CIUDAD DE MÉXICO. Las tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP) han incrementado de manera considerable desde que el gobierno federal implementó a inicios de 2019 una estrategia para abatir el robo de gasolina de los ductos de la estatal Pemex.
Las organizaciones del sector denunciaron un aumento del 1000% en el número de tomas clandestinas para extraer el hidrocarburo. En 2018 se registraron 215 ductos dañados para extraer el combustible de manera ilegal. Ya para el año pasado este número incrementó hasta 2,400, de acuerdo con los datos del gremio.
El aumento 1000% se refiere a la comparación entre 2018 –un año antes de que se implementara la estrategia para frenar el robo de gasolina– y el 2021.
En total se extraen entre 60,000 y 65,000 toneladas de gas LP de estas tomas clandestinas. Alrededor de 44,000 se distribuyen en la Ciudad de México y el Estado de México.
“Desafortunadamente para el gas LP, para Pemex, estos grupos delictivos que dejaron de participar en el robo de gasolinas migraron hacia el robo de gas LP a los ductos de petróleos mexicanos”, dice Carlos Serrano, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
Las asociaciones han denunciado que mientras en 2018 se registraba una toma clandestina cada dos días, durante el último año esta cifra ha crecido a siete tomas diarias. Pese al aumento, dicen los representantes del gremio, el tiempo para atender los daños hechos a los ductos se ha reducido.
El robo del combustible se da en un ducto de la estatal Pemex que parte desde Chiapas, atraviesa Veracruz, los estados del centro del país y termina en Jalisco.
Y se concentra en cuatro estados del país: Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz. El primer estado concentra el 61% de las tomas clandestinas.
Al robo de gas mediante ductos, se suma el uso de vehículos para su venta, que se están usando de manera indebida o que no son registrados. Las organizaciones del sector calculan que hay entre 5,000 y 8,000 vehículos en esta situación.
“Es gas que termina dentro de los mismos mercados donde las empresas donde (están) las empresas formales, reguladas y que además pagamos impuestos. Esta distribución viene a ser una competencia desleal en el sentido que este gas es una cantidad importante”, dice Luis Landeros, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP.
Los datos del gremio indican que cerca del 8% del gas que se comercializa en el país es robado. En el centro del país, en específico la Ciudad de México y el Estado de México, este porcentaje aumenta hasta 20%.