Redacción / El Tiempo
PLAN SONORA: DESARROLLO COMO SEGURIDAD NACIONAL
El reconocimiento otorgado por el Colegio de Defensa Nacional al gobernador Alfonso Durazo Montaño no es solo un gesto protocolario, sino una señal política de alto contenido estratégico: el desarrollo económico y la transición energética comienzan a ser entendidos como pilares de la seguridad nacional. Al presentar el Plan Sonora de Energías Sostenibles ante una audiencia especializada en planeación estratégica, Durazo colocó a la entidad en una narrativa que va más allá de lo local y se inserta en la lógica del Estado mexicano. Los ejes del plan —energía fotovoltaica, litio, licuefacción de gas natural y formación de talento— apuntan a una transformación estructural que busca reducir vulnerabilidades económicas y sociales. Los datos expuestos, como la inversión de 16 mil millones de dólares en Puerto Libertad o el parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, refuerzan la idea de resultados tangibles, no solo promesas. Sin embargo, el reto está en sostener estos proyectos en el tiempo y traducirlos en bienestar equitativo. El respaldo institucional, incluido el reconocimiento simbólico del Guerrero Miztli y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece políticamente al Plan Sonora, pero también eleva la expectativa. Si el desarrollo es seguridad, su fracaso tendría costos que van mucho más allá de lo económico.
AJUSTES INTERNOS EN EL CONGRESO
La convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sonora para modificar la mesa directiva confirma que la dinámica legislativa no se detiene ni siquiera en los periodos de receso, pero también deja ver que los equilibrios internos requieren ajustes constantes. La diputación permanente, encabezada por la presidenta del Congreso, Vicky Espinoza, citó al pleno el próximo 29 de enero para definir quiénes conducirán los trabajos en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que por ley deberá iniciar en los primeros días de febrero. Más allá del trámite formal, el relevo en la mesa directiva suele ser un termómetro político que refleja acuerdos, tensiones y negociaciones entre las distintas fuerzas representadas en el Poder Legislativo. La sesión extraordinaria no solo servirá para nombrar a la nueva conducción, sino también para desahogar asuntos turnados vía correspondencia, lo que evidencia una agenda que sigue acumulándose. En un contexto donde el Congreso enfrenta el reto de recuperar credibilidad y eficiencia, la integración de la mesa directiva cobra relevancia estratégica: de su capacidad de conducción dependerá el ritmo de los debates y la calidad de las decisiones. El cambio es parte del procedimiento legal, pero también una oportunidad para enviar señales de orden, estabilidad y responsabilidad política ante la ciudadanía.
CAMPAÑAS NEGRAS Y EL ADELANTO DE LA SUCESIÓN
Las declaraciones de Javier Lamarque Cano revelan que, aunque el proceso electoral de 2027 aún parece lejano en el calendario, en la práctica ya comenzó en el terreno político. Al atribuir las amenazas y señalamientos difundidos en redes sociales a posibles campañas negras relacionadas con su intención de contender, el presidente municipal de Cajeme reconoce una realidad recurrente en la política sonorense: la anticipación de la sucesión suele venir acompañada de guerra sucia. Lamarque no sólo denuncia los ataques, sino que busca marcar una línea clara al reiterar que su gobierno no ha hecho ni hará tratos con ningún grupo delincuencial, al tiempo que subraya que todas las publicaciones de este tipo se turnan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El mensaje apunta tanto a la opinión pública como a sus adversarios: no habrá tolerancia ni impunidad, ni siquiera cuando se trata de señalamientos contra elementos de Seguridad Pública. Sin embargo, el trasfondo es político. Al asumirse preparado para más campañas negras, Lamarque coloca el debate en un plano adelantado de la contienda por la gubernatura, donde la descalificación suele sustituir a la discusión de proyectos. La advertencia es clara: la lucha por 2027 ya se libra, y no será tersa.
AUDITORÍA Y LAS FRACTURAS DE MORENA
La disputa por la designación del próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación exhibe una vez más las tensiones internas de Morena y la lucha por el control de un órgano clave para la rendición de cuentas. Aunque la mayoría parlamentaria le da al partido la facultad de definir el perfil del auditor, la falta de consenso ha dividido a la bancada. Por un lado, el frente que impulsa la continuidad de David Colmenares apuesta a los vínculos que el actual auditor ha tejido con el liderazgo parlamentario, particularmente con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda, confiando en que esa cercanía será suficiente para asegurar su reelección. En sentido contrario, Alfonso Ramírez Cuéllar ha encabezado una ofensiva crítica al señalar que la ASF enfrenta riesgos estructurales y que su agenda responde a intereses propios más que al combate real a la corrupción. Al advertir una brecha entre los sectores estratégicos y el presupuesto efectivamente auditado, el vicecoordinador pone en duda la eficacia del órgano fiscalizador. Más allá de nombres, el fondo del debate es político: si la ASF será un instrumento de control institucional o una pieza más del ajedrez interno de Morena.
RENUNCIA, SILENCIOS Y ALERTAS EN LA CORTE
La inminente designación de una nueva magistrada del Órgano de Administración Judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocurre en un contexto que difícilmente puede calificarse como ordinario. La renuncia de Lorena Josefina Pérez Romo, apenas cuatro meses después de haber sido nombrada, abrió un flanco de incertidumbre institucional que no se disipa con la simple promesa de un relevo rápido. Aunque el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha descartado presiones internas y ha evitado detallar los motivos de la salida, las versiones extraoficiales sobre su negativa a firmar adjudicaciones directas consideradas irregulares colocan el episodio en una zona gris que exige mayor claridad. El impacto no fue menor: más de 60 empleados cesados y un desorden administrativo que evidencia la fragilidad del nuevo órgano encargado de la gestión judicial. En este escenario, la decisión que tome el Pleno esta semana será más que un trámite; será una señal política e institucional sobre el rumbo de la administración del Poder Judicial. La Corte no solo debe elegir un perfil con conocimiento técnico, como señaló Aguilar Ortiz, sino uno con autonomía y credibilidad suficientes para disipar la sospecha de que la administración judicial pueda estar sujeta a intereses ajenos a la legalidad y la transparencia.