Pablo Beltrán
Silenciados
Y vaya que sigue la mata dando con el tema de los periodistas ejecutados, sin que esto parezca tener fin, pues con el ultimado en Oaxaca a mitad de semana, de nombre Francisco Alejandro Leyva Aguilar, se sigue engrosando la lista.
Desde inicios de sexenio según fuentes especializadas, han sido ejecutados Mauricio Cruz Solís en Michoacán, Cayetano de Jesús Guerrero en el Estado de México, Kristian Uriel Martínez Zavala en Guanajuato, Raúl Irán Villarreal Belmont también en Guanajuato, José Carlos González Herrera en Guerrero, Ángel Sevilla en Sonora, Ronald Paz Pedro en Guerrero, Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango.
Y sigue la lista con Carlos Leonardo Ramírez Castro de Veracruz, Roxana Berenice Guzmán Ramírez también en Veracruz, Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero y Josué Martínez Contreras en Puebla.
Esto da un promedio de uno cada dos meses, lo que ha dado pie a que la organización Artículo 19, en su informe más reciente de este año intitulado ‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’, califique a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, en donde desde el año 2000 ya suman 178 miembros de la prensa ultimados, en donde se incluyen los sexenios de Zedillo en su último año (3), Fox (22), Calderón (48), Peña Nieto (47) y AMLO (47).
Las fechas de 4 de enero con el ‘Día del Periodista’, el 3 de mayo ‘Día Mundial de la Libertad de Prensa’, el 7 de junio ‘Día de la Libertad de Expresión’ y el 8 de septiembre con el ‘Día Internacional del Periodista’, se ven muy bonitas, pero en la realidad no hay nada que festejar, mientras que no se busquen las garantías mínimas para ejercer la actividad y preservar la integridad física.
La organización referida con sede en Londres, pero con presencia en México y dirigida aquí por Leopoldo Maldonado, habla de que, con independencia de la violencia, existen en nuestro país estructuras de silencio, confeccionadas a través de la censura, entendida esta como ‘los mecanismos legales y extralegales para impedir que cierta información se publique’.
Se refiere también a la opacidad, como la ‘falta de transparencia gubernamental que dificulta el trabajo periodístico de investigación’, sin dejar de lado la vigilancia, lo que describe como ‘el monitoreo y espionaje de periodistas y personas defensoras de derechos humanos’.
Pero por si lo anterior fuera poco, en su discurso se incluye al uso del acoso judicial -o sancionador- como herramienta de censura; como botón de muestra tenemos que solo en el año 2025 se ventilaron 17 asuntos penales, 13 en la materia civil, 8 en la materia administrativa y 29 en la vía electoral.
Bastante interesante saber que casi la mitad de estos procedimientos fueron promovidos por funcionarios públicos. Pero bueno, lo importante es qué sigue.
Sin duda debe abrirse un debate ante la opinión pública, sobre qué tanto es el interés de la sociedad por mantenerse informada o bien, qué porcentaje prefiere quedarse con las versiones oficialistas en cada orden de gobierno.
Evidentemente, existen periodistas -al igual que políticos- que pudieran ser cuestionados, pero debe evaluarse de igual manera si la actividad es indispensable para la gente, o hay una tendencia a encapsularse en un solo punto de vista para no ‘caer en fatiga’.
El periodismo es un contrapeso de facto al poder público y si las instituciones actuales han relajado esa función -sobre todos los otros dos poderes diversos al ejecutivo-, así como organismos ‘autónomos’ como la Comisión Nacional de Derechos Humanos -recordando que el INAI (transparencia) fue extinguido-, pues no queda más que cuidar y fomentar la voz ciudadana, que encarnada bajo la pluma, el micrófono, el video u otros instrumentos tecnológicos, haga ver a la comunidad que es lo que está sucediendo, procurando dar la mejor información, análisis y lo que resulte. Se trate de profesionales de medios tradicionales o de freelancers de medios diversos.
Es más que claro que los mecanismos de protección han fracasado y es urgente que el legislador le entre al tema, no solo para perfeccionar los mismos, sino también para que se dote de buen presupuesto, ya que sin eso las ‘buenas intenciones’ solo son letra muerta.
Por el bien de México, defendamos los derechos consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución… y así salvemos la manifestación de las ideas y la libertad de expresión.
Y como decía Voltaire: ‘podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo’…
VINCULADO A PROCESO. Y ya en la recta final de la semana con la novedad de que Ernesto Ruffo Appel ha sido vinculado a proceso, por los delitos de contrabando y en materia de hidrocarburos, quedando bajo prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, resguardando constitucionalmente la presunción de inocencia. El caso de Ruffo ha cobrado gran efervescencia, ya que la buena fama y prestigio han sido su carta de presentación, tan es así que muchos personajes, incluso del oficialismo, han opinado a su favor. Ya veremos entre la rentabilidad o el costo político para el sistema, en el corto, mediano y largo plazo, pues se dice que la acusación está agarrada de alfileres.
Lo irónico del asunto es que mientras Ruffo se queda en prisión a enfrentar su proceso en el penal más hostil del país, por otro lado, con la también novedad de que Murillo Karam, el exprocurador peñanietista de la ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa, seguirá su proceso en libertad, después de haber remontado primero la prisión preventiva y luego la domiciliaria.
Eso sin dejar de lado que algunos del statu quo no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa, pues ‘así es el negocio del abarrote’ en este país.
Vaya paralelismos…
