Los errores de Movimiento Ciudadano en Sonora llegan a escritorios de dirigencia nacional
Francisco Arenas Murillo
LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES HAN TRATADO DE convertirse desde hace meses en el alter ego del gobierno del Estado al intentar asumir como propios no sólo los asuntos relacionados con el poder legislativo sino con aquellos que conciernen a la esfera del ejecutivo.
Han buscado la forma de colocarle la agenda al gobernador del Estado Alfonso Durazo una y otra y otra vez y de manera paralela, a presumir una fortaleza que están lejos de tener, en el Congreso del Estado.
En algunos casos con propuestas más cercanas a las ocurrencias y a la creatividad de algunos de los diputados locales, y en otros, por la necesidad de su dirigente estatal Manuel Scott de trascender en esta etapa de su vida personal, pero en la cual definitivamente no logra traspasar la mediocridad.
Si no fuera por los estilos tradicionales de los diputados ex priístas Ernesto de Lucas y Natalia Rivera, y el anhelo permanente de Rosa Elena Trujillo de ser reconocida como una figura política en el Estado, Movimiento Ciudadano no pasaría de ser una anécdota más en Sonora, a pesar del protagonismo que las siglas registran en el plano nacional.
Y así se la han pasado durante los últimos meses, en un vano intento de convertirse en el partido político que coloca la agenda del debate en el Estado, y de repente captan la atención, sobre todo en los momentos cuando en Morena existió una dirigencia estatal incapaz de ser a portadora de los temas concernientes al gobierno en turno.
Han buscado también al interior del Congreso del Estado ser los portadores de la verdad única y los expertos en temas legislativos, al grado de recurrir, como en su momento lo hicieron en el PRI, de recurrir a instancias jurisdiccionales nacionales para resolver asuntos que, según ellos, se habían resuelto de manera discrecional e irregular.
Así sucedió, por ejemplo, con el tema relacionado a la renovación de espacios en el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, en donde presentaron en voz de las diputadas Natalia Rivera, a su más propio estilo de protagonismo excesivo, y de Rosa Elena Trujillo, una impugnación contra las decisiones asumidas en el pleno al designar nueva presidenta del ISTAI, cuando Guadalupe Taddei dejó el cargo para ocupar la presidencia del INE.
Y así fueron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara, en la cual interpusieron un recurso para tratar de anular la reunión especial del Congreso del Estado de Sonora, donde se nombró a la Presidenta del ISTAI, así como la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, donde ella asumió su cargo.
Sin embargo, la instancia jurisdiccional determinó que esos asuntos ya habían sido resueltos en un caso anterior (juicio SUP-JDC-51/2023) y, por lo tanto, no podían ser revisadas nuevamente, por lo tanto, no podían elevarse a discusión de nueva cuenta.
Es decir, desechaban la impugnación de las dos legisladoras emecistas, lo cual representaba un revés jurídico importante para ellas que encabezaron esa rebelión interna en el legislativo sonorense.
Pero en su afán de controlar los daños que se avecinaban para su credibilidad y efectos posteriores, las dos legisladoras trataron de cubrir su derrota y difundieron la versión en la cual, cual filántropas políticas, decidían ya no continuar con el procedimiento para favorecer que las mujeres puedan acceder a mejores puestos públicos.
Pero lo que no decían era que, en realidad, al haberse dictado un resolutivo que ya era definitivo e inatacable, no podían recurrir a otro procedimiento para eliminar la decisión asumida en torno a los nombramientos del ISTAI.
El resultado del juicio promovido por Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo ante el TEPJF al final del día contraproducente, porque además de no tener sustento legal, terminó perjudicando a su compañera diputada Beatriz Cota, presidenta de la Comisión de Transparencia, además de que con la actuación de las dos legisladoras, se ha roto el diálogo y la armonía que debería prevalecer en la cámara local para su buen funcionamiento.
Se equivocaron en la estrategia: el contexto socio político nacional es diametralmente opuesta a cuando Ernesto de Lucas y Natalia Rivera formaron parte de un sistema político que ha cambiado las formas y el estilo de decidir.
Y qué decir, por otro lado, del desacuerdo verbal y de actitud en el cual se ha involucrado Ernesto de Lucas con su ex compañero partidista y ex aliado político y electoral Rogelio Díaz Brown, abriendo un frente innecesario para la organización naranja.
Seguramente en estos momentos en el escritorio de Dante Delgado se encuentran los detalles de la actuación de los diputados de Movimiento Ciudadano, considerados prospectos electorales, y se analizarán para, en su momento, tomar decisiones definitivas y decisivas.
El partido no es de ellos.