Claudia Sheinbaum pidió formalmente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzar una investigación sobre los contratos asignados a Corporativo Kosmos en la administración pública federal. Dichos contratos suman alrededor de 25 mil millones de pesos, los cuales fueron otorgados entre diciembre de 2018 y noviembre de 2026.
Por medio de la conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México explicó que la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, deberá revisar puntualmente el expediente del conglomerado empresarial, vinculado a la familia de Jack Landsmanas. La investigación responde a denuncias sobre presuntos sobornos, licitaciones direccionadas y el posible uso de prestanombres en procesos de contratación gubernamental.
Corporativo Kosmos opera mayormente por medio de las firmas Productos Serel y La Cosmopolitana, las cuales están dedicadas a la provisión de alimentos, así como a la adquisición de medicamentos e insumos farmacéuticos para dependencias federales y estatales.
Las investigaciones tomaron más importancia luego de que comenzaran los señalamientos sobre irregularidades en licitaciones vinculadas al Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con información recabada del caso, se habrían entregado presuntamente recursos mediante esquemas de cesión de derechos o mediante el uso de personas físicas como prestanombres, con el fin de evadir sanciones y competir por fondos públicos.
Según la información de las indagatorias, contratos por más de 2,700 millones de pesos habrían operado bajo este modelo en instancias electorales.
En este contexto, la mandataria recordó que en contrataciones del INE ya se había alertado sobre la presencia de prestanombres. También citó casos en los que empresas ligadas a la gestión de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, obtuvieron asignaciones millonarias en órganos locales mediante dinámicas similares.
La instrucción dirigida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene como obligación revisar de manera integral las licitaciones y la probidad de los procedimientos vigentes.
Hasta el momento, el proceso se encuentra en su fase de indagatoria preliminar y auditoría técnica de expedientes.
La dependencia, encabezada por Buenrostro, elaborará un reporte público con los hallazgos de las auditorías. Si se confirman anomalías, simulaciones o actos fuera de la ley, las autoridades procederán con las sanciones administrativas correspondientes y presentarán las denuncias penales ante las instancias judiciales.