Un Tribunal Colegiado reconoció por unanimidad el interés legítimo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para promover juicios de amparo en materia ambiental, específicamente contra omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) relacionadas con la responsabilidad ambiental.

El organismo, dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF), consideró que el fallo representa un precedente histórico, al permitirle actuar directamente contra omisiones que vulneren el derecho a un medio ambiente sano.

La resolución fortalece la representación legal de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas comunidades indígenas, campesinas, afromexicanas y menores de edad, con el objetivo de impulsar la reparación efectiva de los ecosistemas.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa señaló que las autoridades jurisdiccionales deben garantizar una legitimación amplia y efectiva para la defensa del medio ambiente, sin imponer requisitos formalistas que obstaculicen el acceso a la justicia.

En el estudio de fondo, se determinó que la Semarnat incurrió en una omisión reglamentaria absoluta al no expedir las normas oficiales mexicanas previstas en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, necesarias para establecer los criterios que permitan determinar la existencia de daños ambientales.

De acuerdo con el IFDP, esta omisión vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano, debido a que dificulta el cumplimiento de la obligación constitucional de reparar los daños ocasionados a la naturaleza, establecida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La resolución constituye un precedente histórico, al ser la primera ocasión en que se reconoce el interés legítimo del IFDP para promover un juicio de amparo en materia ambiental, una legitimación que hasta ahora había sido reconocida principalmente a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil”, destacó el organismo.

Asimismo, reiteró que para los grupos vulnerables la defensa del medio ambiente no se limita a buscar sanciones económicas contra quienes ocasionan daños, sino que también implica exigir la reparación efectiva de los ecosistemas y proteger las condiciones que hacen posible una vida digna.

Con esta resolución, el IFDP fortalece su papel en la defensa de los derechos humanos y refrenda su compromiso con el acceso a la justicia ambiental, al contar con el reconocimiento para promover directamente juicios de amparo contra actos u omisiones que vulneren ese derecho.

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