fuero común contra la sociedad, en el rubro de trata de personas no específica si las víctimas fueron ni niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, debido a que a nueve meses del año 2025, casi se supera la cifra de casos de trata de personas de al menos nueve años, se puede hablar o sugerir un aumento significativo de la frecuencia en casos sólo durante el año en curso.
Un fenómeno complejo
El doctor Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México y especialista en temas de justicia restaurativa, ha seguido de cerca el desarrollo de este tipo de casos en el país. Desde su perspectiva, las redes de mendicidad forzada se relacionan frecuentemente con factores estructurales como la pobreza, el desplazamiento interno y la falta de acceso a servicios básicos.
“En México en particular, esto es muy frecuente”, señaló en entrevista, “es más, había desaparecido con una temporada en nuestra entidad, pero en ocasiones aparece, y todas las personas que lo miran. Se dan cuenta que en cualquier ciudad de Sonora aparecen personas que ubican en los cruceros a mujeres indígenas, a mujeres afro mexicanas con el niño, incluso a su pecho o en la espalda para crear una mayor sensación de dolor, por parte de la persona que va conduciendo y aporta alguna cantidad”, indicó .
“Por ejemplo, en el caso que me mencionas que son habitantes de Chiapas, pues el 65% de la población vive en la pobreza extrema, entonces las condiciones son favorables para que lamentablemente la desesperación por la supervivencia se de este tipo de movilidad de un Estado a otro de la República, y que haya gente que se beneficie organizando esto, pero que a la vez para muchas veces las personas que viven en esa condición vulnerable. Significa una forma de ingreso más allá de qué puede tratarse de una organización criminal, con un cartel que se dedique la mendicidad bien organizado”, expuso.
Pesqueira Leal destacó la importancia de observar el contexto antes de emitir juicios. Señala que es común encontrar menores en los mismos puntos de la ciudad durante varios días, a veces acompañados por distintos adultos, o con carteles que siguen patrones similares. Estos indicadores, según explica, pueden ser señales de una posible situación de explotación.
Marco legal y atención institucional
Desde 2012, México cuenta con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual establece penas de 9 a 15 años de prisión para quienes incurran en la explotación de personas con fines de mendicidad. En 2024, esta legislación fue actualizada para fortalecer los mecanismos de prevención y atención a víctimas.
Sin embargo, especialistas consultados coinciden en que uno de los principales retos sigue siendo la coordinación entre autoridades locales, estatales y federales. La complejidad de estos casos requiere de un abordaje que combine intervención penal, atención psicosocial y acciones preventivas de largo plazo.
De la calle a la denuncia: lo que puede observarse
Aunque no todos los casos pueden identificarse a simple vista, algunas señales pueden generar sospechas razonables. La reiteración de ciertas escenas —como menores en situación de calle con carteles idénticos o adultos que los acompañan en distintos momentos del día— ha sido documentada por investigadores como un patrón recurrente en redes de mendicidad forzada.
Pesqueira Leal aclara que no se trata de criminalizar la pobreza, sino de distinguir entre una situación de necesidad y un posible delito. En este sentido, subraya la importancia de que tanto ciudadanos como instituciones puedan identificar los matices y actuar conforme a derecho.
Información de contacto para denuncias
La Fiscalía General de la República pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para reportar situaciones sospechosas, de manera anónima o presencial:
• Teléfono: 6622 89 70 45
• Correo electrónico: [email protected]
• Dirección: Blvd. García Morales km 9.5, Col. La Manga, Hermosillo, Sonora
• Horario: Atención permanente, 24/7