Martín Alberto Mendoza
URGE ANALIZAR DECISICIONES MAL TOMADAS POR ALTOS MANDOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD; ELLO DEBIDO A QUE MIENTRAS EN DELEGACIONES EXISTE DÉFICIT DE ELEMENTOS PARA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO UTILIZAN A VARIOS COMO POLICÍAS DE CRUCERO; LA DELEGACIÓN PONIENTE SOLO CUENTA CON SEIS AGENTES PARA RESGUARDO DE CIENTOS DE FAMILIAS DE MÁS DE DIEZ COLONIAS; DELINCUENCIA APROVECHA QUE NO HAY PRESENCIA POLICIAL PARA HACER DE LAS SUYAS; APENAS LA TARDE DEL DOMINGO ANTERIOR SE COMETIÓ UN TRIPLE HOMICIDIO; SOLO SE CUENTA CON UNA PATRULLA PARA VIGILAR TODO ESE SECTOR; EN OCASIONES ES ABORDADA POR DOS ELEMENTOS Y OTRAS VECES POR UN SOLO GENDARME; EL ENCARGADO DE DEMARCACIÓN RARA VEZ PATRULLA LA ZONA, DICE SU PERSONAL; TAMBIÉN LO ACUSAN DE TRATO DESPÓTICO Y TIRANO CON ELLOS; ES TIEMPO QUE TENANGO VÁZQUEZ HAGA UN ESTUDIO Y TOME MEJORES DECISIONES QUE SU ANTECESOR; MIENTRAS ESTO OCURRE, TAL PARECE QUE POR ÓRDENES DEL DIRECTOR OPERATIVO, ERICK GABRIEL CAMPOS GONZÁLEZ, MÁS DE UNA DECENA DE AGENTES Y HASTA OFICIALES FUERON ENVIADOS COMO POLICÍAS DE CRUCERO; FUERON COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD; LO APROPIADO ES SOLVENTAR EL DÉFICIT DE PERSONAL QUE EXISTE EN DELEGACIONES; SIGUEN AFLORANDO PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN DE ALGUNAS PRISIONES QUE HAN PREVALECIDO DESDE OTRAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES A LA FECHA; DELATAN LA POSIBLE PRESENCIA DE TELÉFONOS CELULARES AL INTERIOR DE LOS PENALES, SITUACIÓN QUE ESPECIALISTAS EN MATERIA PENITENCIARIA HAN SEÑALADO COMO UNO DE LOS RETOS MÁS RECURRENTES EN DISTINTOS COMPLEJOS CARCELARIOS DEL PAÍS; SEÑALAN QUE HAY NEPOTISMO EN LA AGENCIA DE DELITOS SEXUALES EN CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
RESULTA incomprensible que en gran medida el problema de inseguridad que predomina en el entorno local no sea debidamente atendido por altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Ante este panorama es indispensable que el nuevo encargado de la institución, Capitán de Marina, Alfonso Tenango Vázquez, haga un serio análisis de las fallas que podrían ser factores que incidan para que ocurran episodios de alto impacto. Y, es que como ya se ha señalado en otras ocasiones mientras la Policía Preventiva esté siendo manejada por mandos militares es difícil que se atiendan con acierto las graves irregularidades. A reserva de un planteamiento más profundo sobre el tema es justo decir que es evidente que la corporación está siendo operada intestinalmente, más que con sapiencia e inteligencia… MUESTRA DE ello es lo sucede en la delegación poniente, donde apenas la tarde del domingo anterior se cometió un triple homicidio. Es preocupante que mientras la vigilancia y prevención del delito esté sustentada en una sola patrulla que, en ocasiones es abordada por dos agentes y en otras por un solo uniformado de los seis que están comisionados en esa demarcación. Lo anterior muestra la débil presencia de representantes de la ley en una de las zonas más golpeadas por la delincuencia. A esto, habría que aunarle que rara vez el sector es patrullado por el encargado Ernesto Luzanilla Herrera, cuyo trato es despótico y tirano con sus compañeros, que no olvidan su desaseado historial que se consolidó en la administración 2015-2018 al ser destituido de su cargo como responsable del sector comercial. En esa fecha fue acusado de supuesta extorsión el viernes de semana santa del 2017. Un residente estadunidense lo denunció de haberlo despojado presuntamente de quinientos dólares y otra suma en pesos. La imputación fue recibida directamente en la comandancia por el entonces jefe de la Policía Preventiva, comandante Guillermo Lachica Campoy, quien inmediatamente lo bajó de la patrulla, una vagoneta, línea Patriot, junto con su acompañante un agente de apellido Sombra quien en su momento se desvinculó de estos hechos que, inexplicablemente no fueron investigados por la entonces Fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova. Esto, pese a que el afectado fue identificado como padre de un Ministerio Público de Navojoa… AQUÍ FUE evidente la protección del entonces comisario de Policía, Antonio Gutiérrez Lugo hacia el personaje en cuestión. Y, para ser “enfriado” fue enviado a una célula investigadora formada con elementos de la SSPM como parte de un acuerdo entre la entonces fiscal y el titular de la corporación. Sin embargo, a los pocos meses fue dado de baja. Y, a finales del 2025 reapareció como mando medio producto de una errónea decisión de Claudio Cruz Hernández que generó enorme perjuicio a cientos de familias que radican en los fraccionamientos Cedros uno y dos, Urbi Villa del Rey, del Real, Villas del Rey, Montecarlo, Casa Blanca, San Juan Capistrano, Privada de la Laguna y Misioneros… MIENTRAS ESTO ocurre, tal parece que por órdenes del director operativo, Erick Gabriel Campos González, más de una decena de agentes y hasta oficiales fueron enviados como policías de crucero en diferentes puntos de la ciudad, cuando lo apropiado es solventar el déficit de personal que existe en delegaciones. Para algunos observadores del ámbito de seguridad, la responsabilidad de dirigir una corporación en una de las ciudades más complejas en materia de violencia en el país exige liderazgo operativo constante y una capacidad real de coordinación territorial, condiciones que consideran indispensables para un cargo de esta naturaleza. A ello se suman comentarios internos dentro de la dependencia sobre la influencia que mantienen ciertos elementos en la dinámica administrativa. Para la gran mayoría de la tropa es inadmisible que comandantes como Ángel Rodolfo Chávez Serna, el popular “Cirilito” esté siendo desaprovechado por decisiones demasiado viscerales producto de patrañas de dos que tres “besamanos”, incluyendo mujeres policías que en su momento fueron beneficiadas con inmerecidos ascensos. Los nombramientos no se ganan con insidias e intrigas, sino con méritos y sanas acciones. De esta gente debe mantenerse muy alerta el nuevo comisario, porque es repudiable que las determinaciones se fragüen derivadas de perversas maquinaciones, porque al final a quien se perjudica es a la población. Pronto se conocerán nombres de esos detestables gendarmes que buscan el beneficio propio afectando a sus compañeros ignorando que esto es una rueda de la fortuna… EN DÍAS RECIENTES, publicaciones difundidas en redes sociales generaron comentarios y reacciones al plantear señalamientos sobre el funcionamiento de algunos centros carcelarios del estado de Sonora. Hicieron referencia al sistema penitenciario estatal, cuya coordinación recae en el capitán Rodrigo Rodríguez Peña, mencionándose presuntas irregularidades en la operación de algunas prisiones que han prevalecido desde otras administraciones anteriores a la fecha, así como la posible presencia de teléfonos celulares al interior de los penales, situación que especialistas en materia penitenciaria han señalado como uno de los retos más recurrentes en distintos complejos penitenciarios del país. A ello se suma otro tema que con frecuencia ha sido señalado en el espacio público, las presuntas extorsiones a familiares de internos que, según diversas versiones, se estarían generando desde el interior de algunos centros penitenciarios. De acuerdo con comentarios de parientes de personas privadas de la libertad, esta problemática no sería nueva y, por el contrario, habría ido en aumento en distintos momentos, lo que incluso ha motivado manifestaciones al exterior de algunos centros de reclusión, exigiendo que se tomen medidas firmes para erradicar estas prácticas. Ante este tipo de señalamientos, resulta indispensable que desde la propia Coordinación del Sistema Penitenciario se ejerza con firmeza la responsabilidad de supervisión y control que corresponde, aplicando medidas claras y efectivas que impidan que este tipo de prácticas puedan presentarse dentro de los centros de reclusión. En su caso, también corresponde a las instancias de control interno y a la propia Fiscalía del Estado, encabezada por Gustavo Salas Chávez, realizar las investigaciones que resulten necesarias cuando existan indicios de conductas que pudieran constituir irregularidades o delitos… HAY QUE DECIR que en el caso del centro penitenciario de Cajeme, donde el director es Jorge Alberto Argüelles Valdés, en distintos momentos se han expresado inconformidades ciudadanas relacionadas con el funcionamiento del centro, lo que vuelve aún más necesario que desde la coordinación estatal se refuercen los mecanismos de control institucional. Asimismo, algunos observadores del sistema penitenciario han señalado que también resulta pertinente revisar con detenimiento los perfiles que han sido designados para ocupar cargos dentro de los centros de reclusión, especialmente cuando se trata de responsabilidades que exigen cumplir plenamente con los procesos de evaluación y control de confianza que establece la normativa vigente. En ese contexto, se ha señalado que algunos mandos dentro del SIEP, entre ellos el director del Cereso de Cajeme, así como otros responsables operativos en centros de reclusión del estado, mantienen pendiente la acreditación o actualización de procesos relacionados con los controles de confianza, el llamado C-3, lo que ha generado comentarios dentro del propio ámbito institucional sobre la importancia de que dichos requisitos se cumplan con absoluta claridad y transparencia. De igual forma, han comenzado a surgir versiones sobre otros temas no menos delicados dentro de la estructura penitenciaria, relacionados con la conducta de al menos un mando que presuntamente mantendría relaciones no estrictamente laborales con personal subalterno, situación que, de confirmarse, abriría cuestionamientos sobre la ética dentro de la cadena de mando… FINALMENTE el Centro Integral de Procuración de Justicia vuelve a colocarse en el centro de la polémica, ahora por los señalamientos que pesan sobre personal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales en Cajeme. Otra vez la Agente del Ministerio Público, Nallely Isabel Zamorano Serrano, está en el ojo del huracán, luego de que abogados litigantes y usuarios del sistema de justicia han externado diversas inconformidades que van desde el trato insensible hacia quienes acuden a denunciar, hasta presuntas prácticas de nepotismo dentro de la propia Agencia. De acuerdo con versiones obtenidas entre personal y ciudadanos, dentro de dicha oficina se habría permitido la presencia y participación laboral de familiares cercanos de la funcionaria, entre ellos una prima hermana y una entenada, situación que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la ética y el manejo interno del área. Estará enterado de ello, Ricardo Revilla Celaya…Luego seguimos, Dios mediante.