Redacción / El Tiempo
MULTAS QUE EXHIBEN AL SISTEMA
Las sanciones millonarias impuestas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a diversos partidos políticos dejan al descubierto una realidad incómoda: el incumplimiento de la ley electoral no es una excepción, sino una práctica extendida entre fuerzas de todos los colores. Que el PRI encabece la lista con más de cinco millones de pesos en multas, seguido por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Sonora y el PRD, demuestra que nadie está exento de irregularidades cuando se trata de procesos internos, paridad de género o campañas anticipadas. El mensaje del consejero presidente Nery Ruiz es claro: la autoridad electoral está dispuesta a aplicar la ley, aunque los sancionados sean actores centrales del sistema político local. Sin embargo, estas multas también abren un debate más profundo sobre la eficacia de las sanciones económicas como mecanismo de corrección, pues al final se pagan con recursos públicos que los propios partidos reciben. La reiteración de faltas sugiere que el castigo financiero no siempre genera un cambio de conducta real. Más allá de los montos, el verdadero desafío está en fortalecer una cultura de legalidad y responsabilidad política, donde cumplir la norma no sea visto como un obstáculo, sino como una condición básica de la democracia. Mientras eso no ocurra, las sanciones seguirán siendo noticia, pero no solución.
ESTIRA Y AFLOJA
El debate en torno a la reforma electoral confirma que las tensiones más complejas no siempre se libran entre gobierno y oposición, sino al interior de las propias alianzas. El dicho popular de que “para que la cuña apriete debe ser del mismo palo” cobra vigencia cuando el principal freno a la iniciativa de Morena para reducir diputaciones y senadurías plurinominales, así como el financiamiento público a los partidos, proviene del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, sus socios naturales. Las advertencias de los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Luis Armando Melgar no son menores: alertan que estos cambios provocarían inequidad en las contiendas y debilitarían la representación proporcional, uno de los pocos contrapesos reales para las fuerzas minoritarias en el sistema político. Su postura firme sugiere que no están dispuestos a sacrificar espacios que garantizan pluralidad y supervivencia política, aun cuando eso implique tensar la relación con Morena. En este escenario, la versión de que el partido gobernante podría buscar acuerdos con el PRI o el PAN para sacar adelante la reforma revela una paradoja: una iniciativa que pretende “democratizar” el sistema podría aprobarse con alianzas coyunturales y no con el consenso de la coalición en el poder. El estira y afloja no solo exhibe fisuras internas, sino que anticipa una negociación política donde el pragmatismo podría imponerse a los principios que se dicen defender.
LA COSA JUZGADA COMO LÍMITE
La decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de frenar un nuevo intento de la ministra Lenia Batres Guadarrama por reabrir sentencias firmes reafirma un principio elemental del Estado de derecho: la cosa juzgada no es materia de reinterpretación permanente ni un terreno disponible según mayorías coyunturales. El mensaje del tribunal es claro y necesario en un contexto de alta politización judicial: las resoluciones definitivas no pueden someterse a revisión indefinida bajo figuras jurídicas que no aplican al caso concreto. Al respaldar la improcedencia del recurso y suprimir la referencia a la cosa juzgada fraudulenta, ministras y ministros como Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Giovanni Azael Figueroa Mejía defendieron no solo la técnica jurídica, sino la certeza legal que garantiza estabilidad al sistema judicial. Pretender reabrir fallos cerrados, aun bajo el argumento de nuevas interpretaciones, debilita la confianza en las instituciones y coloca a la justicia en un estado de provisionalidad permanente. La votación y el énfasis en dejar constancia formal de las posturas reflejan la relevancia del debate y la necesidad de trazar límites claros. En una Suprema Corte electa por voto popular y bajo constante escrutinio, preservar la fuerza de las sentencias firmes es también una forma de proteger su legitimidad y evitar que la justicia se convierta en rehén de disputas internas o agendas personales.
FUEGO AMIGO EN MORENA
Las versiones sobre un presunto sabotaje de Luisa María Alcalde a los acercamientos con Jorge Álvarez Máynez revelan que Morena no solo enfrenta tensiones externas, sino un serio problema de coordinación interna que puede tener costos políticos mayores. Mientras desde Palacio Nacional algunos actores apuestan por una relación institucional con Movimiento Ciudadano para destrabar acuerdos estratégicos, particularmente en la reforma electoral, la dirigencia nacional del partido guinda parecería optar por una lógica de confrontación que cancela cualquier posibilidad de entendimiento. Este doble discurso proyecta una imagen de desorden y contradicción que debilita la capacidad negociadora de Morena en un momento clave. Jorge Álvarez Máynez, como coordinador nacional de MC, se convierte así en un interlocutor incómodo para una dirigencia que privilegia la disciplina partidista por encima del pragmatismo político, aun cuando el contexto legislativo exige sumar y no aislar. La figura de Luisa María Alcalde, lejos de consolidar puentes, aparece asociada a una estrategia de cerrazón que complica los equilibrios que se intentan construir desde el poder ejecutivo. Si estas fracturas persisten, Morena corre el riesgo de convertir sus diferencias internas en un obstáculo para sus propias reformas, confirmando que, en política, el fuego amigo suele ser más dañino que la oposición abierta.
CRISIS DIPLOMÁTICA EN EL REINO UNIDOS
Las revelaciones sobre la gestión de Josefa González-Blanco como embajadora de México en el Reino Unido no solo exhiben un problema de trato personal, sino una falla estructural en los mecanismos de supervisión del Servicio Exterior Mexicano que el Estado no puede minimizar. Las 16 denuncias formales, la salida de al menos 40 funcionarios y los testimonios que describen prácticas como la llamada “dog house” configuran un patrón que rebasa lo anecdótico y coloca a la diplomacia mexicana bajo un foco internacional incómodo. Que estas acusaciones hayan persistido desde 2021 sin una intervención oportuna plantea preguntas sobre la tolerancia institucional frente al abuso de poder, especialmente cuando se trata de representantes del país en el extranjero. La designación de Alejandro Gertz Manero como sustituto ocurre en un contexto de daño interno que no se repara solo con un relevo, sino con una revisión profunda de responsabilidades y omisiones. Más allá de la figura de Josefa González-Blanco, el caso pone en evidencia que el discurso oficial de ética, derechos laborales y bienestar en el servicio público pierde credibilidad cuando no se aplica puertas adentro. La diplomacia no puede construirse sobre el desgaste, el miedo o la humillación del personal, porque eso erosiona la eficacia del Estado y proyecta una imagen contradictoria de México ante el mundo.