El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, luego de que se detectaran anomalías relacionadas con el operativo en el que fueron asegurados más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
Durante la conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre, realizada en Tabasco, García Harfuch explicó que la separación del funcionario ocurrió después de que el equipo de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, encontrara irregularidades en la manera en que se desarrolló y posteriormente se informó sobre el operativo.
Entre las anomalías señaladas se encuentra que las acciones se habían realizado aproximadamente dos semanas antes de que fueran dadas a conocer públicamente, sin que previamente se hubiera verificado por completo la documentación relacionada con el combustible.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que actualmente la FGR revisa, desde el primer aseguramiento, los documentos entregados por las empresas involucradas para establecer si existe alguna irregularidad.
La investigación está relacionada con más de 59 millones de litros de hidrocarburos localizados en Guanajuato. De acuerdo con la información difundida inicialmente por la FGR, se contabilizaron 33 millones 504 mil 067 litros de gasolina regular, siete millones 266 mil 813 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989 litros de diésel.
Las diligencias derivaron de una investigación iniciada en julio, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.
Posteriormente se realizaron cateos en distintos inmuebles, incluido un centro de almacenamiento ubicado en San José Iturbide, donde fueron localizados millones de litros de combustible, vehículos, contenedores y documentación.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han establecido que la totalidad del combustible asegurado tenga procedencia ilegal. La investigación continúa para determinar su propiedad, origen y trazabilidad, así como para revisar los permisos y documentos presentados por las empresas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las delegaciones estatales de la FGR tienen autonomía para desarrollar investigaciones y solicitar ante jueces federales órdenes de cateo o aprehensión. Señaló que, tras surgir cuestionamientos sobre el caso y conocerse la postura de una de las empresas involucradas, la Fiscalía decidió atraer la investigación para revisar las actuaciones realizadas.
García Harfuch precisó que la revisión de la FGR permitirá determinar si existen anomalías en la documentación y esclarecer las circunstancias en las que se realizó y difundió el aseguramiento.