El Congreso de Veracruz aprobó eliminar la declaración de procedencia para alcaldes, síndicos e integrantes de concejos municipales, con lo que podrán ser investigados y, en su caso, procesados penalmente sin requerir previamente la autorización del Poder Legislativo.
La reforma al artículo 78 de la Constitución Política del Estado fue aprobada con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención. La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el pasado 17 de septiembre.
Con la modificación, las autoridades municipales quedan fuera del listado de servidores públicos que requieren una declaración de procedencia aprobada por dos terceras partes del Congreso para que pueda procederse penalmente en su contra durante el ejercicio de su cargo.
El dictamen señala que la eliminación de este requisito permitirá a las autoridades competentes actuar sin esperar una determinación previa del Congreso. Aclara, además, que la medida no implica una determinación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios ni su separación automática del cargo.
Los alcaldes, síndicos e integrantes de concejos municipales conservarán la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso durante cualquier investigación o procedimiento penal.
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron que la reforma mantenga la declaración de procedencia para otros cargos, entre ellos la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y los diputados locales. La gobernadora Rocío Nahle también ha rechazado que la iniciativa esté dirigida contra algún partido y ha sostenido que la medida aplicaría a autoridades municipales de cualquier fuerza política.
La reforma mantiene la declaración de procedencia para diversos servidores públicos contemplados en el artículo 78, entre ellos la gobernadora, diputados locales, secretarios de despacho, la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Poder Judicial y autoridades electorales.
El cambio constitucional todavía no entra plenamente en vigor. Al tratarse de una reforma a la Constitución estatal, deberá ser avalado por la mayoría de los 212 ayuntamientos de Veracruz. Una vez aprobado por los cabildos y publicado en la Gaceta Oficial, entrará en vigor al día siguiente.