México no está en una situación de “bancarrota hídrica”, pero enfrenta señales preocupantes de sobrexplotación de sus reservas, con un 44 por ciento de sus acuíferos en disponibilidad media o negativa y regiones como el Valle de México extrayendo casi el doble del agua que recuperan naturalmente.
Así lo advirtió a EFE, Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco, quien participó en la Semana Mundial del Agua celebrada recientemente en Estocolmo.
“La bancarrota hídrica no es un concepto que podamos hacer operativo”, explicó Arriaga sobre el término impulsado por Naciones Unidas para advertir de sociedades que viven persistentemente por encima de sus límites hidrológicos y deterioran el capital natural que sostiene su suministro.
De los 653 acuíferos registrados en el país, explicó, el 44 por ciento presenta una disponibilidad media o negativa, lo que implica que en numerosos casos se extrae más agua de la que puede recargarse naturalmente.
Uno de los focos más preocupantes es el Valle de México, donde “estamos extrayendo prácticamente el doble de lo que se recarga de manera natural”, una situación que, según Arriaga, pone en riesgo la sostenibilidad de la región a largo plazo.
El problema se agrava por el desequilibrio territorial: el centro y norte concentran la mayor parte de la población y la actividad económica, pero disponen de menos agua, mientras el sur y sureste tienen mayor disponibilidad y menor concentración poblacional y productiva.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, coincidió en que el principal desafío mexicano reside en la gestión.
“Sí hay agua”, afirmó el experto, quien señaló como áreas prioritarias la modernización del campo, que concentra el 76 por ciento del consumo, y la reducción de las pérdidas en las redes urbanas.
Arriaga consideró que todavía existe margen para revertir el deterioro, pero advirtió que las consecuencias recaerán especialmente sobre las poblaciones con menos recursos, que ya destinan una mayor proporción de sus ingresos a suplir servicios discontinuos.
