Durante los dos primeros años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a procesos penales por delitos relacionados con actos de corrupción, informó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
La funcionaria presentó este martes un informe sobre las acciones de la dependencia durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Palacio Nacional.
Buenrostro señaló que, como parte de las acciones de prevención, el Gobierno federal ha logrado proteger alrededor de 84 mil millones de pesos.
En materia de sanciones administrativas, detalló que durante estos dos años han sido sancionados 4 mil 193 servidores públicos. De ellos, 3 mil 528 fueron sancionados por faltas no graves y 665 por faltas graves.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la autorización u otorgamiento de pagos indebidos, la sustracción de información bajo resguardo, la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos, así como casos de hostigamiento y acoso sexual.
La secretaria informó además que mil 737 servidores públicos han sido enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De estos casos, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 continúan en proceso.
Sanciones a empresas y particulares
En cuanto a las sanciones contra particulares, Buenrostro informó que 286 personas morales han sido sancionadas. De ellas, 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente una multa.
Las multas impuestas a estas empresas han representado ingresos por 147.3 millones de pesos.
Entre las principales irregularidades cometidas por particulares se encuentran la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de contratos por no entregar bienes o servicios en tiempo y forma, la simulación de experiencia técnica o capacidad económica y el ocultamiento de conflictos de interés.
Además, se han impuesto 118.5 millones de pesos en multas por infracciones cometidas por particulares que tienen bajo su posesión datos personales. En este rubro se han sancionado 51 personas.
Buenrostro explicó que algunas faltas administrativas también pueden constituir delitos, por lo que, además de los procedimientos administrativos, los casos son enviados a la Fiscalía General de la República (FGR).
En este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos y 53 de ellos han sido vinculados a proceso.
Entre los delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.