Redacción / El Tiempo
SEGURIDAD CON RESPALDO INSTITUCIONAL Y MENSAJE POLÍTICO CLARO
La entrega de 37 nuevas patrullas a la Policía Estatal de Seguridad Pública y el reconocimiento a más de 100 elementos en el marco del Día del Policía 2026 no es un acto menor ni meramente ceremonial, sino una señal política clara del rumbo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha decidido imprimir a su estrategia de seguridad. Al pasar de 286 patrullas al inicio de su administración a más de 500 unidades en operación, el Gobierno de Sonora apuesta por un fortalecimiento tangible del estado de fuerza, acompañado de un discurso de dignificación policial que busca cerrar la brecha histórica entre exigencia y respaldo institucional. La inversión superior a los 50.6 millones de pesos refleja una prioridad presupuestal que contrasta con épocas en las que las corporaciones eran enviadas a enfrentar contextos complejos sin herramientas suficientes. El énfasis del mandatario en reconocer el heroísmo, la vocación de servicio y la memoria de los policías caídos refuerza una narrativa de corresponsabilidad entre gobierno y elementos de seguridad, indispensable para recuperar la moral interna y la confianza ciudadana. Sin embargo, el reto va más allá del equipamiento: estas acciones deberán traducirse en resultados sostenidos, profesionalización continua y una mejora perceptible en la seguridad pública. La política de seguridad no se mide solo en patrullas entregadas o ceremonias emotivas, sino en la capacidad del Estado para garantizar paz, legalidad y cercanía con la sociedad, un compromiso que hoy el gobierno de Alfonso Durazo ha puesto de nuevo sobre la mesa.
LA CORTE PONE UN FRENO A LOS EXCESOS CONTRA LA PROTESTA SOCIAL
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que elimina en Sonora el requisito de autorización previa para manifestarse representa un recordatorio contundente de los límites que el poder político no puede cruzar cuando se trata de derechos fundamentales. Al declarar inconstitucional una reforma impulsada en 2024 por el Congreso local, dominado por Morena y aliados, la Corte dejó claro que condicionar la protesta a la anuencia de la autoridad es propio de un sistema antidemocrático, como lo subrayó la ministra Loretta Ortiz. El fallo no solo corrige un exceso legislativo, sino que reafirma que el derecho a la reunión y a la libre expresión no se ‘pide’, se ejerce. Si bien los ministros mantuvieron la figura del aviso previo, precisaron algo clave: no es un requisito obligatorio ni otorga facultades para impedir, modificar o disolver una manifestación, cerrando la puerta a interpretaciones discrecionales. En un contexto donde la protesta social suele incomodar al poder, la sentencia envía un mensaje institucional de gran calado: la seguridad vial o el orden administrativo no pueden ser pretextos para restringir libertades. Más allá del debate jurídico, la decisión fortalece el equilibrio democrático y evita que normas ambiguas se conviertan en herramientas de control político.
EL DESAFÍO PENDIENTE DE LOS ‘CARROS CHOCOLATE’
La cancelación del programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera dejó al descubierto un vacío institucional que hoy enfrenta Hermosillo y que exige respuestas coordinadas y responsables. Lo señalado por el comisario general de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, pone sobre la mesa una realidad ineludible: miles de automóviles circulan con placas de afiliación sin un registro oficial, lo que complica las tareas de seguridad, control vehicular e incluso la investigación de delitos. Estos autos, que comenzaron a ingresar masivamente desde 2022 bajo la expectativa de ser regularizados, se convirtieron en un problema social que no puede resolverse únicamente con medidas locales. La ausencia de un padrón confiable limita la capacidad de las autoridades para identificar unidades involucradas en hechos delictivos y genera una sensación de desorden que impacta tanto en la movilidad como en la percepción de legalidad. Al mismo tiempo, es evidente que detrás de esta problemática hay miles de familias que adquirieron estos vehículos como una alternativa económica ante la falta de opciones formales. Por ello, el futuro de los llamados ‘carros chocolate’ no debe abordarse desde una lógica punitiva, sino desde una solución integral que articule a los gobiernos municipal, estatal y federal. Sin una política clara y coordinada, el problema seguirá creciendo; con diálogo, registro y reglas definidas, puede transformarse en una oportunidad para recuperar control, fortalecer la seguridad y brindar certeza jurídica a quienes hoy transitan en la informalidad.
MÉXICO Y LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA COMO PRINCIPIO IRRENUNCIABLE
El posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo acontecido en Venezuela reafirma una de las líneas más consistentes y reconocibles de la política exterior mexicana: la defensa de la soberanía de las naciones y el rechazo categórico a cualquier forma de intervención extranjera. Al subrayar que México mantiene una postura firme, clara y sin ambigüedades basada en el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, Sheinbaum no solo apela a la tradición diplomática del país, sino también a un mandato constitucional y al respeto del derecho internacional. Su llamado a recordar la historia de América Latina resulta pertinente, pues las intervenciones externas han dejado más inestabilidad que democracia y más dependencia que bienestar duradero. En este contexto, la presidenta coloca en el centro el derecho de cada pueblo a decidir su futuro, su modelo político y el destino de sus recursos naturales, sin presiones ni tutelajes. Asimismo, su propuesta de avanzar hacia una nueva visión continental basada en la cooperación, la integración económica regional y el desarrollo compartido plantea una alternativa frente a la confrontación y el aislamiento. En la relación con Estados Unidos, el énfasis en la cooperación sin subordinación marca un equilibrio necesario: colaboración para enfrentar desafíos comunes, como el narcotráfico, pero siempre desde el respeto mutuo y la soberanía nacional.
MADURO Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL
La incorporación del abogado Bruce Fein al equipo legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos confirma que el conflicto venezolano ha entrado de lleno en una etapa de judicialización con profundas implicaciones políticas y geopolíticas. Más allá del expediente penal que enfrenta el mandatario venezolano en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la estrategia de defensa busca disputar el relato de fondo: si se trata de un proceso estrictamente jurídico o de una extensión del choque político entre Washington y Caracas. La trayectoria de Fein, con pasado en la administración de Ronald Reagan y una larga carrera como constitucionalista crítico de intervenciones militares y excesos del poder ejecutivo estadounidense, sugiere que la defensa no se limitará a los cargos de narcotráfico, sino que cuestionará la legitimidad, competencia y motivaciones del sistema judicial de Estados Unidos para juzgar a un jefe de Estado extranjero. En ese contexto, la presencia de Barry Pollack y ahora de Fein apunta a un litigio largo, mediático y con alto contenido político, en el que cada audiencia será también un mensaje internacional. El caso de Nicolás Maduro vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre soberanía, jurisdicción extraterritorial y el uso del derecho penal como herramienta de presión política, un terreno resbaladizo que, lejos de resolverse en los tribunales, seguirá tensando las relaciones hemisféricas y alimentando la polarización global.