Redacción / El Tiempo
TELEMEDICINA: UN PASO NECESARIO HACIA LA SALUD
La reforma a la Ley del Isssteson presentada por la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante y el diputado Óscar Ortiz Arvayo representa una de las decisiones más relevantes del Congreso de Sonora en materia de política pública reciente, al reconocer que el derecho a la salud ya no puede depender únicamente de la infraestructura física tradicional. Al establecer de forma expresa y obligatoria la prestación del servicio de telemedicina como un mecanismo permanente y complementario, el Poder Legislativo responde a una realidad que por años afectó a miles de derechohabientes que viven lejos de los principales centros urbanos. Los resultados iniciales, con más de 33 mil beneficiarios en municipios como Agua Prieta, Cananea, Moctezuma, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Navojoa, confirman que esta modalidad no es una ocurrencia, sino una solución viable, eficiente y socialmente justa. Formalizarla en la ley significa garantizar su continuidad, evitar retrocesos administrativos y asegurar que más de 180 mil derechohabientes del Isssteson puedan acceder a atención médica especializada sin traslados costosos y desgastantes. Además, la telemedicina permite descongestionar hospitales, optimizar el uso de personal médico especializado y avanzar hacia un sistema de salud más moderno y equitativo.
ORDENAR EL AGUA SIN CASTIGAR AL CAMPO
La defensa que hace Efraín Morales López, director general de la Conagua, de la nueva Ley de Aguas Nacionales apunta a un debate de fondo que por años se ha evitado: la urgente necesidad de ordenar el uso del agua en un país marcado por la escasez, sin convertir al productor agrícola en chivo expiatorio. Frente a la desinformación que ha circulado, el funcionario acierta al aclarar que la reforma no elimina derechos ni impide heredar, vender o rentar tierras con concesión, sino que busca cerrar la puerta a abusos históricos tolerados por la omisión del Estado. La promesa de emitir nuevos títulos de concesión en un máximo de 20 días representa un avance administrativo relevante frente a la burocracia que antes asfixiaba al campo. Sin embargo, el reto no está solo en el texto legal, sino en su aplicación justa y transparente. La revisión de más de medio millón de títulos y la detección de concesiones irregulares revelan un sistema profundamente distorsionado, donde algunos lucraron con el agua mientras otros cumplían la ley. Si la reforma logra castigar a quienes acaparan y venden ilegalmente el recurso, sin criminalizar la producción, puede convertirse en una herramienta de equidad hídrica.
VISA DEVUELTA, DUDAS ABIERTAS
La decisión de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, de devolver su visa a Estados Unidos tras ser incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en una lista por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, abre un episodio incómodo que trasciende lo personal y coloca en el centro del debate la credibilidad institucional y la responsabilidad política. Aunque la legisladora afirma no temer a las investigaciones y sostiene que los señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA son infundados, lo cierto es que la gravedad de las acusaciones —que incluyen presunta colaboración con operadores financieros del crimen organizado durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito— exige algo más que declaraciones de buena fe. El congelamiento de cuentas, la mención de relaciones con personajes como Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, y la supuesta influencia del Cártel de Sinaloa en decisiones municipales no pueden minimizarse ni tratarse como un trámite administrativo. Para Morena, que ha hecho del combate a la corrupción y al crimen organizado una bandera discursiva, el caso representa una prueba de coherencia: permitir que los hechos se aclaren con total transparencia y sin victimización política. Para Brown Figueredo, la investigación puede ser, como ella dice, una oportunidad de limpiar su nombre; para el sistema político mexicano, es un recordatorio de que la frontera entre poder público y crimen debe vigilarse con rigor permanente.
REFORMA ELECTORAL A CONTRARRELOJ
La posibilidad de que Morena impulse en fast track la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a encender alertas sobre las formas y los tiempos en que se pretenden modificar las reglas del juego democrático. Que la bancada que coordina Ricardo Monreal contemple un periodo extraordinario apenas iniciado enero, aprovechando su mayoría calificada en la Comisión Permanente, confirma que el objetivo no es abrir un debate amplio, sino capitalizar el momento político. Si bien Morena tiene legitimidad numérica para impulsar cambios, una reforma electoral no es un asunto menor ni administrativo: toca directamente la equidad de la competencia, la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones. El hecho de que incluso sus aliados tradicionales, como el Partido Verde y el PT, expresen reservas sobre puntos clave —como la reducción del financiamiento público a partidos y la disminución de legisladores plurinominales— evidencia que no existe consenso ni siquiera dentro del bloque gobernante. Aprobar una reforma de esta magnitud con prisas puede profundizar la polarización y sembrar dudas sobre su viabilidad a largo plazo. La experiencia reciente demuestra que las reformas electorales construidas sin diálogo terminan judicializadas o cuestionadas en el terreno político. Para Claudia Sheinbaum, el reto no es solo cumplir una promesa de transformación, sino hacerlo con legitimidad democrática; para Morena, la disyuntiva es clara: construir acuerdos reales o imponer cambios que, aunque legales, pueden nacer debilitados en su origen y generar costos políticos innecesarios en un momento clave para el nuevo gobierno.
SEGURIDAD, POLÍTICA Y SOMBRAS INCÓMODAS
La negativa de Omar García Harfuch sobre un vínculo entre Édgar ‘N’, alias ‘El Limones’, con Pedro Haces y la CATEM busca contener un daño político que, aunque aún no está acreditado jurídicamente, ya existe en el terreno de la percepción pública. Que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subraye que las investigaciones por extorsión no están relacionadas con ningún sindicato ni actor político es relevante, pero no suficiente para disipar las dudas que generan las imágenes y los antecedentes del caso. En un país marcado por la infiltración del crimen organizado en estructuras económicas y sociales, la línea entre deslinde formal y sospecha pública es frágil. Harfuch acierta al enfatizar que las indagatorias apenas comienzan y que la Fiscalía General de la República será la encargada de profundizar, pero el contexto obliga a una comunicación clara y constante. Pedro Haces, como diputado de Morena y líder sindical, representa un poder político y corporativo que inevitablemente será escrutado con mayor severidad. La insistencia en que ‘El Limones’ responde a una célula criminal de Los Cabrera y no a intereses sindicales no elimina la exigencia de transparencia total. Este episodio recuerda que, en materia de seguridad, no basta con negar vínculos: es indispensable demostrar, con investigaciones sólidas y resultados públicos, que la política y las organizaciones sociales están realmente blindadas frente a las redes criminales que buscan legitimarse mediante cercanía con el poder.