El número de trabajadores inscritos en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se triplicó en poco más de una década, al pasar de aproximadamente 91 mil personas en 2013 a más de 275 mil al cierre de 2024.
La Modalidad 40, denominada formalmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que las personas que dejaron de trabajar con un patrón continúen realizando aportaciones por cuenta propia para conservar sus derechos pensionarios y acumular semanas de cotización.
Este esquema, vigente desde 1973, se encuentra bajo revisión del Gobierno federal ante la detección de presuntas irregularidades relacionadas con la simulación de relaciones laborales y el incremento artificial de los montos de las pensiones, situaciones que podrían representar una presión para las finanzas públicas.
El crecimiento de las inscripciones se aceleró en los últimos años. En 2020 se contabilizaban alrededor de 200 mil personas registradas, en un contexto marcado por el surgimiento de despachos y asesores que ofrecen gestionar pensiones elevadas a cambio de honorarios.
Entre los problemas detectados se encuentran prácticas de intermediarios que prometen pensiones superiores a los 60 mil pesos mensuales, aunque el monto depende del historial laboral, las semanas cotizadas y las aportaciones de cada trabajador.
Algunos gestores se acercan a los interesados en las inmediaciones de clínicas y subdelegaciones del IMSS, se presentan como asesores certificados y cobran por trámites de inscripción que pueden realizarse gratuitamente en las oficinas del instituto.
También se han identificado casos en los que presuntas empresas, cooperativas o despachos contables solicitan dinero para registrar a los trabajadores con patrones ficticios. Mediante estas prácticas, simulan relaciones laborales para incrementar el salario registrado o acumular semanas de cotización de manera irregular.
El IMSS ha advertido que estas acciones pueden constituir delitos, además de que algunos intermediarios solicitan datos personales, como el Número de Seguridad Social, la CURP y documentos de identificación, que podrían utilizarse para cometer otros fraudes o extorsiones.
Cuando el instituto comprueba que existió una relación laboral simulada, puede cancelar las semanas de cotización generadas mediante ese registro, invalidar aportaciones o rechazar la solicitud de pensión, lo que ocasionaría pérdidas económicas para los trabajadores afectados.
Para detectar estas irregularidades, el organismo utiliza modelos de riesgo, inspecciones y visitas domiciliarias que permiten verificar la existencia de las empresas y la autenticidad de las relaciones laborales.
En julio pasado, el Seguro Social informó sobre la baja de un registro patronal que agrupaba a 55 mil supuestos trabajadores. Además, durante 2025 supervisó cerca de 6 mil expedientes relacionados con la Modalidad 40, aunque no todos derivaron en cancelaciones.
Ante este panorama, el Gobierno federal ha señalado que revisará el funcionamiento del esquema para evitar abusos y garantizar que los recursos públicos se destinen al pago de pensiones que correspondan a los derechos laborales de los beneficiarios.