PREVENCIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
La iniciativa impulsada por Alfonso Durazo para reformar el sistema de protección civil en Sonora plantea un cambio de fondo que busca dejar atrás el modelo reactivo y apostar por una visión centrada en la prevención. Históricamente, la atención de emergencias ha cobrado relevancia únicamente después de que ocurren desastres naturales, accidentes o contingencias, cuando los daños ya están presentes. Por ello, resulta relevante que la propuesta contemple fortalecer las instituciones encargadas de la gestión de riesgos y promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. La realización de foros regionales en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado permitió incorporar la experiencia de especialistas, académicos y ciudadanos que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades. Uno de los aspectos más destacados es la intención de otorgar mayor autonomía al organismo responsable de la protección civil, buscando que sus decisiones respondan a criterios técnicos y no a intereses coyunturales. El verdadero desafío comenzará cuando la reforma pase de la discusión legislativa a la aplicación práctica. La prevención requiere inversión constante, capacitación, planeación urbana y una cultura social que valore la preparación ante riesgos. Si el proyecto logra consolidarse, Sonora podría avanzar hacia un modelo más eficiente, resiliente y capaz de proteger mejor a su población frente a futuras contingencias.
HABRÁ PERIODO EXTRAORDINARIO EN EL CONGRESO
La convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso del Estado confirma que la agenda legislativa en Sonora mantiene temas de relevancia que requieren atención inmediata. Bajo la conducción de Alejandra López Noriega al frente de la Diputación Permanente, las y los diputados analizarán asuntos que abarcan desde reformas electorales hasta modificaciones en materia municipal y ambiental. Destaca particularmente la discusión sobre cambios a la legislación electoral estatal, un tema que cobra especial relevancia conforme se acerca el proceso político de 2027 y que podría tener implicaciones en la organización y desarrollo de futuras contiendas. También será atendida la renuncia de una jueza penal y el eventual nombramiento de quien ocupará esa responsabilidad, asunto que vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Por otra parte, la propuesta para crear una Ley de Economía Circular representa una oportunidad para impulsar políticas orientadas al aprovechamiento eficiente de recursos y la sostenibilidad ambiental. El reto para el Poder Legislativo será que estos temas sean analizados con profundidad y visión de largo plazo, privilegiando el interés público sobre cualquier consideración partidista.
HAY CONFIANZA CIUDADANA EN EL INE EN SONORA
Los resultados obtenidos por el Instituto Nacional Electoral en Sonora reflejan un aspecto fundamental para cualquier institución pública: la confianza de la ciudadanía en los servicios que recibe. Alcanzar un nivel de satisfacción superior al 98 por ciento entre quienes acuden a realizar trámites relacionados con la credencial para votar habla de una operación eficiente y de una atención que, en términos generales, responde a las expectativas de los usuarios. Los datos presentados por Verónica Sandoval Castañeda muestran que factores clave como los tiempos de espera, la calidad de la información proporcionada y las condiciones de las instalaciones mantienen una valoración positiva entre miles de ciudadanos. Este tipo de evaluaciones no solo permiten identificar áreas de mejora, sino también fortalecer la credibilidad institucional en un organismo que desempeña un papel esencial en la vida democrática del país. La cercanía con la ciudadanía y la calidad en la atención cotidiana suelen ser tan importantes como la organización de los procesos electorales. En un contexto donde las instituciones frecuentemente enfrentan cuestionamientos y desafíos de confianza pública, contar con mecanismos de evaluación permanentes y transparentes contribuye a reforzar la legitimidad de su trabajo.
SE RETIRARÁ SÁNCHEZ CORDERO DE LA VIDA PÚBLICA
El anuncio de Olga Sánchez Cordero sobre su retiro de la vida pública en 2027 marca el cierre de una de las carreras más relevantes en la política y el sistema judicial mexicano de las últimas décadas. Su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación y el Senado la convirtió en una figura con presencia constante en momentos clave de la vida institucional del país. Más allá de las coincidencias o diferencias que distintos sectores puedan tener con sus posiciones, resulta innegable que su trayectoria estuvo vinculada a procesos de transformación jurídica, derechos humanos y participación de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres. También llama la atención que su despedida ocurra en un contexto de profundos cambios en el Poder Judicial, una reforma sobre la cual ella misma expresó reservas y planteó propuestas alternativas. Su decisión parece responder no solo a una cuestión personal, sino también al reconocimiento de que una nueva generación de liderazgos comienza a ocupar los principales espacios de decisión. La salida de figuras con experiencia acumulada siempre abre un debate sobre la importancia de preservar la memoria institucional y el conocimiento adquirido. Con su retiro concluye una etapa, pero también queda un legado que seguirá siendo referencia en la discusión pública y jurídica de México.
CUESTIONA LEYES SALINAS PLIEGO
Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego reflejan el creciente clima de confrontación que caracteriza el debate público en México. Al cuestionar la legitimidad de determinadas leyes y convocar a una actitud de ‘rebeldía’ frente a lo que considera decisiones equivocadas del gobierno, el empresario se coloca nuevamente como una de las voces más críticas del proyecto político encabezado por la Cuarta Transformación. Sus palabras encuentran eco entre sectores que consideran necesario un contrapeso más firme frente al poder político, pero también generan preocupación entre quienes advierten que el desacuerdo con las instituciones no debe traducirse en un rechazo al Estado de derecho. En una democracia, la crítica, la inconformidad y la oposición son elementos legítimos y necesarios; sin embargo, también lo es el respeto a los mecanismos institucionales que permiten modificar leyes, impugnarlas o debatirlas. El reto para México consiste en evitar que las diferencias políticas profundicen aún más la polarización social. Los discursos de confrontación suelen fortalecer a las bases propias, pero difícilmente contribuyen a construir consensos. En un momento donde el país enfrenta desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico y gobernabilidad, la discusión pública requiere firmeza en las convicciones, pero también responsabilidad para evitar que el debate se transforme en una descalificación permanente entre quienes piensan distinto.