Por Lorenza Sigala
Hermosillo, Sonora.— En un acto que ha sido calificado como intimidatorio y fuera de protocolo, la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora promovió a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) la notificación de maestras en huelga de hambre por presuntos delitos de desobediencia y resistencia, mediante un operativo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) alrededor de las 10 de la noche, en el propio campamento de protesta.
La acción ha generado cuestionamientos no solo por el horario y la forma, sino por el contexto: el Congreso estatal ha sido previamente señalado por un juez por incumplir una resolución federal, lo que, según las manifestantes y su defensa, evidencia una actuación contradictoria y arbitraria.
Guadalupe Lizeth Villalobos, vocera del movimiento, denunció que las notificaciones se realizaron de manera simultánea, en un lugar que no corresponde a un domicilio legal, y con aparentes inconsistencias en los documentos.
“Aquí quien está en desacato es el propio Congreso del Estado. Hay muchas irregularidades; nos están notificando a la misma hora y en un lugar que no corresponde como domicilio legal”, afirmó.
Las maestras sostienen que el citatorio, que las convoca a comparecer el próximo 9 de junio, coincide con la marcha que ellas mismas organizaron, lo que refuerza —dicen— la intención de presionarlas para desistir de su protesta.
El abogado Jorge García Ramírez, quien a pesar de su debilidad al llevar mas de 15 días en huelga de hambre asumió la defensa en el lugar, advirtió que la actuación de las autoridades podría ser ilegal, al no respetar los tiempos ni las condiciones establecidas para este tipo de diligencias.
“Quieren invertir la ecuación de la justicia. Quien ha desacatado una resolución judicial federal es el propio Congreso, y ahora pretenden imputar a las maestras”, sostuvo.
Además, señaló que ninguna autoridad debe realizar notificaciones en horarios nocturnos ni en espacios que no estén designados formalmente para ese fin, lo que, a su juicio, refuerza la percepción de un uso indebido de las instituciones.
Las docentes, que mantienen un campamento denominado “de la dignidad”, reiteraron que no abandonarán la causa y acusaron a la mesa directiva del Congreso de optar por la presión y el hostigamiento en lugar del diálogo para resolver un conflicto que —afirman— involucra derechos de la niñez en el estado.
Pese a la notificación, confirmaron que la movilización del 9 de junio a las 18:00 horas se mantiene en pie.