La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el exgobernador de Guerrero, Ángel N., presuntamente ordenó ocultar las videograbaciones captadas la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una conclusión a la que llegó tras un reanálisis del expediente y nuevos testimonios incorporados durante 2026.
En un videomensaje, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió acreditar la posible participación del exmandatario en la destrucción de evidencia relacionada con los hechos del 26 de septiembre de 2014, particularmente las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
El trabajo de análisis acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
La fiscal explicó que las cámaras 12 y 15 registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes, fue detenido por policías municipales y estatales.
Aunque durante años se sostuvo que esas grabaciones no existían debido a fallas técnicas, la FGR afirmó que esa versión fue desmentida.
Según Godoy, un colaborador declaró en enero de 2026 que los videos sí existían y que fueron retirados para ser entregados directamente al entonces gobernador, además de asegurar que guardó silencio por amenazas.
A ello se sumó, dijo, el testimonio de un segundo testigo protegido, obtenido en mayo de 2026, quien señaló que Aguirre encabezó una reunión con altos funcionarios de su administración en la que presuntamente ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Con base en esos testimonios y otros elementos de prueba, la FGR concluyó que el ocultamiento de las grabaciones “fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.
La fiscal agregó que estos hallazgos derivaron en la solicitud y ejecución de una orden de aprehensión contra Ángel N. por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, diligencia realizada este miércoles en el Estado de México.