La expansión de obras y la apertura de terrenos sin la debida autorización ambiental, encendieron las alarmas en Quintana Roo, debido a una serie de inspecciones realizadas el pasado mes de octubre, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó daños en más de 331 hectáreas de vegetación forestal y demandó la clausura de 27 sitios en distintos puntos del estado, incluido un proyecto colindante con la Laguna de Bacalar.
Las afectaciones no solo ponen en evidencia la presión sobre los ecosistemas de la región, sino también los riesgos que enfrenta el ecosistema cuando se transforma el uso del suelo sin los permisos correspondientes.
Entre el 20 y el 29 de octubre, la Profepa realizó visitas de inspección y seguimiento en distintos municipios de Quintana Roo, en lso cuales se encontró actividades de desmonte, apertura de caminos y obras que no contaban con las autorizaciones ambientales necesarias.
El caso de mayor daño se localizó en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, ahí, la dependencia identificó la remoción de vegetación forestal en 25 predios, con una superficie afectada de 331.901 hectáreas de selva baja y mediana subperennifolia.
Las inspecciones permitieron documentar los daños en dos etapas:
21 de octubre: se inspeccionaron 22 polígonos, donde se reportaron 304.863 hectáreas afectadas.
29 de octubre: se revisaron otros tres terrenos, que sumaron 24.94 hectáreas de vegetación removida.
En ninguno de los terrenos inspeccionados se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, las actividades de desmonte se habrían realizadas por integrantes de un grupo menonita de la región. No obstante, la Profepa señaló que esta información, al igual que la situación de los derechos ejidales y de usufructo sobre los terrenos, será revisada durante los procedimientos administrativos.