Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 expresaron preocupación ante la posibilidad de que las autoridades federales dejen de profundizar en una de las líneas de investigación relacionada con la actuación de elementos del Ejército durante los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Tras conocer el informe presentado por el gobierno federal sobre los avances del caso, las familias señalaron que uno de sus principales pendientes continúa siendo la entrega de más de 800 folios que, de acuerdo con ellas y sus representantes legales, estarían en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y podrían contener información relevante para esclarecer lo sucedido.
Isidoro Vicario, abogado de las familias, sostuvo que el tema ya no aparece como una prioridad dentro de las nuevas líneas de investigación expuestas por las autoridades. Según el representante legal, esta situación genera inquietud entre los familiares, quienes han insistido durante años en que se agoten todas las indagatorias relacionadas con la actuación de militares.
La posición de las autoridades federales es distinta. Durante la presentación de los avances del caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya entregó toda la información que le fue requerida y que, tras una revisión de sus archivos, la institución aseguró no haber localizado documentación adicional.
Medina también informó que existen 17 militares detenidos y sujetos a proceso, de un total de 20 señalados dentro de las investigaciones. El funcionario puntualizó que las imputaciones son individuales y corresponden a distintas conductas atribuidas a cada uno de los involucrados.
Las familias, sin embargo, mantienen su exigencia de que se profundicen las líneas planteadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos trabajos abordaron, entre otros aspectos, la posible participación y conocimiento de autoridades de distintos niveles durante los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Otro de los puntos planteados por los padres es la posibilidad de contar nuevamente con especialistas internacionales que acompañen las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que el GIEI ya no existe como mecanismo en los términos en que operó anteriormente y explicó que se ha solicitado apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para valorar la participación de otros expertos.
Las diferencias sobre la documentación militar se presentan mientras la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación impulsan nuevas líneas de investigación. Entre ellas se encuentran un nuevo análisis de registros telefónicos, la revisión de equipos celulares de los normalistas, la verificación de expedientes y las indagatorias relacionadas con videograbaciones de seguridad que habrían registrado acontecimientos de aquella noche.
A 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sus familiares mantienen como principal exigencia conocer el paradero de los jóvenes y determinar las responsabilidades por los hechos.
Por su parte, Sheinbaum afirmó esta semana que la investigación no se dará por concluida hasta conocer la verdad, alcanzar justicia y localizar a los normalistas desaparecidos.