Martín Alberto Mendoza
EN CIUDAD OBREGÓN, HASTA ACUDIR A PEDIR JUSTICIA SE VUELVE UN PROBLEMA; QUIEN LLEGA AL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA YA LLEVA UN DILEMA ENCIMA; PODRÍA TRATARSE DE UNA DENUNCIA, UN CONFLICTO FAMILIAR O UN ASUNTO PENAL Y ACUDE EN BUSCA DE ORIENTACIÓN; IGUALMENTE ASISTE EN LA BÚSQUEDA DE UNA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD; Y PRECISAMENTE POR ESO RESULTA DIFÍCIL ENTENDER QUE DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL ALGUNOS CIUDADANOS SE ENCUENTREN CON APATÍA, MALAS CARAS Y, SEGÚN DIVERSAS EXPERIENCIAS QUE SE COMENTAN ENTRE USUARIOS, HASTA UN TRATO HOSTIL POR PARTE DEL PERSONAL DE LA AMIC ENCARGADO DE RECIBIR O CANALIZAR A QUIENES ACUDEN; UNO SE PREGUNTA: ¿POR QUÉ TRATAR ASÍ A UNA PERSONA QUE PRECISAMENTE LLEGA PORQUE YA TIENE UNA DIFICULTAD?; NADIE ACUDE POR GUSTO A UNA FISCALÍA; QUIEN CRUZA ESAS PUERTAS NORMALMENTE LO HACE PORQUE NECESITA AYUDA, PORQUE SUFRIÓ UN DELITO; PORQUE BUSCA INFORMACIÓN O PORQUE ENFRENTA UNA SITUACIÓN LEGAL QUE YA DE POR SÍ GENERA PREOCUPACIÓN; POR ESO EL PRIMER CONTACTO IMPORTA; NO SE PIDE QUE RECIBAN A LA GENTE CON ALFOMBRA ROJA; SE PIDE ALGO MUCHO MÁS SENCILLO: RESPETO, ORIENTACIÓN Y UN TRATO DIGNO; PORQUE CUANDO DESDE LA ENTRADA EL CIUDADANO PERCIBE INDIFERENCIA, MOLESTIA O UNA ACTITUD DE “A VER QUÉ QUIERES”; LO ÚNICO QUE SE CONSIGUE ES AUMENTAR LA DESCONFIANZA HACIA UNA INSTITUCIÓN QUE DEBERÍA HACER EXACTAMENTE LO CONTRARIO; DURANTE AÑOS SE HABLÓ DE CAMBIAR LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DE ACERCARLAS AL CIUDADANO, DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y RECUPERAR LA CONFIANZA SOCIAL; POR ESO DA PENA OBSERVAR QUE MUCHAS DE ESAS COSAS QUE POCO A POCO PARECÍAN AVANZAR COMIENCEN A DETERIORARSE; EN BÁCUM BRILLA EL DESGOBIERNO
EN CAJEME, hasta acudir a pedir justicia se vuelve un problema. Quien llega al Centro Integral de Procuración de Justicia, ubicado en Jalisco y Yaqui, muchas veces ya llega con un problema encima: una denuncia, una situación familiar, un asunto penal, una víctima que necesita orientación o simplemente una persona que busca respuesta de la autoridad. Y precisamente por eso resulta difícil entender que desde la entrada principal algunos ciudadanos se encuentren con apatía, malas caras y, según diversas experiencias que se comentan entre usuarios, hasta un trato hostil por parte del personal de la AMIC encargado de recibir o canalizar a quienes acuden. Uno se pregunta: ¿por qué tratar así a una persona que precisamente llega porque ya tiene un problema? Nadie acude por gusto a una Fiscalía. Quien cruza esas puertas normalmente lo hace porque necesita ayuda, porque sufrió un delito, porque busca información o porque enfrenta una situación legal que ya de por sí genera preocupación. Por eso el primer contacto importa. No se pide que reciban a la gente con alfombra roja. Se pide algo mucho más sencillo: respeto, orientación y un trato digno. Porque cuando desde la entrada el ciudadano percibe indiferencia, molestia o una actitud de “a ver qué quieres”, lo único que se consigue es aumentar la desconfianza hacia una institución que debería hacer exactamente lo contrario. Y súmele las condiciones que hoy se observan dentro del propio Centro Integral: falta de insumos, problemas para obtener copias, áreas deterioradas y hasta situaciones relacionadas con el aire acondicionado. Pequeñas cosas, dirán algunos, pero juntas terminan reflejando un problema mayor de organización y atención. Lo peor es cuando esa percepción comienza a transmitirse entre la misma sociedad. “Ahí no voy porque me tratan mal”, decía recientemente una vecina al referirse precisamente a estas oficinas. Y esa frase debería preocupar mucho más de lo que parece. Porque el día que una víctima decide no denunciar por miedo al mal trato, por desconfianza o simplemente porque considera que acudir a la Fiscalía será enfrentarse a otro problema, entonces algo está fallando seriamente…DURANTE años se habló de cambiar la imagen de las instituciones de procuración de justicia, de acercarlas al ciudadano, de mejorar la atención y recuperar la confianza social. Por eso da pena observar que muchas de esas cosas que poco a poco parecían avanzar hoy comiencen nuevamente a deteriorarse. El Centro Integral de Procuración de Justicia de Cajeme, en Jalisco y Yaqui, debería ser una puerta abierta para quien necesita ayuda, no un lugar donde el ciudadano tenga que prepararse también para soportar malas caras, indiferencia o malos modos. La responsabilidad de corregir estas situaciones corresponde a quienes dirigen la institución, empezando por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a cargo de Gustavo Rómulo Salas Chávez. Hay que decir que durante el periodo en que estuvo al frente de la Delegación Regional de la FGJES, Roberto Tapia Valdez, la situación no era tan hostil como sucede en la actualidad. Y, es que él mismo funcionario se encargaba de atender a los ciudadanos con más empatía que el actual. Su cercanía con la población era más palpable. Es necesario precisar que no todo es investigación, operativos y detenciones. También es atención. También es sensibilidad y respeto. Y cuando esas cosas comienzan a perderse, mientras nadie dice nada, lo que termina destruyéndose poco a poco es la confianza de la sociedad en quienes precisamente tienen la obligación de brindarle justicia…MIENTRAS que en Bácum ya son demasiadas señales como para seguir fingiendo que no pasa nada. Ayer circuló en redes sociales la aparición de una corona fúnebre en el exterior de un domicilio relacionado con Fernando Ortiz, regidor suplente del municipio, acompañada de un mensaje que decía: “Fernando Ortiz, de parte de la empresa”. Será la Fiscalía la que tenga que investigar quién dejó ese arreglo, con qué intención y si detrás existe alguna conducta delictiva. Eso corresponde a la autoridad y habrá que esperar resultados. Pero una cosa es la investigación de la corona y otra muy distinta el ambiente que desde hace tiempo se percibe en Bácum. Porque mientras aparecen este tipo de episodios, siguen existiendo demasiadas dudas sobre lo que ocurre dentro de Seguridad Pública Municipal. ¿Quién manda realmente en la corporación? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién responde cuando las cosas salen mal? Porque por un lado existe un comandante con nombramiento, Iván Navarro, pero por otro continúa apareciendo con enorme influencia Óscar Verdugo Amparano, de quien desde hace tiempo se cuestiona cuál es exactamente su función y bajo qué facultades opera dentro de Seguridad Pública. Y mientras nadie aclara nada, el desorden sigue. El problema es que una corporación policiaca no puede funcionar entre rumores, dobles mandos, temores internos y falta de claridad. Mucho menos en un municipio donde la inseguridad exige precisamente autoridad, disciplina y una cadena de mando perfectamente definida. También resulta preocupante escuchar que incluso algunos elementos prefieren guardar silencio ante determinados hechos, accidentes o situaciones que deberían formar parte de su trabajo cotidiano. Si un policía siente temor para hablar, algo anda mal. Y si el ciudadano también siente miedo de preguntar, denunciar o señalar, entonces el problema es todavía mayor. El alcalde Juan de Dios Jocobi Cuevas debería poner atención a lo que está ocurriendo dentro de su propia corporación. No basta con mantener una estructura en el papel si en la práctica persiste la percepción de que otras personas tienen el verdadero control. Porque tarde o temprano alguien tendrá que explicar quién manda realmente en Seguridad Pública de Bácum. En algún momento incluso se habló de llevar esta situación ante instancias federales, específicamente ante el titular de la SSyPC, Omar García Harfuch y solicitar una revisión más profunda de lo que sucede en el municipio. Pero hasta ahora, poco o nada parece haber cambiado. Y mientras, Bácum continúa acumulando episodios que deberían encender las alertas. La corona debe investigarse, por supuesto. Pero también debería averiguarse y aclararse qué está pasando dentro de Seguridad Pública, quién ejerce realmente el mando y por qué existe tanta incertidumbre alrededor de una corporación que debería brindar precisamente lo contrario: seguridad y confianza…EN EL TEMA de las motocicletas utilizadas por menores de edad hay que insistir en que más que multas, hace falta orientar a los jóvenes y comprometer a los padres en cuanto al manejo de estas unidades. La preocupación por los adolescentes que circulan en motocicleta sin casco, sin licencia o infringiendo las disposiciones de tránsito no debe quedarse solamente en una llamada de atención o en la aplicación de una multa. Desde este espacio hacemos una respetuosa propuesta al comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, Luis Rey Chávez Chávez: impulsar, en coordinación con Seguridad Pública, un programa preventivo dirigido a los jóvenes infractores y a sus padres. Cuando un menor de edad sea detectado conduciendo sin casco, sin licencia o poniendo en riesgo su vida y la de otras personas, además de las consecuencias administrativas correspondientes, podría canalizarse obligatoriamente junto con sus padres a talleres de responsabilidad vial, prevención de accidentes y consecuencias legales…NO SE TRATA únicamente de recaudar ni de castigar. La intención debe ser que el adolescente comprenda por qué su conducta es peligrosa y que los padres asuman la responsabilidad de permitirle utilizar una motocicleta sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad. Una estrategia semejante, respetando siempre los derechos de los adolescentes, también podría aplicarse en casos de grafiti ilegal, daños a espacios públicos y otras conductas que ameriten una intervención preventiva. No para criminalizar a los jóvenes, sino para orientarlos antes de que una mala decisión termine en una tragedia o en un problema mayor. Decirles “no lo vuelvas a hacer” está bien, pero explicarles las consecuencias, involucrar a sus padres y darles seguimiento sería mucho mejor y que sientan la realidad de una consecuencia. Ya es momento de marcar un antes y un después: pasar de la simple infracción a una verdadera estrategia de prevención, responsabilidad familiar y reconstrucción social…Luego seguimos, Dios mediante.
