La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación contra Ramón Gerardo “N”, de 24 años de edad, por su probable responsabilidad por los delitos de homicidio calificado y robo agravado cometidos en agravio de Carlos “N” el pasado 21 de enero del año en curso en Hermosillo, Sonora.Con medios de prueba contundentes, recabados mediante tres diligencias de cateo en Hermosillo y Etchojoa, así como con base en diversas investigaciones tanto de campo como de gabinete, entre las que se incluyen objetos recuperados que fueron robados de la casa de la víctima, testimonios, así como imágenes que lo ubican en el lugar de los hechos, el agente del Ministerio Público el día de hoy ante el Juez de Control, formuló imputación penal en contra de Ramón Gerardo “N”.La orden de aprehensión, que había sido obtenida anteriormente, fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en un domicilio de la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital del Estado, para ser turnado ante la autoridad judicial.Entre los hechos que se imputan al señalado está el ataque a golpes y con una arma de fuego a Carlos “N” el pasado 21 de enero, mismas que le provocaron las lesiones fatales.Lo anterior ocurrió en el interior de la casa de la víctima en Residencial Cima en Hermosillo, Sonora, a la que el imputado accedió con la autorización del médico valiéndose de la confianza personal que le tenía.Tras esto, el imputado se apoderó de diversos bienes propiedad del occiso, dinero en efectivo, así como de un vehículo, mismo que utilizó para escapar del lugar y el cual posteriormente fue localizado por la policía.Lo anterior fue debidamente acreditado, por lo que esta representación social solicitó la vinculación a proceso, no obstante, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 72 horas, por lo que la situación jurídica del imputado será resuelta por los tribunales en la continuación de la audiencia el próximo lunes 5 de febrero; mientras tanto, el imputado se mantendrá en prisión preventiva justificada por determinación de la autoridad judicial.
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