Redacción / El Tiempo
SALUD PÚBLICA COMO POLÍTICA DE ESTADO EN SONORA
El avance en la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado representa algo más que una obra de infraestructura: es una señal clara de que la salud pública ha sido colocada como una prioridad estratégica en la agenda del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Con una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos y una capacidad de 120 camas censables para atender a más de 128 mil derechohabientes, este hospital de primer nivel responde a una demanda histórica de una región fronteriza que durante años enfrentó rezagos en servicios médicos especializados. El hecho de que Durazo haya ‘tocado puertas’ a nivel federal hasta conseguir los recursos evidencia una gestión activa y persistente, reforzada por el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya coordinación ha permitido no solo edificar nuevos hospitales, sino también modernizar el sistema, garantizar abasto de medicamentos y fortalecer el personal médico. La visión se amplía cuando se observa que, además de San Luis Río Colorado, se impulsan cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. En conjunto, estas acciones configuran una política de Estado orientada a cerrar brechas, dignificar la atención médica y transformar de fondo la infraestructura hospitalaria de Sonora, colocando el bienestar social como eje del desarrollo.
VIVIENDA DEL BIENESTAR: UN PASO NECESARIO PARA LA JUSTICIA SOCIAL EN CAJEME
El anuncio de que en un plazo aproximado de tres meses podrían comenzar a habitarse las casas del Bienestar en Cajeme representa más que un avance en obra pública: es una señal concreta de que la política social puede traducirse en resultados tangibles para las familias que históricamente han sido excluidas del acceso a una vivienda digna. El proyecto que se desarrolla en la colonia Machi López, y que beneficiará a 250 familias seleccionadas mediante sorteo, refleja un esfuerzo institucional por atender una de las carencias más sensibles del municipio. La postura del alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, al reconocer que este no debe ser un proyecto aislado, sino parte de una estrategia integral, apunta en la dirección correcta al priorizar la coordinación con instancias como la Comisión Nacional de Vivienda, Infonavit y el Gobierno Federal. El desafío, como él mismo lo señala, radica en la disponibilidad de terrenos, un problema estructural que requiere planeación, voluntad política y gestión constante. En un contexto donde el déficit habitacional sigue marcando profundas desigualdades, iniciativas como estas adquieren un valor social incuestionable, pues no solo ofrecen un techo, sino también estabilidad, arraigo y la posibilidad real de mejorar la calidad de vida de las familias cajemenses.
INCERTIDUMBRE POR AUTOS ‘CHUECOS’
La cancelación del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera dejó al descubierto un problema que por años se postergó y que hoy vuelve a colocarse en el centro del debate público: la circulación de miles de unidades sin certeza jurídica. En Sonora, cerca de 20 mil vehículos quedaron fuera del programa y continúan transitando, generando no solo un vacío legal, sino también implicaciones en materia de seguridad, movilidad y orden administrativo. Ante este escenario, las organizaciones conocidas como ‘pafas’ han optado por hablar de ‘incertidumbre’, cuando en realidad el problema es más profundo y estructural. El programa federal no fue cancelado de manera arbitraria; como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió su objetivo inicial y, además, comenzó a incentivar la importación de un número de vehículos mayor al previsto, distorsionando su razón de ser. Persistir en la narrativa de la incertidumbre sin reconocer estas razones solo contribuye a la confusión social. El reto ahora no está en revivir esquemas temporales, sino en construir una política integral que atienda la realidad económica de miles de familias sin fomentar la irregularidad. La certeza jurídica no puede basarse en excepciones permanentes, sino en soluciones claras, responsables y sostenibles que ordenen el parque vehicular y fortalezcan el estado de derecho.
OTRA VEZ EN LA MIRA ALCALDESA DE ACAPULCO
El caso que involucra a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por la presunta posesión de un lujoso collar valuado en más de 227 mil pesos vuelve a colocar en el centro del debate la delgada línea entre el ejercicio del poder y la ética pública. Más allá de si la pieza de la marca Van Cleef & Arpels fue comprada o recibida como ‘regalo’, como declaró la propia edil, el fondo del asunto radica en la responsabilidad que implica ser servidora pública y en la obligación de conducirse con austeridad, transparencia y congruencia. La apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero por el posible delito de cohecho no es un hecho menor, sobre todo cuando el Código Penal es claro al señalar que cualquier dádiva recibida por un funcionario puede constituir una falta grave. Este episodio se suma a un historial de señalamientos que incluyen presuntas irregularidades por 898 millones de pesos, intentos de censura y acusaciones de abuso de poder, lo que debilita aún más la confianza ciudadana en su administración. En un contexto nacional donde el discurso oficial insiste en la honestidad y la austeridad como principios rectores, los actos y declaraciones de figuras como Abelina López Rodríguez no solo son un asunto personal, sino un reflejo del compromiso real con la rendición de cuentas y el respeto a la legalidad.
PANISTAS PRESENTAN DENUNCIA POR ACCIDENTE DEL TREN INTEROCEÁNICO
La denuncia presentada por diputados del PAN contra los exsecretarios de Marina Rafael Ojeda Durán y Raymundo Pedro Morales, así como contra Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas, marca un punto crítico en la discusión sobre la rendición de cuentas en las grandes obras públicas del país. Más allá del debate político inevitable, el caso expone la necesidad de que las instituciones actúen con rigor ante una tragedia humana que no puede reducirse a un error administrativo ni a un simple accidente. Las exigencias planteadas por Kenia López Rabadán y Elías Lixa apuntan a un reclamo legítimo de justicia, en el que las indemnizaciones no sustituyen la obligación del Estado de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Al mismo tiempo, los señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos, supervisiones honorarias y advertencias previas ignoradas, como lo plantearon Héctor Saúl Téllez, Federico Döring y Diana Gutiérrez Valtierra, obligan a revisar si la cercanía al poder político se tradujo en impunidad. En un país donde la seguridad de la infraestructura pública es vital, el esclarecimiento de este caso será una prueba para la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también para la credibilidad del discurso oficial sobre honestidad, justicia y respeto a la vida.