Redacción / El Tiempo
SONORA APUESTA A LA ENERGÍA SOLAR COMO MOTOR DE FUTURO
El impulso que el gobernador Alfonso Durazo Montaño da a la energía solar con la Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco confirma que Sonora busca jugar en las grandes ligas de la transición energética y no solo como discurso, sino con proyectos concretos y de alto impacto. La inversión federal de 347 millones de dólares, respaldada por el Gobierno de México y la Comisión Federal de Electricidad, no es menor: refleja una apuesta estratégica que coloca al estado como pilar del Plan Sonora de Energías Sostenibles y como referente nacional en energías limpias. Llevar electricidad a alrededor de 250 mil hogares sonorenses y reducir hasta 1.4 millones de toneladas de emisiones de carbono al año no solo tiene un valor ambiental, sino también social y económico, en un contexto donde el desarrollo debe ir de la mano con la sostenibilidad. El reconocimiento explícito de Durazo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subraya la coordinación política necesaria para concretar proyectos de esta magnitud. Con una capacidad instalada de 300 megawatts, la planta de Puerto Peñasco no solo fortalece la infraestructura energética del estado, sino que envía un mensaje claro: Sonora apuesta por un modelo de crecimiento que combina innovación, responsabilidad ambiental y bienestar a largo plazo.
EL DESCARRILAMIENTO QUE ALCANZA A LA PLANEACIÓN DEL ESTADO
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, con un saldo de 13 personas fallecidas, no solo expone una tragedia humana sino una discusión de fondo sobre el modelo de gestión de las obras estratégicas en México, como lo plantea el senador Manuel Añorve al cuestionar el control de la Secretaría de Marina en este proyecto. Más allá del intercambio político entre gobierno y oposición, el accidente reabre un debate incómodo pero necesario: hasta dónde es funcional y seguro delegar a las Fuerzas Armadas tareas eminentemente técnicas y civiles. El señalamiento directo al diseño del proyecto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador refleja una crítica recurrente a la prisa por inaugurar obras emblemáticas sin consolidar esquemas de operación especializados. La advertencia del PRI sobre la ausencia de expertos ferroviarios no puede descartarse como simple oportunismo político cuando hay vidas perdidas de por medio. Este episodio obliga a revisar responsabilidades, pero también a evaluar si la militarización de infraestructura estratégica responde a criterios de eficiencia o a decisiones políticas que priorizan el control sobre la experiencia técnica.
ENTRE LA LEGALIDAD FORMAL Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL
La designación de Ulises Lara López como fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR por instrucciones de Ernestina Godoy reabre un debate que va más allá de un nombramiento administrativo y toca el corazón de la credibilidad institucional. Si bien en los registros oficiales Lara cuenta hoy con cédula profesional en Derecho, no puede ignorarse que su trayectoria reciente estuvo marcada por la polémica del llamado “título exprés”, revelado por Latinus en 2024, cuando obtuvo el grado un día después de asumir un encargo para el que, hasta ese momento, no cumplía con los requisitos legales. En un país donde la procuración de justicia enfrenta una profunda crisis de confianza, los símbolos importan tanto como la legalidad estricta. El mensaje que se envía con este nombramiento es delicado: se privilegia la cercanía política y la lealtad institucional sobre la percepción de mérito y solvencia profesional. Ernestina Godoy apuesta por un perfil conocido y alineado, pero el costo puede ser alto si la ciudadanía percibe que la FGR normaliza atajos que debilitan la exigencia ética del servicio público. La justicia no solo debe ejercerse conforme a la ley, también debe parecerlo, especialmente en asuntos relevantes que demandan legitimidad plena.
CUANDO LA RETÓRICA ANTISISTEMA CHOCA CON LA REALIDAD ELECTORAL
La decisión del Movimiento Viva México, encabezado por Eduardo Verástegui y presidido jurídicamente por José Mireles Verástegui, de desistir de su registro como partido político confirma una constante en los proyectos que se asumen como “antisistema”: la dificultad de traducir el discurso ideológico en estructura política viable. El argumento de que el marco legal hace inviable la competencia para fuerzas “independientes” omite un punto central: las reglas electorales son las mismas para todos y han sido superadas, con mayor o menor éxito, por nuevas expresiones políticas en distintos momentos. Más que una trampa jurídica, el caso evidencia las limitaciones organizativas, territoriales y de financiamiento de un movimiento que ha apostado más a la narrativa moral y religiosa que a la construcción de bases amplias. El fracaso previo de Verástegui como candidato independiente en 2024 refuerza esta lectura. La salida anticipada del proceso partidista permite al movimiento preservar su identidad sin someterse al escrutinio institucional, pero también lo margina de la competencia real por el poder.
NOROÑA Y LA POLÍTICA DEL ESCÁNDALO PERMANENTE
El nuevo altercado protagonizado por Gerardo Fernández Noroña en Roma vuelve a colocar al senador de Morena en el centro de una polémica que ya no sorprende, pero sí desgasta. Más allá de si existió o no una agresión física, el episodio refleja un patrón recurrente: confrontación, descalificación y una narrativa de victimización frente a cualquier cuestionamiento ciudadano. Que un legislador sea increpado en el extranjero por su conducta pública no debería derivar en insultos ni en escenas que alimentan la percepción de intolerancia, menos aún cuando se trata de un representante popular que suele exigir rendición de cuentas a otros. La contradicción es evidente cuando Noroña promueve la austeridad y la congruencia desde el discurso, pero acumula antecedentes de viajes internacionales polémicos, algunos incluso financiados con recursos del Senado. La opacidad sobre sus traslados y la reacción airada ante críticas legítimas erosionan el argumento de que se trata solo de “golpeteo” político. En un momento en que la clase política enfrenta un profundo descrédito, episodios como este no fortalecen a Morena ni al Senado, sino que refuerzan la idea de que ciertos liderazgos siguen apostando al escándalo como forma de protagonismo, aun a costa de la investidura que representan.