Becker García
El incendio de bar en San Luis
Walter Avilez, dueño del antro rockero-popero en San Luís Río Colorado llamado Beer House, luego del incendio provocado el 22 de julio pasado, publicó en su Facebook que estaba incomunicado. En esta fecha de hoy, su último post es del 9 de mayo, donde escribió: ¿Alguien ocupa (sic) dólares?… $17.20, con lo cual quiere decir que el resto de sus intervenciones fueron borradas.
A pesar de que en gran medida es corresponsable del incendio donde murieron 11 personas (un menor de edad que nada tendría que estar haciendo ahí) y, otras 6 están gravemente heridas, además de no contar con permiso para operar el antro, ni certificaciones de Protección Civil, ni permiso para vender bebidas alcohólicas.
El antro funciona desde 2010, y fue construido de manera rústica, madera y lámina, por lo cual el incendio provocado por un adicto a la mezcla de alcohol y droga, fue presa fácil de las llamas y, si a eso le sumamos que una de las dos salidas de emergencia estaba bloqueada con cartones de cerveza, tenemos en conclusión que, no nada más es presunto culpable José Luis N, quien roció la puerta con gasolina y luego le prendió fuego, sino también, por omisión, el presidente de San Luís Río Colorado, Santos González Yescas, así como varios de sus funcionarios, que permitieron el funcionamiento de una bomba de tiempo explosiva, como quedó comprobado después del infausto suceso.
El día miércoles 2 de agosto, la bancada de Movimiento Ciudadano en Sonora, presentó una demanda de juicio político contra Santos González. En rueda de prensa, la diputada naranja Rosa Elena Trujillo dijo: “En los próximos días estaremos esperando que la solicitud de Juicio Político sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esta parte es muy importante porque la ley no señala un plazo para turnarla, y nosotros aquí queremos ser muy claros, si no hay voluntad de avanzar en la indagatoria, si no hay una voluntad política el tema va a ser guardado y archivado desde un principio, pero creo que es un tema que debe de desahogarse y que debe ser sentar las bases para que este tipo de omisiones de funcionarios públicos no se repitan”. Los diputados Natalia Rivera, Rosa Elena Trujillo, Ernesto de Lucas Hopkins y Jorge Russo, advirtieron que en el gobierno tanto municipal como estatal hay responsables por omisión.
Por su parte el PAN, en voz de su Gildardo Real Ramírez y la secretaria general, Celina Aldana interpusieron la queja ante la CEDH donde advirtieron que emprenderán todas las acciones a su alcance para que se abran los procesos legales y se persiga a todos los responsables de este crimen.
Mientras tanto, el alcalde sanluisino (morenista, por cierto), Santos González, aunque aceptó que el bar no contaba con permisos para operar, decidió minimizar su responsabilidad y lanzó la bola a la Fiscalía General del Estado, para que investigue.
Además, en su cuenta de redes sociales publicó, “El día de ayer estuve en la ciudad de Hermosillo, con el gobernador del Estado y su gabinete ante la Mesa Estatal de Seguridad, atendiendo y siguiendo muy de cerca los avances de investigación de los hechos ocurridos en día Sábado en el bar Beer House”, es decir, el alcalde se decide hablar sobre la pena que le espera al incendiario individuo e incluso afirma que se encontraba bajo estado inconveniente cuando cometió el crimen, no así de los señalamientos que se hacen en contra de su administración por su indolencia.
Y repito y reitero, pareciera que nuestra sociedad, ha perdido el valor del asombro y hemos sustituido lo que deberían de ser puntuales inconformidades, por una aceptación de que, como en aquella novela de Roberto Blanco Moheno, “Aquí no pasa nada”, pero pasa todo y al parecer vamos para atrás.
Otro caso muy sonado, aquí en Obregón, donde una mujer cometió una infracción, según la versión policíaca, ella se portó grosera con quien la infraccionó, pero éste, y hay vídeo, utilizó una fuerza desmedida para tratar de esposarla. Es decir, en caso de que las cosas sí hayan ocurrido como se narra, estamos ante un delito que pretende ser sancionado de manera casi igual, cometiendo otro delito, por medio del abuso de poder, abuso de fuerza y lo que resulte, pero, que, a pesar de haberse viralizado, nadie hizo una demanda conducente.
Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿Dónde quedó aquella red feminista que, en gobiernos anteriores, no de Morena, gritaban a los cuatro vientos contra cualquier ataque a una mujer? ¿Tendrá acaso algo que ver que su dirigente pertenece desde hace años a la izquierda (donde incluso fue Senadora) y pues no mide con la misma vara?
Así estamos, dejando pasar las cosas, como si nada.
Gracias por leerme.