Y vaya que lo que acontece en términos de democracia en este país, es una situación de alguna manera preocupante, sin embargo, se piensa que las cosas aún pudieran estar más álgidas.
A partir del sugerido experimento de la Revocación de Mandato, los acontecimientos han agarrado un rumbo muy turbulento y en los últimos meses la embestida del ejecutivo al árbitro electoral ha estado muy marcada y en aumento.
Vale recordar, que el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, nace en 1990, no como producto de la casualidad o de un itinerario político ordenado desde su inicio, sino por el contrario: se funda en virtud de la convulsión postelectoral y del enfrentamiento entre partidos, pues desde los comicios de 1988 tildados de fraudulentos, se puso en la agenda política y legislativa la necesidad de sacar de una vez por todas las manos del ejecutivo de las elecciones y crear un órgano ciudadano especializado para ese fin. Lo paradójico, visto a tiempo actual, es que la izquierda tuvo la huella digital más importante en esa creación, pues era la principal agraviada ante la reciente descarrilada del líder Cuauhtémoc Cárdenas.
Pasados los años, hemos visto como el IFE/INE ha hecho su trabajo en forma razonable y profesional, pues a raíz de su existencia se ha podido constatar que nos transformamos de una democracia manipulada a una democracia eficaz, que aunque incipiente, ha logrado de inicio la llegada de la mayoría de la oposición al PRI en la Cámara de Diputados en 1997; en ese mismo año, la unción de un Jefe de Gobierno de izquierda (PRD) al entonces Distrito Federal, cuyos triunfos en la capital se prolongaron varias veces, para darle la estafeta a otro partido de izquierda (Morena) en 2018; la alternancia nacional en 2000, en donde el PRI abandona Los Pinos para dejar al PAN doce años; el regreso del PRI en el 2012 y la primera victoria de MORENA en una elección presidencial, eso en su primer intento en 2018.
Lo anterior, sin dejar a un lado, que casi todas las entidades federativas han pasado por la alternancia y que las dos cámaras legislativas han visto pasar a gente de todos los partidos políticos. En relativo poco tiempo, se ha ido cimentando lo que no se pudo lograr en muchas décadas, dentro de un período que va de 1910 a 1997.
Venidos a tiempo presente, pudimos ver que, en las elecciones de 2021, el INE sufrió visibles ataques desde el poder público al negar el registro para candidatos de Morena a gobernador, tanto a Salgado Macedonio para Guerrero, como de Raúl Morón para Michoacán.
Pero lo que, si le ha puesto el cascabel al gato, hoy convertido en tigre, lo ha sido el exigido ejercicio de revocación de mandato, que como figura constitucional derivada del artículo 35 -como parte de la democracia participativa-, ha sido el tema en boga todo este año, como una estrategia para posicionar al presidente.
En un país en donde por siglos ha permeado el mundo al revés, se trata de exigir alentados desde el ejecutivo-un oneroso ejercicio de revocación de mandato, cuando el presidente goza de altos niveles de popularidad y prevalece el discurso de la austeridad republicana. La finalidad de la norma indica que esa figura es de acudirse cuando se está en un supuesto de aparente ingobernabilidad, anarquía o alguna otra situación que haga ver necesario el posible relevo, de ahí que el artículo 5° de la Ley Federal de Revocación de Mandato, señale: “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.
Así las cosas, en la praxis, lo que se está viendo no es otra cosa que un intento de “ratificación de mandato” incluso así, expresamente lo han manejado algunos promotores, porque ante el eventual rechazo en las urnas a la revocación de mandato, se aprovecharía para publicitar el resultado como una validación o espaldarazo del pueblo para el “señor presidente”.
Pero más allá de la necesidad de la revocación de mandato, tenemos que durante este año el Instituto Nacional Electoral, dejó muy en claro que para llevar a cabo en forma eficaz esa jornada, se ocupaban ciertas cantidades de dinero adicionales para 2022, pues además están en juego las elecciones en varios estados.
A casi finales de año, no batalló mucho Lorenzo Córdova para ir por la respuesta: en Cámara de Diputados no solo no le aumentaron, sino que le disminuyeron casi cinco mil millones de pesos. Ante tal situación, como órgano legitimado para acudir a la Controversia Constitucional, el INE la interpuso en contra del Presupuesto de Egresos del 2022 y de ahí se recrudeció la guerra campal.
Ahora que apenas el viernes pasado, se ha emitido el Acuerdo INE/CG1796/2021, del Consejo General del instituto, en donde se ha pospuesto temporalmente la fecha de la revocación de mandato, hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional; se ha venido prácticamente una andanada de la clase política gobernante contra el INE y los seis Consejeros que votaron en pro de la postergación indefinida del ejercicio.
Los misiles color marrón ya vienen además desde varios confines, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, líder de partido, gobernadores, presidenciables y de varios amanuenses del ejecutivo.
Ya la presidencia de la Cámara Baja ha dicho que impugnará el acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral; pero no conforme con ello, anuncia denuncias administrativas ante la contraloría interna y denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.
Pues bueno, si desde hace meses se anunciaba desde Palacio Nacional la necesidad de extinguir algunos órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INE, ahora con mayoría de razón el instituto está en capilla, pero no solo eso: seis de sus integrantes están prácticamente a un tris de convertirse en indiciados por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
Ya en el ágora mexicano se advierte, ante el frenesí desbordado al igual que en el juicio a Sócrates, que es posible que varios estén en el preámbulo de beber la cicuta, y aunque no necesariamente para la muerte biológica, sí para la muerte política… y la cárcel, si es necesario. Claro, tampoco creemos que los imputados se quedarían con los brazos cruzados, y al parecer desde ya, gozan del apoyo de la oposición y de algunos grupos de la sociedad civil
En respuesta a la embestida, ya se ve en medios y en las redes sociales el hashtag de #YoDefiendoAlINE. Seguramente la gente racional deteste la idea de que las tareas comiciales se trasladen de nueva cuenta al Palacio de Cobián, ahí donde la alquimia era el modus operandi durante décadas para el control del poder. Esto es, el mismo lugar en donde el régimen hegemónico del PRI firmó su sentencia de muerte con la nefasta “caída del sistema” en 1988, que a la sazón provocó el parto del entonces IFE dos años después, como ya hemos dicho.
Si como corolario a todo el entramado, en efecto, la intención es la de regresar a la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones, entonces, sería tanto como traer al escenario político nacional la representación de uróboro, aquella serpiente que se mordió su propia cola, dando así una forma de círculo, lo que pudiera significar el final de un ciclo democrático y el inicio de quién sabe qué.
A pesar de todo, esperemos tengan muy feliz Navidad…