El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, aseguró que la agencia continuará exponiendo los nexos entre el crimen organizado y políticos mexicanos.
A través de su cuenta oficial de X, el estadounidense acusó que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles, por lo que dijo que la DEA se encuentra comprometida con exponer esos nexos criminales para proteger a sus ciudadanos.
“(La) DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió este martes 17 de noviembre de 2026.
Tres días antes, el funcionario estadounidense advirtió que su agencia y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán a funcionarios corruptos y actores políticos que protegen al narcotráfico, esto luego de emitirse en Estados Unidos la sentencia de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En su publicación, el director sostuvo que la corrupción y el narcotráfico “van de la mano, sin importar la posición política”, por lo que seguirán “sin descanso” las huellas de los “políticos que se benefician, protegen y alimentan” a las organizaciones criminales.
Y es que, el mismo día, la jueza Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de Columbia sentenció a “Tony Montana” a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos con armas de fuego luego de que se declaró culpable cuatro meses antes. Su defensa solicitó 20 años para el líder criminal argumentando que no tiene posibilidad de sobrevivir debido a su edad de 68 años, mientras que la fiscalía pedía 30.
Las acciones contra políticos mexicanos comenzaron en el mes de abril pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
Fue la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York la que emitió las acusaciones en contra de funcionarios que se encontraban activos y anteriores en Sinaloa, a quienes señaló de haberse asociado con la facción de Los Chapitos para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
Los señalamientos también incluyen haber proporcionado información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros de la organización criminal, así como a sus aliados a cambio de miles de dólares.
Entre los funcionarios acusados, además del entonces gobernador de Sinaloa, se encuentran:
Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán.





