La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles 21 de octubre un informe sobre los resultados del combate al huachicol fiscal en México, en el que destacó las acciones emprendidas para detectar irregularidades en la importación, comercialización, transporte y venta de combustibles.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que durante 2025 se detectaron inconsistencias equivalentes a 8 mil 824 millones de litros de combustible, lo que representó una afectación fiscal superior a los 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Sheinbaum explicó que el huachicol fiscal constituye un problema que afecta directamente las finanzas públicas, debido a que permite introducir o comercializar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.
La presidenta señaló que los recursos que dejan de ingresar a la hacienda pública podrían destinarse a programas sociales, infraestructura y otros servicios necesarios para la población.
Ante esta situación, destacó que su administración ha intensificado las investigaciones y los mecanismos de supervisión para identificar a las empresas y personas involucradas en estas prácticas.
De acuerdo con los resultados presentados, las medidas de fiscalización y control permitieron incrementar en aproximadamente 48 mil 411 millones de pesos la recaudación relacionada con combustibles durante los primeros nueve meses de 2026.
La mandataria atribuyó este resultado a una mayor vigilancia de las importaciones, la revisión de operaciones comerciales y el fortalecimiento de los mecanismos para verificar el origen y destino de los hidrocarburos.
Durante la presentación, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que las autoridades realizaron un análisis de las facturas y registros de compra y venta de combustibles correspondientes a 2025.
Este ejercicio permitió identificar diferencias entre los volúmenes que las empresas reportaban adquirir y aquellos que declaraban comercializar, lo que evidenció posibles operaciones irregulares dentro de la cadena de suministro.
Según la funcionaria, el mayor desbalance se concentró en el sector de comercialización, que acumuló aproximadamente el 72% de las inconsistencias detectadas.
En este segmento se identificaron diferencias por 6 mil 352 millones de litros de combustible, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos.
Por su parte, las estaciones de servicio concentraron alrededor del 13% de las irregularidades, con un desbalance de mil 199 millones de litros y un impacto económico estimado en 8 mil 395 millones de pesos.
En el rubro de importaciones se detectaron inconsistencias por 645 millones de litros, mientras que otras irregularidades se localizaron en las actividades de distribución y entre distintos titulares de permisos.
La secretaria de Energía señaló que estas diferencias permiten identificar operaciones en las que se comercializa combustible sin que exista información suficiente para acreditar su origen.
No obstante, la detección de inconsistencias administrativas requiere investigaciones adicionales para determinar si existe una conducta delictiva y establecer las responsabilidades correspondientes.
Como parte de la estrategia, el Gobierno federal implementó un sistema de trazabilidad que permite dar seguimiento a los combustibles desde su ingreso al país hasta su comercialización en las estaciones de servicio.
La plataforma integra información de 16 instituciones federales, entre ellas dependencias fiscales, aduaneras, regulatorias y de seguridad.
Mediante el intercambio de datos, las autoridades pueden revisar permisos, importaciones, facturas, operaciones de transporte, almacenamiento y ventas para detectar diferencias entre los registros.
El sistema también incorpora herramientas de posicionamiento global y códigos de identificación que permiten supervisar el traslado de hidrocarburos en unidades de transporte.
Sheinbaum explicó que el objetivo es conocer con mayor precisión quién importa, comercializa, transporta, almacena, distribuye y vende los combustibles dentro del territorio nacional.
Asimismo, señaló que existe intercambio de información con autoridades estadounidenses para comparar los volúmenes de hidrocarburos que salen de Estados Unidos con los que ingresan a México.
Este mecanismo busca identificar posibles casos de contrabando y evitar que se utilicen declaraciones incorrectas para reducir o evadir el pago de impuestos.
Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, presentó los resultados de las acciones administrativas y operativas emprendidas contra el mercado ilegal de combustibles.
El funcionario informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el registro de 2 mil 224 empresas que comercializaban combustibles sin contar con los permisos correspondientes.
Además, se impusieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por incumplimientos relacionados con sus controles volumétricos, utilizados para registrar las cantidades de combustible que reciben, almacenan y venden.
También se dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por irregularidades vinculadas con el contrabando y se identificaron otras 175 compañías catalogadas como factureras.
Estas últimas son investigadas por presuntas operaciones relacionadas con la emisión o utilización de comprobantes fiscales que no corresponden a transacciones reales.
En materia regulatoria, la Comisión Nacional de Energía reportó la cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización, mientras que otros 307 permanecen sujetos a procedimientos de sanción o revocación.
Las autoridades también informaron que se mantiene el seguimiento de más de 61 mil unidades utilizadas para transportar combustibles, mediante sistemas tecnológicos de identificación y localización.
En el ámbito penal, el SAT presentó 152 denuncias relacionadas con contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.
La Procuraduría Fiscal de la Federación promovió otros 127 casos por presunta defraudación fiscal, mientras que la Comisión Nacional de Energía reportó denuncias por inconsistencias en los volúmenes de combustible despachados.
Por su parte, Petróleos Mexicanos presentó 10 mil 674 denuncias relacionadas con el robo de hidrocarburos, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas de México promovió 11 casos por presunto contrabando y declaraciones falsas en operaciones de importación.
Vidal Amaro destacó que las investigaciones y operativos realizados por las instituciones federales han permitido detener a 2 mil 539 personas relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, se reportó el aseguramiento de aproximadamente 173 millones de litros de combustible y 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y otros vehículos utilizados para movilizar hidrocarburos.
Las acciones han sido desarrolladas mediante la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y otras instituciones federales.
La presidenta señaló que el combate al huachicol fiscal no se limita al aseguramiento de combustible, debido a que las investigaciones también abarcan posibles redes de corrupción, operaciones de contrabando, evasión de impuestos y participación de servidores públicos.
Entre las conductas investigadas se encuentran la introducción irregular de hidrocarburos, la falsificación de documentos, las declaraciones incorrectas ante las autoridades fiscales y el traslado de combustible sin acreditar su procedencia legal.
Sheinbaum aseguró que las investigaciones deben alcanzar a todos los participantes de las operaciones ilícitas, independientemente de que se trate de particulares, empresarios o funcionarios públicos.
La mandataria también destacó que el fortalecimiento de los controles ha contribuido a mejorar las ventas de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, entre enero y septiembre de 2026 las ventas de Pemex registraron un incremento de aproximadamente 160 mil 589 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.
Las autoridades relacionaron este comportamiento con las medidas para reducir la comercialización irregular de combustibles y mejorar la supervisión del mercado.
Otro de los aspectos que analiza el Gobierno federal es la participación de las empresas comercializadoras, debido a que algunas realizan operaciones de compra y venta sin contar necesariamente con infraestructura propia para almacenar o transportar hidrocarburos.
Sheinbaum señaló que se estudian posibles modificaciones legales para limitar determinadas actividades de intermediación y establecer mecanismos que permitan supervisar con mayor claridad las operaciones.
La propuesta busca evitar que las cadenas de comercialización dificulten la identificación del origen de los combustibles o faciliten operaciones que no cumplen con las disposiciones fiscales y regulatorias.
Sin embargo, las autoridades todavía deberán definir el alcance de los cambios y los procedimientos que se aplicarían a las empresas participantes.
La presidenta reiteró que el combate al huachicol fiscal continuará como una prioridad de su administración, debido al impacto económico que representa para las finanzas públicas y a las posibles redes delictivas involucradas.
También sostuvo que el trabajo coordinado entre las instituciones permitirá fortalecer las investigaciones y reducir los espacios para el contrabando y la evasión fiscal.
Por ahora, el Gobierno federal mantiene las acciones de supervisión, cancelación de permisos, presentación de denuncias y aseguramiento de hidrocarburos, con el objetivo de mejorar el control del mercado de combustibles.
Sheinbaum aseguró que los avances registrados durante 2025 y 2026 forman parte de una estrategia para cerrar las posibilidades de operación a quienes participan en el comercio ilegal de hidrocarburos y garantizar que las actividades del sector se desarrollen conforme a la legislación mexicana.