El Senado de la República aprobó una reforma para prevenir, atender y sancionar la violencia de maestros en contra de las mujeres y erradicar el acoso sexual en planteles escolares del país.

A través de un comunicado, el Senado detalló que la reforma modifica distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y ya fue remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Este cambio legislativo coincide con un escenario donde 223 personas de entre 1 y 17 años ingresaron a hospitales del país durante 2025 por agresiones sexuales sufridas dentro de planteles educativos, de acuerdo con registros de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Este cambio clasifica como violencia docente cualquier agresión cometida dentro de los planteles escolares o que derive de una relación académica.

Además, establece que las 32 entidades federativas deberán promover y difundir entre la sociedad que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delitos, que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.

Esta reforma exige a las autoridades aplicar criterios de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para resguardar la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres en cualquier entorno social.

Las instituciones deben blindar la identidad y los datos personales de las víctimas. La medida busca frenar la revictimización, la elaboración de listas negras y cualquier intimidación orientada a forzar la deserción escolar o la renuncia al empleo.

El proyecto mandata a la política nacional diseñar acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en los sectores familiar, laboral, político, económico, cultural, de salud y tareas de cuidados, a la par de erradicar los estereotipos basados en el sexo.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena, sostuvo que estas reformas fortalecen el trabajo parlamentario acumulado durante dos décadas.

Explicó que los espacios de formación académica suelen operar como escenarios de acoso, hostigamiento sexual e intercambio de favores, por lo que la legislación amplía la definición de violencia docente para intervenir de forma directa ante estas conductas.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Francisco Chíguil Figueroa, señaló que las instituciones requieren herramientas para prevenir, identificar y atender oportunamente agresiones de género mediante protocolos accesibles.

La legisladora del PVEM, Virginia Magaña Fonseca, apuntó que la incorporación formal de la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad dentro de los programas institucionales garantiza respuestas integrales frente a las agresiones.

La senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos afirmó que la reforma obliga al Estado a derribar las limitaciones históricas, sociales y culturales impuestas sobre las mujeres.

La legisladora de Movimiento Ciudadano Amalia García Medina argumentó que incluir la interseccionalidad permite reconocer que los actos de discriminación no derivan exclusivamente del género, sino de factores combinados como la clase social, la edad, el origen étnico y la orientación sexual.

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