CULTURA QUE UNE Y PROYECTA A SONORA
La edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado confirma que la cultura no solo es identidad y memoria, sino también una poderosa herramienta de cohesión social y desarrollo regional, y en ese sentido la invitación del gobernador Alfonso Durazo Montaño a vivir el FAOT 2026 en Álamos llega en un momento oportuno para recordar el valor estratégico del arte en la vida pública. Más allá de la cartelera de primer nivel, con figuras como María Katzarava, Ainhoa Arteta, Filippa Giordano y Ailyn Pérez, el festival representa una política cultural que apuesta por el acceso gratuito, la convivencia familiar y la proyección internacional de Sonora. Que Marruecos y Aguascalientes participen como invitados de honor refuerza el intercambio cultural y posiciona al estado en el mapa global del bel canto y las expresiones contemporáneas. Además, el impacto económico para Álamos y la región es innegable: turismo, servicios y empleo temporal encuentran en el FAOT un motor que dinamiza al Pueblo Mágico sin perder su esencia. En tiempos donde la agenda pública suele centrarse en conflictos y carencias, el festival ofrece un respiro y un mensaje claro: la cultura también es bienestar. Honrar la memoria de Alfonso Ortiz Tirado mientras se llenan plazas y calles de música y arte es una forma efectiva de construir comunidad, fortalecer la identidad sonorense y demostrar que invertir en cultura es invertir en futuro.
HOY SE REANUDAN AUDIENCIAS EN CASO WALDOS
La reanudación de la audiencia inicial por el incendio de la tienda Waldos, tragedia que cobró la vida de 24 personas el pasado 1 de noviembre, representa un momento decisivo no solo en términos jurídicos, sino también en el ámbito social y moral. Tras el paréntesis decretado el 26 de diciembre, este martes 13 de enero se abre una etapa clave donde se definirán imputaciones, posibles vinculaciones a proceso, medidas cautelares y el plazo de la investigación complementaria, elementos que marcarán el rumbo del caso. No se trata de un expediente más: es un proceso que concentra la atención de una sociedad que exige verdad, responsabilidades claras y justicia efectiva. Las declaraciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, al estimar que la investigación complementaria podría extenderse alrededor de un año, evidencian la complejidad del asunto, pero también el riesgo de que el tiempo se convierta en un factor de desgaste para las víctimas indirectas. El desafío del Poder Judicial será equilibrar el debido proceso con la necesidad de evitar dilaciones que alimenten la percepción de impunidad. Cada resolución que emane de esta audiencia será observada con lupa, porque en ella no solo se juzgan hechos y omisiones, sino la capacidad de las instituciones para responder con sensibilidad, firmeza y transparencia ante una de las tragedias más dolorosas de los últimos años.
FRACTURAS INTERNAS Y VIOLENCIA POLÍTICA
La denuncia de la diputada de Morena, Gabriela Jiménez, por presuntas agresiones orquestadas por funcionarios de la alcaldía Azcapotzalco, gobernada por Nancy Marlene Núñez Reséndiz, vuelve a exhibir las tensiones internas que atraviesan al partido en el poder y plantea un debate ineludible sobre la normalización de la violencia política, particularmente contra las mujeres. Más allá de las diferencias ideológicas o estratégicas, los hechos descritos —abucheos, consignas y descalificaciones en un acto público— reflejan prácticas que contradicen los principios de participación democrática y pluralidad que Morena dice enarbolar. La decisión de Gabriela Jiménez de acudir a la Comisión de Honestidad y Justicia no solo busca una sanción interna, sino enviar un mensaje político: los conflictos no deben resolverse mediante linchamientos públicos ni el uso de estructuras gubernamentales para deslegitimar a adversarios internos. El caso también coloca bajo escrutinio a las autoridades locales, pues de confirmarse la participación de servidores públicos, se trataría de un uso indebido del poder institucional con fines facciosos. En un contexto donde Morena enfrenta el reto de mantener cohesión rumbo a futuros procesos electorales, episodios como este erosionan su discurso ético y alimentan la percepción de que la lucha por el control político interno puede imponerse incluso a costa del respeto y la legalidad. La respuesta institucional será clave para medir la congruencia entre el discurso y la práctica.
TRANSPARENCIA A PRUEBA
La exigencia del PAN de auditar el aumento de más de 11 mil por ciento en la partida presupuestal que maneja Adán Augusto López vuelve a colocar en el centro del debate un tema tan sensible como recurrente en la política mexicana: el uso discrecional de los recursos públicos. Más allá del choque partidista, las cifras por sí solas generan suspicacia en una sociedad cansada de explicaciones técnicas que pocas veces se traducen en claridad real. Adán Augusto sostiene que el incremento obedece a una reclasificación contable ordenada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y aunque el argumento puede ser jurídicamente válido, políticamente resulta insuficiente si no va acompañado de una rendición de cuentas exhaustiva y verificable. Cuando una partida pasa de poco más de ocho millones a casi 900 millones de pesos, el deber de explicar con detalle no es una concesión a la oposición, sino una obligación frente a la ciudadanía. Las acusaciones del PAN sobre posible control político o uso electoral de la llamada “caja chica” pueden sonar exageradas, pero encuentran terreno fértil en la opacidad histórica del Poder Legislativo. En un contexto donde Morena presume una nueva ética pública, este caso representa una prueba clave: transparentar a fondo el gasto, abrirlo al escrutinio y disipar dudas.
NIEGA FERNÁNDEZ NOROÑA HABER VIAJADO EN PRIMERA CLASE
La polémica en torno a Gerardo Fernández Noroña y su viaje en la sección Premier One expone, una vez más, la delicada frontera entre la explicación técnica y la percepción pública. El senador niega haber viajado en “primera clase” bajo el argumento de que oficialmente esa categoría no existe, pero el debate de fondo no es semántico, sino político y ético. Para un legislador que ha construido su discurso en la austeridad republicana y la crítica constante a los privilegios del pasado, aparecer descansando en un asiento de lujo inevitablemente genera cuestionamientos sobre congruencia, más allá de si el boleto se llama primera clase, ejecutiva o Premier. La respuesta de Noroña, al calificar las críticas como acoso mediático, puede cerrar filas con su base más leal, pero difícilmente convence a una opinión pública que exige coherencia entre discurso y práctica. En tiempos donde la narrativa de la Cuarta Transformación se sostiene en la diferencia moral frente a gobiernos anteriores, estos episodios erosionan la autoridad ética del movimiento y alimentan la desconfianza. Nadie discute el derecho de un senador a viajar o a desempeñar su agenda internacional, pero sí resulta legítimo preguntar cómo y con qué recursos lo hace. Minimizar la discusión como intriga o distracción es una salida fácil que evita el debate de fondo: la necesidad de transparencia y congruencia personal en quienes se presentan como referentes de una nueva forma de hacer política.