Redacción / El Tiempo
JUSTICIA HISTÓRICA EN MARCHA PARA EL PUEBLO YAQUI
El seguimiento al Plan de Justicia Yaqui encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, confirma que este esfuerzo trasciende el discurso y se traduce en acciones concretas para saldar una de las deudas históricas más profundas del Estado mexicano. La inversión de más de 18 mil 346 millones de pesos en salud, derechos del agua, restitución territorial, infraestructura hidráulica como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018 representa un avance sin precedentes que coloca al pueblo Yaqui en el centro de una política pública basada en el respeto, la autonomía y la justicia social. En un país donde los pueblos originarios han sido históricamente relegados, el diálogo directo con las autoridades tradicionales y la evaluación permanente de resultados marcan una diferencia sustancial frente a prácticas del pasado. La articulación con programas federales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como Cosechando Soberanía, refuerza además una visión integral que vincula desarrollo social con autosuficiencia alimentaria. El reto ahora no es menor: sostener el ritmo, garantizar la transparencia y asegurar que los beneficios lleguen de manera equitativa a las comunidades.
CANANEA: EL FIN DE UNA HERIDA LABORAL ABIERTA
La conclusión de la huelga en la mina de Cananea, tras más de 18 años de resistencia, no es solo el cierre de un conflicto sindical, sino el reflejo de una deuda histórica del Estado mexicano con su clase trabajadora. Durante casi dos décadas, los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero enfrentaron desempleo, precariedad, persecución y la pérdida irreparable de al menos 52 compañeros, en un contexto marcado por la confrontación con uno de los grupos empresariales más poderosos del país y por la indiferencia, cuando no complicidad, de gobiernos federales pasados. Cananea se convirtió en símbolo de la desigualdad estructural entre capital y trabajo, donde la ley y la justicia parecían operar con distinto rasero según el poder económico de las partes. Que este conflicto haya encontrado salida mediante un Plan de Solución Integral, con la participación de autoridades federales y del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, representa un acto tardío pero necesario de reconocimiento al derecho de los trabajadores a una reparación mínima. Sin embargo, el cierre de la huelga no borra los años perdidos, las familias fracturadas ni las vidas que quedaron en el camino. El verdadero desafío está en que Cananea no se repita: que las instituciones laborales actúen a tiempo, que el Estado recupere su papel como árbitro y que la justicia social deje de depender de la resistencia heroica de quienes, aun en el abandono, se negaron a rendirse.
LECCIONES PENDIENTES PARA EL PRI
Las declaraciones de Mary Leyva, presidenta del PRI en Cajeme, reflejan un intento por deslindarse del pasado reciente del partido sin evadir una autocrítica necesaria en un momento particularmente delicado para el priismo sonorense, marcado por los procesos judiciales contra exfuncionarios del sexenio de Claudia Pavlovich. Su llamado a “aprender de los errores del pasado” no solo es pertinente, sino indispensable para una fuerza política que ha visto erosionada su credibilidad tras los señalamientos de presuntos desvíos de recursos y peculado que hoy enfrentan figuras como Víctor Guerrero, Ernesto de Lucas Hopkins, Francisco Alberto Curiel Montiel y Raúl Navarro Gallegos, ya vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República. El tono prudente de Leyva, al esperar que concluyan las investigaciones antes de fijar una postura definitiva, busca proyectar respeto al debido proceso, pero también evidencia la dificultad del PRI para construir un discurso claro frente a su propia historia reciente. La ciudadanía, como ella misma reconoce, está cansada de ver repetirse las mismas historias de corrupción, ineficiencia y falta de rendición de cuentas. Si el PRI pretende mantenerse vigente, no basta con decir que “no fue en mi tiempo”; se requiere asumir responsabilidades políticas, impulsar una renovación real de prácticas y cuadros, y demostrar con hechos que las lecciones del pasado no solo se enuncian, sino se aplican.
¿VOTO OBLIGATORIO O DEMOCRACIA CONVENCIDA?
El planteamiento del diputado Ricardo Monreal Ávila de revisar la posibilidad de fortalecer el carácter obligatorio del voto en México reabre un debate de fondo sobre la calidad de la democracia y la participación ciudadana. Combatir el abstencionismo es, sin duda, un objetivo legítimo en un país donde amplios sectores de la población se mantienen al margen de las urnas; sin embargo, la pregunta central no es solo cómo obligar a votar, sino por qué millones de ciudadanos han dejado de hacerlo. En la Constitución, el sufragio ya es una obligación cívica, pero su falta de sanciones lo ha convertido en un deber simbólico más que en una exigencia efectiva. Avanzar hacia incentivos o consecuencias legales, como ocurre en otras democracias de América Latina, puede elevar artificialmente la participación, pero no necesariamente fortalecer la confianza en las instituciones ni mejorar la calidad del voto. El riesgo es confundir participación con legitimidad. Una democracia sólida no se construye únicamente con ciudadanos forzados a acudir a las urnas, sino con instituciones creíbles, procesos transparentes y opciones políticas que representen verdaderamente a la sociedad. La reflexión que impulsa Monreal debe ir acompañada de una revisión más amplia: partidos responsables, autoridades electorales fuertes y gobiernos que respondan a las demandas sociales.
UN NUEVO ROSTRO PARA UN VIEJO PARTIDO
El posicionamiento de Alessandra Rojo de la Vega como la priista mejor ubicada rumbo a 2030, según la encuesta de México Elige, no solo refleja un fenómeno individual, sino el síntoma de una crisis más profunda dentro del PRI: la urgencia de reinventarse o resignarse a la irrelevancia. Que una figura relativamente reciente, con un perfil más asociado al activismo y la comunicación que a la vieja estructura partidista, lidere las preferencias sobre nombres tradicionales como Alejandro Moreno, Ildefonso Guajardo o Manolo Jiménez, habla del desgaste de las élites históricas del tricolor. Rojo de la Vega representa, para ciertos sectores, una ruptura narrativa con el pasado inmediato del PRI, marcado por escándalos, derrotas electorales y una dirigencia cuestionada. Sin embargo, su crecimiento también plantea interrogantes: ¿es un proyecto sólido de partido o una apuesta personal en un instituto político debilitado? El respaldo en la población general sugiere que su atractivo trasciende al priismo duro, pero el reto será convertir simpatía en estructura y credibilidad nacional. Para el PRI, esta medición debería ser una llamada de atención: el electorado ya no busca apellidos históricos ni liderazgos tradicionales, sino perfiles que conecten con nuevas agendas.