La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una nueva línea de investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales, con la colaboración de personas que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de aportar información y pruebas sobre los hechos.
De acuerdo con el organismo, es la primera vez que utiliza este mecanismo, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los informantes se acogieron al Programa de Reducción de Sanciones y han proporcionado elementos que permitirían conocer cómo habrían operado posibles irregularidades en la contratación pública durante varios años.
Entre la información entregada se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas. Los datos abarcan a empresas, beneficiarios finales y servidores públicos.
La ASF señaló que las indagatorias han identificado indicios de que beneficiarios finales de algunas compañías habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
El organismo indicó que continuará con las investigaciones para identificar a más posibles involucrados, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.