El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantenga en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla sería una medida negativa para la seguridad en el país.
El exhorto difundido por la Presidencia de la República se da a conocer mientras los ministros se alistan para discutir proyectos en torno al tema, en los que se plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa porque se le considera contraria a los derechos humanos
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, señala.
El gobierno de López Obrador argumenta que esta figura es legal porque está contemplada en la Constitución y se aplica a delitos particularmente lesivos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio o la desaparición forzada.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, insiste.
Por la mañana, durante su conferencia de prensa diaria, el presidente López Obrador adelantó que pediría a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica que fijaran la postura de su gobierno en torno al tema para darla a conocer a los ministros.