Martín Alberto Mendoza
OTORGARÍAN ASCENSOS A ELEMENTOS DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL; SE ESPERABA QUE NO FUERAN A PRIVILEGIAR A MUJERES COMO LO HIZO CLAUDIO CRUZ HERNÁNDEZ; PREFERENCIA GENERÓ HONDO DESCONTENTO EN LA TROPA; ELLO DEBIDO A QUE EXISTEN ALGUNAS AGENTES QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL Y LA IDONEIDAD; SE ESPERABA QUE UN COMITÉ DE SELECCIÓN DE SOBRADA SOLVENCIA MORAL E INTACHABLE CONDUCTA ACERTARA EN SUS DECISIONES; EN TEORÍA, LOS GRADOS DEBEN BASARSE EN MÉRITO, PREPARACIÓN, DESEMPEÑO, DISCIPLINA, EVALUACIONES, EXPERIENCIA Y PERFIL OPERATIVO; AUNQUE TODOS SABEMOS QUE MUCHAS VECES TAMBIÉN ENTRAN FACTORES POLÍTICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONFIANZA INSTITUCIONAL; DEBERÍA SER UNA DECISIÓN COLEGIADA Y TÉCNICA, NO ÚNICAMENTE DE UNA SOLA PERSONA O DE UN MANDO POR SIMPATÍA O CERCANÍA; PORQUE AL FINAL PORTAR UN GRADO NO SOLAMENTE REPRESENTA AUTORIDAD; REPRESENTA RESPONSABILIDAD, PREPARACIÓN Y CONFIANZA PÚBLICA ANTE TODO; DE ACUERDO A LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) DEL INEGI TERMINÓ EXHIBIENDO LO QUE DESDE HACE TIEMPO MILES DE SONORENSES VIENEN SEÑALANDO EN LAS CALLES; EN AGENCIAS DEL MPFC Y EN REDES SOCIALES: LA CAÍDA DE CONFIANZA HACIA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA; LOS NÚMEROS SON DEMOLEDORES; EN 2023 LA FISCALÍA ALCANZABA UN 43.9% DE CONFIANZA CIUDADANA; HOY, PARA 2025, CAYÓ HASTA UN ALARMANTE 31.6%, CONVIRTIÉNDOSE EN EL NIVEL MÁS BAJO DESDE QUE ESTE INDICADOR COMENZÓ A MEDIRSE; UN DESPLOME HISTÓRICO QUE NO PUEDE MAQUILLARSE CON CONFERENCIAS, DISCURSOS DE SEGURIDAD NI RUEDAS DE PRENSA PERFECTAMENTE ENSAYADAS; CAJEME SIGUE FIGURANDO ENTRE CIUDADES MÁS VIOLENTAS; FEMINICIDIOS DE ADOLESCENTES UN TEMA PREOCUPANTE
NUEVAMENTE se otorgarán ascensos a elementos de Policía y Tránsito Municipal. Se espera que prevalezca la equidad, en virtud de que durante la gestión de Claudio Cruz Hernández evidentemente se privilegió a las mujeres generando un verdadero descontento, porque más de tres de ellas no cumplen con el perfil e idoneidad que debe exigir un comité de selección de sobrada solvencia moral e intachable conducta…HAY QUE DEJAR en claro que jurídica y administrativamente el perfil, la idoneidad, capacidades, antigüedad, evaluaciones y cumplimiento de requisitos para otorgar un nombramiento dentro de una corporación policial normalmente los define la propia institución de seguridad pública a través de sus órganos internos de evaluación y promoción. En el caso de Policía Municipal, regularmente intervienen la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, mandos superiores, recursos humanos, controles de confianza (C3) y las disposiciones establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado y reglamentos internos de la corporación. En teoría, los grados deben basarse en mérito, preparación, desempeño, disciplina, evaluaciones, experiencia y perfil operativo; aunque todos sabemos que muchas veces también entran factores políticos, administrativos o de confianza institucional. Debería ser una decisión colegiada y técnica, no únicamente de una sola persona o de un mando por simpatía o cercanía. En suma, quien debe validar y autorizar los ascensos es la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, apoyándose en evaluaciones objetivas sobre capacidad, trayectoria, disciplina, experiencia, resultados, liderazgo y controles de confianza. Porque al final portar un grado no solamente representa autoridad, representa responsabilidad, preparación y confianza pública ante todo… MIENTRAS QUE la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que han disminuido los homicidios dolosos en un 49 % durante el gobierno federal actual, la propia Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI terminó exhibiendo lo que desde hace tiempo miles de sonorenses vienen señalando en las calles, en agencias del Ministerio Público y en redes sociales: la enorme caída de confianza hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Los números son demoledores. En 2023 la Fiscalía alcanzaba un 43.9% de confianza ciudadana; hoy, para 2025, cayó hasta un alarmante 31.6%, convirtiéndose en el nivel más bajo desde que este indicador comenzó a medirse. Un desplome histórico que no puede maquillarse con conferencias, discursos de seguridad ni ruedas de prensa perfectamente ensayadas… Y AUNQUE el Fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez seguramente volverá a salir con aquella seguridad y voz de trueno que lo caracteriza para decir que ‘se trabaja con contundencia’, ‘con energía’ y que ‘nadie está por encima de la ley’, la realidad termina alcanzando cualquier narrativa institucional. Porque cuando la ciudadanía deja de confiar en la dependencia encargada precisamente de procurar justicia, el dilema ya no es solamente operativo, es un problema de legitimidad. La propia estructura que él mismo construyó dentro de la Fiscalía hoy también queda bajo cuestionamiento. Ahí están sus vicefiscales principales: Jesús Francisco Moreno Cruz, en Vicefiscalía de Investigaciones; Ramón Tadeo Gradías Enríquez, en Control de Procesos; y Rosario Amada Sánchez Hurtado, en Feminicidios y Delitos por Razones de Género, todos formando parte del círculo institucional que durante años ha acompañado y respaldado una política de procuración de justicia cada vez más alejada de la percepción social. Porque mientras Sonora enfrenta homicidios, desapariciones, feminicidios y violencia cotidiana, pareciera que dentro de la Fiscalía muchos funcionarios viven más preocupados por sostener discursos oficiales, cuidar posiciones administrativas y aplaudir las incongruencias internas del sistema, que por recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. Y los números del INEGI no opinan, no militan y no hacen política. Y hoy la sociedad sonorense está diciendo algo sumamente grave: cada vez cree menos en su Fiscalía…ESTE MIÉRCOLES, se registró un nuevo hecho violento en Cajeme, donde un hombre fue privado de la vida, convirtiéndose en el ejecutado número 17 del presente mes. El hecho ocurrió en Urbi Villa del Real de la Delegación Poniente donde el encargado Ernesto Luzanilla Herrera, continúa dando palos de ciegos en materia de vigilancia y prevención del delito. Con este nuevo homicidio, Cajeme vuelve a alcanzar prácticamente la misma cifra de ejecuciones registradas durante mayo del año 2025, reflejando nuevamente la preocupación social por los niveles de violencia que continúan golpeando al municipio…SIN DUDA, este es uno de los principales factores para que Ciudad Obregón continúe apareciendo dentro de las 10 ciudades más violentas en los rankings difundidos en 2026 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Diversos medios reportaron que Cajeme se ubicó en la posición número 9 mundial durante la evaluación correspondiente a 2025. El reporte señala que Ciudad Obregón registró una tasa aproximada de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, manteniéndose por tercer año consecutivo dentro del ‘top 10’ internacional de violencia urbana. Hermosillo también apareció dentro del ranking mundial de las 50 ciudades más violentas. Un dato demoledor que vuelve a exhibir la realidad que diariamente viven miles de familias cajemenses. Y lo más delicado es que hasta la propia presidenta Sheinbaum terminó reconociendo que en Cajeme ‘subieron un poquito los homicidios’. Así lo dijo. ‘Un poquito’. Una expresión que para muchos puede sonar política o moderada, pero que para quienes viven diariamente la violencia en Cajeme resulta incluso ofensivamente corta frente a la magnitud del problema. Aquí hablamos de ejecuciones constantes, desapariciones, ataques armados. Porque ningún ciudadano siente que ‘subió un poquito’ cuando ve muertos prácticamente todos los días. Ninguna madre siente que ‘subió un poquito’ cuando un hijo desaparece. Ningún comerciante siente que ‘subió un poquito’ cuando vive bajo amenazas o miedo permanente. La violencia en Cajeme dejó hace mucho tiempo de ser un tema de percepción. Hoy es una tragedia social completamente normalizada…EN LOS ÚLTIMOS días volvió a surgir un tema que, sin duda, genera opiniones encontradas, indignación social y muchas emociones: la justicia para adolescentes. Y es que cuando un hecho tan delicado involucra a menores de edad, inevitablemente aparecen preguntas que muchas veces la sociedad se hace desde el dolor, desde la impotencia o incluso desde el enojo. ¿Realmente entendemos cómo funciona el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? ¿Por qué las sanciones son distintas a las de un adulto? ¿Está preparado actualmente nuestro entorno institucional y social para enfrentar este tipo de casos sin que todo termine únicamente en confrontación o desesperación colectiva? Luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde una persona del sexo femenino expresara fuertes críticas y emociones derivadas del caso relacionado con el feminicidio de la menor Leyla Monserrat, ocurrido en Sonoyta, Sonora, nuevamente surgieron cuestionamientos sociales sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El caso de Leyla, de apenas 15 años de edad, conmocionó a Sonora y a gran parte del país, al conocerse que dos adolescentes, de 15 y 13 años, presuntamente cercanas a la víctima, la habrían citado bajo engaños para posteriormente privarla de la vida y ocultar su cuerpo en un domicilio. Las responsables fueron procesadas bajo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, situación que provocó indignación y diversas manifestaciones encabezadas por familiares de la víctima…SOBRE ESTO, el maestro José Luis Sígala Servín señaló que este tipo de asuntos deben analizarse con responsabilidad y prudencia, sin perder de vista el profundo impacto humano y social que generan. ‘Es completamente entendible la indignación social y el dolor humano que provocan hechos tan delicados como éste; sin embargo, también es importante comprender que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes funciona bajo principios y reglas distintas al sistema penal para adultos’, expresó. Indicó que la justicia para adolescentes no busca justificar conductas delictivas ni minimizar el sufrimiento de las víctimas, sino atender casos altamente complejos bajo un modelo jurídico especializado enfocado en reinserción social, protección integral y prevención de futuras conductas criminales. ‘La justicia para adolescentes no fue creada para ignorar el dolor de las víctimas, sino para intentar evitar que un adolescente termine consolidándose dentro de una carrera criminal desde temprana edad. Son temas muy delicados donde deben coexistir la legalidad, la responsabilidad y también el sentido humano’, señaló. Hoy en día, el Maestro Samuel Muñoz Vargas se encuentra al frente de dicha área especializada y cuenta con amplia experiencia en el tema, pero seguimos mañana, Dios mediante.