REDACCIÓN / El Tiempo
PRESUPUESTO SOCIAL HISTÓRICO: RUMBO CONSOLIDADO O EXPECTATIVA POR CUMPLIR
El anuncio del gobernador Alfonso Durazo de que Sonora contará en 2026 con el presupuesto social más grande de su historia —más de 92 mil 571 millones de pesos— confirma la apuesta de su administración por mantener el rumbo de la transformación con énfasis en quienes menos tienen, bajo la promesa de no crear nuevos impuestos y sostener la disciplina fiscal. La inyección de más de 12 mil 600 millones en programas sociales, junto con incrementos sustantivos en seguridad, salud, vivienda e infraestructura, refleja un diseño presupuestal orientado a combatir la pobreza y fortalecer pilares básicos del bienestar. No obstante, el verdadero desafío no radica en el tamaño del presupuesto, sino en su ejecución: cada cifra representa expectativas que deberán traducirse en servicios eficientes, obras concluidas y resultados medibles, especialmente en rubros sensibles como transporte público, reducción de la pobreza extrema y modernización regional. El discurso de priorizar a quienes fueron históricamente marginados es políticamente potente, pero su credibilidad depende de evitar subejercicios, elevar la transparencia y garantizar que cada peso llegue a donde debe. Sonora avanza, sí, pero el paso firme de la transformación exige no solo anunciar montos históricos, sino convertirlos en mejoras palpables en la vida diaria de las familias.
CASTIGAR EL ROBO DE AGUA PARA DEFENDER EL FUTURO DE SONORA
La iniciativa presentada por la legisladora Alejandra López Noriega para sancionar con mayor severidad el robo de agua llega en un momento crítico para Sonora, donde la escasez del recurso amenaza cada vez más la calidad de vida y la estabilidad social. Proteger el agua no puede seguir siendo un discurso aspiracional: requiere decisiones firmes, leyes claras y castigos proporcionales para quienes lucran con un bien que pertenece a toda la comunidad. El uso de tomas clandestinas no sólo beneficia a unos cuantos, sino que condena a colonias enteras a la baja presión, a cortes constantes y a un riesgo permanente para la salud. Por eso, la creación de un capítulo específico en el Código Penal para sancionar la sustracción y distribución ilegal del recurso no es un exceso, sino una medida urgente frente a prácticas que profundizan las desigualdades y deterioran la cohesión social. Sin embargo, la aplicación de la ley no basta por sí sola: debe acompañarse de una cultura ciudadana de cuidado, denuncia y corresponsabilidad. Blindar el agua es, en esencia, blindar la dignidad y el futuro de las familias sonorenses, y esa tarea requiere tanto del Estado como de una sociedad dispuesta a defender su propio porvenir.
CIERRE DE FILAS Y ALERTA POLÍTICA ANTE LA MARCHA Z
En medio del remezón político provocado por la Marcha Z, las bancadas de Morena cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y elevaron el discurso al denunciar una supuesta “embestida” de la derecha más radical, una narrativa encabezada por Adán Augusto López, quien acusó a figuras como Claudio X. González, Roberto Madrazo y Mauricio Tabe de operar detrás de una movilización que, afirma, “no fue espontánea”. El mensaje intenta blindar a la mandataria tras los enfrentamientos entre jóvenes y policías en el Zócalo, pero también evidencia la tensión real que admite Ricardo Monreal: sí hay inconformidad juvenil y no reconocerla sería “fantasioso”. Lo que parece estar en juego no es solo la interpretación de una protesta generacional, sino la disputa por el relato político: mientras Morena insiste en un complot orquestado, la oposición celebra el “despertar” de una nueva generación crítica, y en el centro queda un gobierno que, aunque asegura estar abierto al diálogo, enfrenta el reto mayor de gobernar a una juventud que no se alinea automáticamente con ningún bloque. Más que una batalla entre bandos, la Marcha Z exhibe la urgencia de escuchar, comprender y responder a un malestar que no se resuelve con señalamientos, sino con políticas que conecten con la realidad de quienes hoy exigen ser tomados en serio.
LA CONDENA SELECTIVA DE LA SCJN
El pronunciamiento del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tras los daños al edificio de la Suprema Corte durante la marcha de la Generación Z revela un problema de fondo: la institución reconoce el enojo juvenil, pero parece incapaz de escuchar su contexto completo. Condenar los destrozos es legítimo, incluso necesario, cuando se agrede un espacio simbólico del Estado; sin embargo, resulta insuficiente y políticamente incompleto que la SCJN guarde silencio absoluto sobre las agresiones que civiles y periodistas sufrieron a manos de elementos policiacos durante la misma protesta. Esa omisión—tan notoria como incómoda—envía un mensaje peligroso: que la violencia institucional puede pasar desapercibida mientras la violencia ciudadana es exhibida y señalada con rigor. En un país donde la desconfianza hacia las autoridades crece y las juventudes sienten cerrados los canales institucionales, las palabras del ministro piden “conducirse en términos institucionales”, pero olvidan que esos términos deben ser recíprocos. Si la Corte quiere mantener abiertas sus puertas, debe abrir también su mirada: escuchar el descontento, reconocer los abusos policiales y defender la libertad de expresión en su totalidad.
BANALIZA LÓPEZ OBRADOR CASOS DE DESAPARECIDOS
Que un funcionario público reduzca la desaparición de personas a un simple “andaban de parranda” revela no sólo una profunda insensibilidad, sino una peligrosa concepción del problema que afecta a miles de familias en Tabasco y en todo el país. José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno, no habló desde la evidencia ni desde la prudencia institucional: habló desde el desdén. Mientras las cifras oficiales registran más de 4 mil 800 desaparecidos en la entidad y más de 2 mil personas que aún no aparecen, minimizar la angustia de quienes buscan a un ser querido es un agravio que profundiza la desconfianza en las autoridades. Aunque el funcionario presume hallazgos del primer año del gobierno de Javier May, la realidad es que la desaparición, incluso cuando termina en un hallazgo sin vida, deja cicatrices irreparables y exige rigor, empatía y políticas serias, no chascarrillos. Las familias no buscan discursos complacientes; buscan justicia, verdad y un Estado que no trivialice su dolor. Cuando la autoridad se permite bromear con la tragedia, confirma que la principal pendiente no es solo encontrar a los desaparecidos, sino reconstruir el respeto y la responsabilidad que deberían ser la base del servicio público.