El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició investigaciones desde mayo de 2025 por presuntas irregularidades en la asignación de contratos, posibles conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.
El órgano fiscalizador informó que abrió 13 expedientes relacionados con estos señalamientos, en los que están involucrados al menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 empresas. Además, derivado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se iniciaron otras 24 investigaciones en materia de contrataciones.
Entre las posibles irregularidades detectadas se encuentran la simulación del cumplimiento de requisitos en procesos de contratación, abuso de funciones, deficiencias en la supervisión y recepción de bienes y servicios, así como el ejercicio de recursos sin la debida comprobación.
También se investigan posibles conflictos de interés, participación indebida de particulares en procedimientos de contratación y la presentación de documentación falsa o alterada, situaciones que podrían ocasionar daños al patrimonio público.
Respecto a los posibles conflictos de interés, el OIC señaló que encontró elementos en tres de los cuatro casos revisados, mientras que el restante continúa bajo investigación.
Como parte de las revisiones, el organismo notificó 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría a procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios realizados entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.
Asimismo, informó que, de enero de 2025 a octubre de 2026, emitió 20 sanciones, entre ellas inhabilitaciones de funcionarios y particulares, además de una suspensión temporal y sanciones económicas que en conjunto suman 1.6 millones de pesos.
Entre los casos revisados figura el de la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., que fue inhabilitada el 2 de octubre por incumplir con la entrega de 25 mil 302 chamarras destinadas al personal que participó en el proceso electoral federal de 2023-2024.
Ante las diferencias identificadas en los procedimientos de contratación del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el órgano de control propuso establecer una política nacional de regulación en materia de contratación electoral, con criterios comunes, precios de referencia y mecanismos para mejorar la transparencia.
También planteó impulsar una estrategia nacional de fiscalización que permita coordinar las revisiones entre el OIC, los órganos de control de los OPLE y la Auditoría Superior de la Federación.
El organismo indicó que las investigaciones continuarán con apego al debido proceso y respeto a la presunción de inocencia, y que los casos en los que se detecten posibles faltas administrativas graves serán turnados a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.