Por Rafael Rentería
Hermosillo. La vacante que dejó Adriel Córdoba Pimentel en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora será cubierta mediante un nombramiento provisional bajo las reglas anteriores a la reforma judicial, por lo que el Poder Ejecutivo estatal deberá proponer a quien ocupará el cargo y el Congreso local aprobar la designación.
Antonio Romero Peñuñuri, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, precisó que este procedimiento responde a las disposiciones transitorias de la nueva legislación orgánica del Poder Judicial, debido a que Córdoba Pimentel fue designado en diciembre de 2024, cuando todavía estaba vigente el anterior mecanismo de selección.
“La persona que llegue a ocupar la magistratura permanecerá de manera temporal hasta que tomen protesta quienes resulten electos en el proceso de renovación judicial previsto para 2028”, detalló.
Sobre la renuncia, Romero Peñuño recordó que la Constitución establece que la separación de un magistrado debe estar justificada por una causa grave, cuya procedencia debe ser calificada por el Congreso del Estado. Señaló que este requisito busca proteger a los juzgadores de posibles presiones para abandonar sus responsabilidades, aunque también debe considerarse el derecho de cada persona a decidir sobre su actividad profesional.
En relación con la reforma judicial, el exdirigente de la Barra Sonorense manifestó que el gremio mantiene sus reservas sobre la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, al considerar que este mecanismo puede comprometer la independencia y la imparcialidad que deben caracterizar a quienes imparten justicia.
“El rezago en los tribunales no solamente continúa, sino que ha empeorado, al referir cifras del Inegi que muestran un incremento de aproximadamente 259 mil a 380 mil asuntos pendientes”, contó.
También advirtió que los procedimientos contra juzgadores por el sentido de sus resoluciones pueden inhibir su independencia. Por ello, consideró necesario recuperar la carrera judicial, establecer evaluaciones con reglas claras y realizar un diagnóstico de las carencias de personal, infraestructura y recursos que enfrenta el sistema de justicia.