Las declaraciones del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, abrió de nuevo la de por sí incurable herida que lastimó al país entero por la muerte de 49 niños en el incendio de3 la guardería ABC.
Tuvieron que pasar 12 años, ocho meses y 18 días, para que el magistrado de la Corte aceptará que la impunidad y la presión del entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, para que no presentara el dictamen 1/ 2009, con él se implicaba como presuntos responsables a los dueños de la guardería y funcionarios sonorenses, de la administración estatal de José Eduardo Robinson Bours Castelo.
Sí. Para nadie es un secreto que aquel acoso de Estado tenía su origen en que uno de los propietarios de la estancia infantil siniestrada, era y es la prima de la otrora primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.
La esposa de Calderón tiene lazos consanguíneos primarios con Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, por incurrir, supuestamente, en actos y omisiones que derivaron en la mayor tragedia infantil en la historia de Sonora.
Lo que no está claro es el porqué del magistrado presidente decidió revelar este secreto después de tantos años y sin un motivo aparente. Algunos pensarían que las palabras de Zaldívar tuvieron lugar para distraer la atención pública luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera en llanto durante La Mañanera del 15 de febrero por las acusaciones en contra del mayor de sus hijos, José Ramón, y su esposa, Carolyn Adams, quienes habrían habitado una residencia en Houston, Estados Unidos, de la que era dueño un alto directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos y lo que supondría un grave conflicto de interés.
Lo cierto es que Zaldívar soltó esa mayúscula revelación cuando el jurista presentó su libro: “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial”.
Según palabras del entonces magistrado entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para presionarlo y que cambiara el proyecto de sentencia, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala.
“El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos (él y Gómez Mont): ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Y le dije: ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”, relató en vídeo a internautas de diferentes plataformas el 23 de febrero anterior.
Y sentenció: “Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.
El dictamen fue presentado, votado y discutido ante el pleno del Máximo Tribunal Mexicano los días 14, 15 y 16 de junio de 2010.
Aquellos días -enfatizó Zaldívar- se vio en la urgente necesidad de crear dos copias de aquel documento, la que portaría y presentara él mismo y la otra en poder de su asistente personal y secretaria, que habría de dar a conocer si le pasara algo al magistrado.
Ahora mismo no se conocen las consecuencias legales sobre estas fuertes declaraciones, no obstante, Margarita Zavala ya recorrió varios medios de comunicación nacionales y sonorenses para desmentir a Zavala.
“Se trata, primer lugar, un abuso por parte del presidente de la Corte que desde el Poder, desde la presidencia de la Corte, se lance de esa manera contra mí, miente, miente creo que en todos sus dichos, miente al considerar eso de que hubo una operación para encubrir, a nadie, ni un familiar, sino al contrario hubo denuncias, hubo órdenes de aprehensión incluyendo la de una pariente mía en sexto grado, y miente también cuando dice que él era el único que recibía a los papás, no es cierto, desde el día siguiente de la tragedia se fue a visitar, hubo varias visitas y hubo varias reuniones, yo personalmente estuve en las de Hermosillo, en la Ciudad de México, también se atendieron, trabajé directamente con los directores del hospital y la organización Shriners y de la Fundación Michou y Mau y se hizo hasta donde yo pude”, defendió la ahora diputada federal panista, Margarita Zavala.
Es de mencionar que casi al inicio del sexenio obradorista se reactivó el caso ABC, bajo una nueva línea de investigación, el dictamen 1/2009 redactado por Arturo Zaldívar Lelo de Zaldívar.
Aquí les comparto un extracto del extenso informe, cuando los magistrados de la Corte tenían la facultad de investigar y tras este dictamen se les negó esta posibilidad.
El 20 de agosto de 2019 se aprovechó la notificación para ratificar la querella iniciada por el exdirector del IMSS, Germán Martínez Cázares y el actual titular del Seguro Social, Zoé Robledo, solicitó por escrito que la FGR retomara la ponencia 1/2009 del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que la investigación se extendiera a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como a los propietarios de la guardería implicados en el incendio del 5 de junio de 2009.
En esa lista se encuentran: Daniel Káram Toumeh, director del IMSS de 2009 a la fecha en que se discutió la ponencia; Juan Molina Horcasitas, el finado titular del IMSS, y Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009).
También están Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías (2007-2009); Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en Sonora (2006-2009), y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).
Los funcionarios estatales señalados son: Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora de 2003 a 2009; Wilebaldo Alatriste Candiani, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009); Ernesto Vargas Gaytán, secretario de Hacienda (2007-2009); Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009), y Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la fecha).
En tanto, los servidores públicos del ayuntamiento de Hermosillo involucrados son: Ernesto Gándara Camou, presidente municipal de 2006 a 2009; Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009), y Roberto Copado Gutiérrez, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).
La omisión criminal sigue impune por eso el espíritu de lucha se mantiene: Ni perdón, ni olvido.