Milton Martínez Estrada

Corte avala minigubernatura de tres años en Sonora (2027-2030)

¡Se acabó el mar de especulaciones e intrigas sobre la gubernatura de Sonora de tres años!

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente que nuestro estado tenga una gubernatura de tan solo tres años, de 2027 a 2030, para empatar la campaña presidencial con la elección estatal.

Resulta que el 15 de septiembre de 2022, el gobernador Alfonso Durazo presentó la iniciativa de reformar los artículos 22, segundo párrafo; 46 y 69 de la Constitución sonorense.

Estos cambios legislativos serían englobados en la Ley 93, aprobada el 1 de diciembre de 2022 por mayoría calificada del Congreso local, y enviada a los 72 municipios para ser ratificada.

El 10 de enero la mesa directiva de la Diputación Permanente resolvió enviar a publicación esta Ley número 93, porqué 49 de los ayuntamientos, más de la mayoría, aprobaron la reforma.

Solo Álamos y Naco se opusieron a la iniciativa del gobernador Durazo, pero no fueron suficientes para detener la iniciativa.

El 2 de marzo de 2023 quedó publicada la Ley 93 en el Boletín Oficial del Estado.

El gobernador Alfonso Durazo inició la celebración desde un día antes, el primero de marzo:

“Ya en el Diario de la Federación tendrá vigencia plena, el 2027 elegiremos un gobernador o gobernadora por tres años y el 2030 será concurrente la elección de gobernador o gobernadora con la de Presidente o Presidenta de la República

A partir de aquí empezó una retahíla de recursos legales por parte de la oposición: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Las acciones de inconstitucionalidad llegaron hasta la Suprema Corte, donde el lunes 16 fueron desechadas, por utilizar argumentos incapaces de invalidar esta Ley.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat sintetizó con destreza legal las quejas de los partidos.

Se incumplió con los preceptos de “parlamento abierto”; no se consultó a los partidos políticos; se dejó por fuera a pueblos y comunidades indígenas, y se señalan violaciones al procedimiento legislativo.

Al respecto argumentó: “Parlamento abierto es un concepto que rige a toda la labor legislativa, pero en el sentido de que debe estar abierta a la ciudadanía a través de la publicación de la información, para advertir los conflictos de intereses y otro tipo de cuestiones. Pero no se desprende una disposición que obligue a que en la creación de las leyes deban realizarse foros de consulta a la ciudadanía. Sí involucrarla, pero no como una obligación”.

Con respecto a violaciones de procedimiento legislativo, se considera que hubo algunas cuestiones (dispensar la segunda lectura de esta iniciativa), pero que no tienen “el potencial de invalidantes”.

También los ministros observaron que se debió incluir el impacto presupuestario de esta iniciativa, pero nada cambiaría el sentido de la Ley 93.

Rescataron que esta legislación podría ser sometida a consideración de pueblos originarios, afromexicanos o personas discapacitadas, pero no las afecta más directamente que al resto de la población.

En sí, la legalidad de la Ley 93 fue aprobada por unanimidad y decidida, en definitiva.

Solo restaría decir que las mini gubernaturas en otros estados han sido un total desastre:

Antono Gali Fayad (1 de febrero 2017- 13 de diciembre de 2018) , del PAN, estuvo un año y ocho meses al frente de Puebla, que solo sirvió para abrirle el paso a la nueva gobernadora, Martha Ericka Alonso Hidalgo, esposa del otrora verdadero dueño político del estado, “El Faraón”, Rafael Moreno Valle.

Miguel Ángel Yunes (2016 a 2018), también del PAN, pero en Veracruz, ha estado en los capítulos más oscuros en la historia moderna del país.

Se le acusa de estar involucrado en una red de pederastia, en el libro de Lydia Cacho, Los demonios del Edén. Desfalcó al SNTE junto a Elba Esther Gordillo y en esos dos años en Veracruz, se le achaca el abrirle las puertas al Cártel de Jalisco para una franca guerra contra el Cártel del Golfo.

Y el caso de Jaime Bonilla (de agosto de 2019 a agosto de 2021), de Morena, en Baja California, es acusado de elevar la deuda pública en 3 mil 644 millones.

Además de endeudar el estado también se enamoró de la gubernamenta a la que fue electo por dos años, pero intentó aumentar su mandato a cinco años, es decir hasta el 2024, pero el Trife lo paró en seco.

Hasta aquí mi reporte, amigos.

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