La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las reformas legales aprobadas en 2023 que permiten asignar directamente a entidades paraestatales la operación, administración y construcción de aeropuertos, así como la prestación del servicio regular de transporte aéreo nacional.
Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el que declaró infundada la impugnación promovida por una minoría de legisladores de oposición y validó las modificaciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil.
Las reformas fueron aprobadas el 28 de abril de 2023 como parte de un paquete legislativo que la oposición calificó como “viernes negro”.
¿Qué permite la reforma?
Los cambios legales facultan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para asignar directamente a entidades paraestatales la operación, administración y construcción de aeropuertos, además de la prestación del servicio regular de transporte aéreo nacional, sin necesidad de realizar una licitación pública.
Este esquema ha permitido la participación de entidades vinculadas con las Fuerzas Armadas en actividades aeroportuarias y de transporte aéreo.
Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que la figura de la asignación aeroportuaria tiene sustento en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, debido a que el Estado, como rector del espacio aéreo y de las vías de comunicación, puede establecer las condiciones para su uso, aprovechamiento y explotación.
“La figura de la asignación aeroportuaria tiene su sustento en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”, señaló la ministra.
Corte distingue entre empresas del Estado y particulares
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, argumentó que no existe un “punto de comparación” entre las concesiones otorgadas a empresas del Estado y aquellas dirigidas a particulares.
Explicó que, mientras las empresas privadas persiguen fines de lucro, las empresas del Estado atienden al interés público, por lo que la participación de unas y otras puede estar sujeta a parámetros y regulaciones diferentes.
Con la resolución, la Suprema Corte validó el esquema establecido en las reformas de 2023, que permite al Estado asignar directamente a entidades paraestatales actividades relacionadas con la administración, operación y construcción de aeropuertos, así como con la prestación del servicio regular de transporte aéreo nacional.