Como parte de una nueva etapa institucional, el Gobierno de Sinaloa renovó su identidad visual en las redes sociales oficiales y retiró el logotipo que distinguió a la administración de Rubén Rocha Moya durante casi cinco años, para dar paso a una nueva imagen bajo el gobierno interino de Graciela Domínguez Nava.
La modificación se produjo en medio de la reconfiguración política y administrativa del Poder Ejecutivo estatal, luego de que Rocha Moya se separara del cargo en mayo de 2026, tras los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.
Aunque el periodo constitucional para el que fue electo Rocha Moya aún no concluye, la administración estatal ha registrado cambios que abarcan desde la titularidad del Ejecutivo hasta la integración del gabinete y ahora la imagen con la que se presenta públicamente.
La transición comenzó el 2 de mayo, cuando el Congreso del Estado aprobó la primera solicitud de licencia de Rocha Moya, por más de 30 días, y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Después de permanecer más de tres meses al frente del Ejecutivo, Bonilla Valverde concluyó su periodo el 21 de agosto, cuando Rocha Moya anunció su reincorporación a la gubernatura.
Sin embargo, la permanencia del mandatario fue breve, pues el 22 de agosto presentó una nueva solicitud de licencia, esta vez por tiempo indefinido. Tres días después, el 25 de agosto, Graciela Domínguez Nava rindió protesta como gobernadora interina y asumió la conducción del Gobierno estatal.
Desde su llegada, Domínguez Nava ha impulsado movimientos en distintas áreas de la administración pública, con relevos en dependencias y organismos, así como ajustes en el equipo de colaboradores que permanecía desde el inicio del gobierno de Rocha Moya.
Uno de los cambios más recientes ocurrió en la Secretaría General de Gobierno, donde Yeraldine Bonilla presentó su renuncia el 4 de noviembre para reincorporarse a sus funciones como diputada local. En su lugar fue nombrado César Julio Saucedo Barrón.
En este contexto, la renovación del logotipo representa otro ajuste en la presentación institucional del Gobierno de Sinaloa, cuya imagen pública había permanecido asociada a la administración que inició en noviembre de 2021.
El cambio gráfico marca una nueva etapa en la comunicación oficial del Ejecutivo estatal, aunque no implica por sí mismo una modificación del periodo constitucional de gobierno.
Asimismo, abre interrogantes sobre el costo que podría representar para las finanzas públicas la renovación de la identidad institucional, particularmente si el cambio se extiende más allá de las plataformas digitales y alcanza edificios gubernamentales, vehículos oficiales, papelería, señalización y materiales de difusión.
Hasta el momento, no se cuenta con información pública que permita establecer cuánto costó el diseño de la nueva imagen, qué área estuvo a cargo de su elaboración o si se contrató a alguna empresa externa para realizar el trabajo.
El presupuesto de Comunicación Social contempla recursos para servicios personales, materiales, suministros y servicios generales. Sin embargo, para determinar si la nueva identidad representa un gasto adicional será necesario conocer si se utilizaron recursos previamente presupuestados o si se realizaron contrataciones específicas para su implementación.
La diferencia es relevante, pues el cambio de imagen en las redes sociales puede realizarse mediante personal y herramientas con las que ya cuenta el Gobierno estatal, mientras que sustituir la identidad gráfica en infraestructura, vehículos y documentos oficiales podría generar nuevas erogaciones.
La interrogante es si la administración de Graciela Domínguez Nava limitará el cambio a sus plataformas digitales o emprenderá una renovación general de la imagen gubernamental, así como cuánto costaría esa transición a los recursos públicos.





