Fabiola Navarro / MO
Han pasado más de 80 años desde que Estados Unidos y México firmaron en agosto de 1942, el Acuerdo de Labor Agrícola Mexicana, para que trabajadores mexicanos cruzarán al vecino país para laborar en los campos.
Hace casi 6 décadas que finalizó dicho acuerdo y el gobierno de México debió darles una compensación económica del 10 por ciento que los patrones de EU les quitaban para enviarlos como fondo; sin embargo, no los recibieron.
Fue hasta el sexenio de Vicente Fox, que se creó un fideicomiso y se le pagaron a cerca de 200,000 personas un apoyo social individual de 38,000 pesos estamos hablando de un total de 7,000 millones de pesos; es decir, únicamente a un 8 por ciento de los afectados.
Dicho dinero, dejó de pagarse en el sexenio de Felipe Calderón y hoy, la lucha de las familias de quienes trabajaron en los campos agrícola de EU continúa, mientras que el gobierno actual no los ha recibido.
“A partir de que el Movimiento ganó un amparo en 2017, en el Segundo Tribunal de Justicia en la Ciudad de México, se emitió una resolución donde sentenciaba al gobierno mexicano el pago de 1 millón 96 mil pesos para cada ex trabajador migratorio mexicano o bien a la esposa o al hijo que sobreviva y hasta la fecha no hemos tenido respuesta del Ejecutivo Nacional, toda vez que en 2017 se comprometió en Nayarit a una respuesta de justicia para los ex braceros”, explicó Gabriel Ortiz.
El presidente de la Unión Binacional de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, resaltó que actualmente se mantienen a la espera 40 mil ex braceros de los 38 mil pesos que recibiría cada uno como parte del fideicomiso 2106; asimismo, de una respuesta por parte del Congreso de la Unión.