La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno de México investigar las denuncias sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías de Jalisco durante una manifestación por la presencia de agua contaminada en Guadalajara.
Gina Romero, relatora especial de la ONU, calificó de “preocupantes” los señalamientos sobre el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión contra los manifestantes, así como las presuntas detenciones arbitrarias.
A través de una publicación en X, Romero señaló que las autoridades deben investigar de manera pronta e independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y posibles violaciones a los derechos humanos. También pidió evitar discursos que estigmaticen a quienes ejercen sus libertades fundamentales.
La protesta se realizó el domingo 11 de octubre, cuando miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para denunciar la llegada de agua contaminada a sus hogares. Aunque la movilización comenzó de forma pacífica, terminó con detenciones y decenas de personas heridas.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que un grupo de choque integrado por al menos 400 personas provocó disturbios e incitó a la violencia cerca de Casa Jalisco. Sin embargo, también reconoció “graves errores y deficiencias” en el operativo policial y aseguró que estos deberán investigarse y sancionarse. Añadió que los agentes que actuaron con violencia ya fueron identificados.
Lemus sostuvo que los manifestantes no debieron ser expuestos al uso de agua ni de gases durante el operativo.
Tras los hechos, 39 personas fueron detenidas; 32 quedaron en libertad en los días posteriores, mientras que siete hombres fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, señalados por presuntas lesiones dolosas contra policías y por desobediencia o resistencia de particulares.
Colectivos, abogados y familiares de los detenidos sostienen que los siete hombres no cometieron los delitos que se les atribuyen y denuncian que sus arrestos fueron violentos. Como respaldo, han presentado videos de los hechos.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que participa en la defensa legal de algunos detenidos, pidió a la Fiscalía de Jalisco respetar el debido proceso y garantizar el derecho a una defensa adecuada.