Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas a migrantes que permanecen en Estados Unidos después de recibir una orden de deportación o de salida del país.
El juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, determinó suspender la aplicación de las políticas relacionadas con estas sanciones mientras continúa el litigio presentado contra el Gobierno estadounidense.
Las multas contemplaban sanciones de hasta 998 dólares por cada día que una persona permaneciera en territorio estadounidense después de incumplir determinadas órdenes migratorias. En algunos casos, las cantidades fueron calculadas retroactivamente hasta por cinco años, lo que llevó a que algunas sanciones alcanzaran alrededor de 1.8 millones de dólares.
O’Toole consideró que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que el procedimiento utilizado para aplicar las multas fue ilegal. También señaló que exigir el pago mientras el caso continúa podría provocar graves consecuencias económicas para las personas afectadas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había informado que, hasta julio, se habían emitido más de 103 mil multas por un monto acumulado cercano a los 84 mil millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La demanda fue presentada en 2025 por dos migrantes que recibieron sanciones por cientos de miles de dólares y hasta 1.8 millones, respectivamente. De acuerdo con las organizaciones que las representan, ambas permanecieron en Estados Unidos mientras buscaban obtener algún tipo de alivio migratorio por las vías legales disponibles.
El litigio también cuestionó el procedimiento implementado en julio de 2025 por el DHS y el Departamento de Justicia para agilizar la imposición de las sanciones. Entre las modificaciones estuvo la eliminación de un periodo previo de notificación y la reducción de las oportunidades para impugnar las multas.
El juez concluyó que el Gobierno no siguió adecuadamente el proceso administrativo requerido para realizar esos cambios, entre ellos permitir un periodo para recibir comentarios públicos antes de ponerlos en marcha.
Asimismo, cuestionó el uso de formularios estandarizados para imponer las sanciones sin explicar de manera específica por qué la conducta de cada persona justificaba la aplicación de una multa.
Las multas civiles tienen fundamento en una legislación migratoria aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, aunque su aplicación comenzó durante el primer mandato de Trump y fue retomada por su Administración después de regresar a la Presidencia en 2025.
Con la decisión judicial, el Gobierno estadounidense queda impedido por ahora de aplicar las multas afectadas por la resolución mientras continúa el proceso legal que determinará de manera definitiva la validez de las políticas utilizadas para imponerlas.