Redacción / El Tiempo
VIVIENDA COMO EJE DE BIENESTAR SOCIAL
El anuncio del gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre el incremento de la meta de viviendas en Sonora, de 33 mil 800 a 60 mil casas, marca un punto de inflexión en la política social del estado y confirma que el acceso a un patrimonio digno se ha colocado en el centro de la agenda pública, en plena sintonía con el Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se trata únicamente de números ambiciosos, sino de un modelo que rompe con viejas inercias al priorizar suelo disponible, ubicación urbana y precios accesibles, especialmente para trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad que históricamente han quedado fuera del mercado formal. Que Sonora sea la primera entidad en garantizar la totalidad de la tierra requerida revela una planeación anticipada y voluntad política para cumplir objetivos de largo plazo. Además, la coordinación entre Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda refuerza la idea de un Estado activo que no delega por completo la responsabilidad al sector privado. En un contexto nacional donde la desigualdad habitacional sigue siendo un desafío estructural, el énfasis de Durazo en integrar las viviendas al tejido urbano, con servicios y cercanía a centros de trabajo, apunta a un enfoque más humano del desarrollo. Si la ejecución mantiene el ritmo y la transparencia prometida, este programa puede convertirse en uno de los legados sociales más relevantes del actual gobierno estatal.
REFORMA ELECTORAL A CONTRARRELOJ
La advertencia del presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu, pone sobre la mesa un elemento clave que suele pasar desapercibido en el debate público: los tiempos legales también son una forma de certidumbre democrática. La reforma electoral no sólo se discute en términos políticos o ideológicos, sino en un calendario constitucional que obliga a definir antes de junio si sus cambios podrán aplicarse en el proceso 2025-2026. Los seis ejes planteados —reducción de financiamiento a partidos, menor representación plurinominal, desaparición de institutos locales, adecuación al INE y garantía presupuestal— configuran una transformación profunda del sistema electoral que difícilmente puede improvisarse. El riesgo de una reforma apresurada es tan alto como el de una reforma inconclusa, pues cualquier ajuste a las reglas del juego democrático debe garantizar estabilidad, imparcialidad y confianza ciudadana. La ruta marcada por la Comisión Presidencial y los plazos constitucionales obligan al Congreso de la Unión y a los congresos locales a debatir con responsabilidad, lejos de cálculos coyunturales. En Sonora, como en el resto del país, el desafío no es sólo cumplir con los 90 días previos al inicio del proceso electoral, sino asegurar que los cambios fortalezcan la representación, no la debiliten. La reforma electoral será legítima no por su rapidez, sino por su capacidad de mejorar la democracia sin ponerla en riesgo.
PROGRAMA HÉROE PAISANO
El Programa Héroe Paisano vuelve a mostrar su relevancia social al beneficiar a más de 4 mil 600 migrantes retornados a México a través de Sonora durante el último año, en un contexto marcado por la incertidumbre y la vulnerabilidad que enfrentan quienes son deportados desde Estados Unidos. Las declaraciones del delegado del Bienestar, Octavio Almada Palafox, evidencian que más allá de las cifras, se trata de un esfuerzo institucional por ofrecer un acompañamiento mínimo pero crucial a personas que, tras ser expulsadas, regresan muchas veces sin recursos, redes de apoyo ni claridad sobre su futuro inmediato. El incentivo económico y la orientación que brinda el programa no resuelven de fondo el fenómeno migratorio, pero sí representan un alivio concreto para facilitar el retorno a los estados de origen y evitar que la deportación se traduzca en abandono total. En un escenario donde la migración suele abordarse desde una óptica de seguridad o control, Héroe Paisano mantiene un enfoque humanitario que reconoce la dignidad de las personas migrantes. No obstante, el reto sigue siendo mayúsculo: fortalecer estos apoyos, garantizar su continuidad y ampliar su alcance ante posibles incrementos en las deportaciones. La política pública en materia migratoria no puede limitarse a la contención; debe incluir acompañamiento, reintegración y oportunidades reales para quienes regresan al país en condiciones adversas.
VUELVE EL DEBATE DE LAS PLURINOMINALES
El debate sobre las plurinominales vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública y exhibe, una vez más, una de las tensiones más profundas del sistema político mexicano: cómo equilibrar la representación democrática con la legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara al reconocer que no existe consenso y que la percepción social sobre este mecanismo de representación proporcional es mayoritariamente negativa, asociada al exceso de burocracia y a la idea de legisladores que llegan sin el respaldo directo del voto. Sin embargo, detrás de esa inconformidad legítima se esconde un dilema de mayor calado. Las plurinominales surgieron como una herramienta para garantizar la pluralidad política y evitar que las mayorías aplasten a las minorías, permitiendo que distintas corrientes ideológicas tengan voz en el Congreso. Reducir el número de legisladores puede resultar atractivo en términos de ahorro y eficiencia, pero también implica el riesgo de empobrecer el debate parlamentario y limitar la representación de sectores que, aunque no mayoritarios, forman parte de la diversidad política del país. El verdadero desafío de una reforma electoral responsable no radica únicamente en cuántos diputados deben integrar el Congreso, sino en cómo diseñar un modelo que combine legitimidad social, eficacia legislativa y una representación justa. Resolver este dilema exige altura de miras, diálogo amplio y una visión de largo plazo que ponga a la democracia por encima de la coyuntura.
TRANSICIÓN Y CONTINUIDAD EN LA SUPREMA CORTE
La salida de Rafael Coello Cetina como secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciada por el ministro presidente Hugo Aguilar, marca un momento relevante en la vida institucional del máximo tribunal del país, no sólo por la trayectoria de más de quince años de quien fuera una de las figuras técnicas más influyentes del Pleno, sino por el contexto de transición que vive el Poder Judicial tras la reciente elección judicial. El reconocimiento público a la labor de Coello Cetina subraya la importancia de los perfiles técnicos que, lejos del reflector político, garantizan el orden, la certeza jurídica y la eficiencia en el funcionamiento cotidiano de la Corte. Al mismo tiempo, la designación unánime de Daniel Álvarez Toledo como nuevo secretario general de acuerdos envía un mensaje de continuidad institucional, experiencia interna y consenso entre los ministros, elementos clave en una etapa de ajustes y redefiniciones. La apuesta por una “transición ordenada”, como la definió Hugo Aguilar, busca preservar la estabilidad del órgano constitucional en un entorno de alta polarización política y escrutinio público. Más allá de los nombres, el relevo pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la profesionalización, la neutralidad técnica y la confianza ciudadana en la Suprema Corte, en momentos en que su papel como árbitro constitucional resulta más determinante que nunca para la vida democrática del país.