Manifestantes, presuntamente extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decapitaron la estatua del expresidente de México, Felipe Calderón, la cual desde hace meses se encuentra tirada en el Complejo Cultural Los Pinos, en el poniente de la Ciudad de México.
Los integrantes habían protestado durante la mañana a las afueras de un hotel en Paseo de la Reforma contra el ex mandatario. Le reclamaron su decisión de decretar la extinción de LyFC, la cual dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores.
Tras concluir su recorrido, decidieron marchar hacia Los Pinos, en donde ingresaron y caminaron sobre la Calzada de los Presidentes.
A través de un video difundido en redes sociales, se logra observar a un grupo de manifestantes golpeando la estatua con la placa que tiene el nombre del expresidente, hasta que logran desprender la cabeza.
Esto, mientras Calderón participaba en el Foro América Libre, el cual reúne a organizaciones, dirigentes y exfuncionarios identificados con la derecha latinoamericana, y que se realizó este miércoles 30 de septiembre en la capital del país, donde habló sobre el actual gobierno.
Durante el evento, el mexicano centró su discurso en lo que considera riesgos para la democracia, el Estado de derecho y la seguridad en México.
El exmandatario sostuvo que Morena llegó al poder por medios democráticos, con votos y también por errores de la oposición.
Sin embargo, acusó al partido gobernante de haber “dinamitado” el “puente democrático” después de cruzarlo, con el fin de impedir que otras fuerzas políticas recuperen el poder mediante la competencia electoral.
Calderón cuestionó el manejo de programas sociales y recursos públicos. Retomó señalamientos atribuidos a Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, sobre presuntos excedentes presupuestales que, según su exposición, habrían quedado disponibles para fines electorales.
Así mismo, afirmó que esa política habría afectado gastos esenciales y elevado el déficit público durante el año electoral.
En otra parte de su participación, Calderón advierte que el principal problema del país no sería únicamente el tráfico de drogas, sino una posible “captura del Estado” por parte del crimen organizado. En ese contexto, menciona una acusación de un gran jurado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.