EL ATARDECER de este martes, en un predio agrícola del Valle del Yaqui, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre no identificado, cuya edad fluctuaba entre los 40 y 45 años. Presentó impactos disparos de arma de fuego, aunque en el lugar del hallazgo no se encontraron indicios balísticos lo que indica que le dieron muerte en otro sitio y ahí sobre la 500 entre Norman E. Borlaug y Fresno lo dejaron sobre un terreno de siembra contiguo a canal secundario. Figura como el ejecutado número 15 en diecisiete días del mes de marzo lo que indica ligera disminución en comparación a otros meses. Sin embargo, falta mucho por hacer, en virtud de que los ataques armados no ceden. Existe un buen número de personas que convalecen en distintos nosocomios víctimas de heridas de bala. Indudablemente que se requiere de mayor presencia de policías, militares y marinos, así como guardias nacionales en zonas focalizadas por la violencia…ES INDISPENSABLE que la vigilancia se fortalezca día con día para sacudirnos el estigma de ser una de las ciudades más violentas no solo del suelo azteca, sino en el plano mundial. Se le sugiere al nuevo comisario de policía, Capitán de Marina, Alfonso Tenango Vázquez mantener mayor acercamiento con mandos policíacos como el comandante de la Policía Preventiva, Francisco Javier Valdez Juzaino y otros experimentados elementos con sólida experiencia en esos menesteres y no de gente perniciosa. Es momento de hacer movimientos y relevos, ya que, aunque se cuenta con oficiales capacitados e incluso con título profesional de abogados en Derecho Penal inexplicablemente no han sido bien aprovechados. Por el contrario, continúan sosteniendo en el cargo a siniestros personajes y ‘besamanos’ que nunca faltan, incluyendo a mujeres que sin mérito alguno ocupan cargos que erróneamente recibieron y hasta se dan el lujo de tener asignadas unidades policíacas como si fueran vehículos propios en un claro insulto a la sociedad…SOBRE ESTO mismo, en Cajeme ya no se puede maquillar la realidad, la seguridad pública enfrenta un desabasto estratégico que no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Durante el día se observan patrullas, recorridos y presencia aparente; sin embargo, conforme avanza la noche, esa ‘cobertura’ se diluye hasta volverse prácticamente inexistente en amplias zonas de la ciudad. Colonias como Benito Juárez, Cajeme, Aves del Castillo, Las Haciendas y hasta el propio Parque Industrial quedan expuestas a una pregunta que nadie responde: ¿cuántas patrullas están realmente disponibles para atender una emergencia de alto impacto? No en papel, no en discurso, en tiempo real. Hoy el problema no es solo la inseguridad, es la falta de capacidad operativa para enfrentarla. No hay suficientes unidades, no hay suficiente personal en turno, y lo más grave, no hay una estrategia clara que permita cubrir de manera efectiva el territorio. Lo que existe es una administración de la presencia: se patrulla donde se puede, no donde se debe. Ese desabasto no es casual, es estructural. Y mientras no se reconozca como tal, se seguirá sosteniendo una simulación que se rompe al primer evento real. Porque cuando ocurre una emergencia, la reacción no depende de discursos, depende de recursos, y esos, hoy, no alcanzan. La Policía Municipal no puede sola, pero tampoco puede desaparecer por lapsos críticos. La Policía Estatal y tropas militares cumplen funciones específicas, no están diseñadas para suplir la ausencia permanente del primer respondiente. Y sin ese primer nivel de reacción, cualquier estrategia se queda incompleta. La consecuencia es clara: zonas sin cobertura, tiempos de respuesta tardíos y una ciudadanía que aprende a sobrevivir sin esperar ayuda. Eso no es percepción, es realidad. Hay que decirlo con el corazón y con la cabeza: Cajeme no está fallando por falta de esfuerzos, está fallando por falta de capacidad real. Y mientras se siga administrando la escasez en lugar de resolverla, la seguridad seguirá siendo efímera, y la violencia, constante…EN LOS ÚLTIMOS meses han comenzado a circular entre abogados litigantes de Cajeme diversas versiones que apuntan a una situación que merece atención: la aparente presión institucional que enfrentan algunos jueces locales al momento de resolver asuntos relacionados con aseguramientos de bienes y decisiones ministeriales impulsadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). De acuerdo con testimonios recogidos en el ámbito jurídico, existe la percepción de que, aun cuando se presentan recursos legales o inconformidades debidamente fundadas, el derecho no siempre logra prevalecer cuando las resoluciones pudieran contradecir los intereses de la Fiscalía estatal. Algunos abogados refieren, incluso, que prevalece un ambiente de cautela entre juzgadores ante el temor de posibles reubicaciones administrativas o decisiones disciplinarias que pudieran afectar su permanencia dentro del Poder Judicial. En ese contexto, el nombre del Fiscal del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aparece de manera recurrente en las conversaciones del gremio jurídico, no necesariamente por actos directos, sino por la percepción de una influencia institucional que, según señalan algunos litigantes, termina pesando en la forma en que ciertos asuntos son abordados dentro de los tribunales locales…JUSTO ES decir que este tema adquiere mayor relevancia si se considera que, en teoría, los jueces del Poder Judicial deben actuar con plena autonomía respecto de cualquier otra autoridad, incluyendo a la propia Fiscalía, cuya función es investigar delitos y ejercer la acción penal, pero no intervenir en la toma de decisiones jurisdiccionales. En medio de este escenario también ha llamado la atención el reciente posicionamiento del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, quien tras las protestas registradas el pasado 8 de marzo en Hermosillo informó que el Poder Judicial únicamente presentaría una denuncia para que el seguro cubriera los daños ocasionados al edificio judicial, estimados en alrededor de 800 mil pesos. Para algunos analistas, ese tipo de decisiones abre nuevamente la discusión sobre la firmeza institucional con la que el Poder Judicial debe responder frente a situaciones que involucran el respeto a la ley. Pero más allá de ese episodio, lo que comienza a generar preocupación entre algunos sectores es la situación de ciudadanos que aseguran haber visto comprometidos sus derechos patrimoniales por decisiones judiciales relacionadas con bienes asegurados por el Ministerio Público. Entre los casos que han comenzado a mencionarse figuran situaciones donde personas de la tercera edad han enfrentado dificultades para recuperar viviendas o propiedades que permanecen bajo aseguramiento, aun cuando según argumentan sus defensores existirían elementos legales suficientes para revisar dichas medidas…A ESTE ESCENARIO se suman cuestionamientos que han surgido dentro del propio ámbito ministerial en Cajeme, donde diversos abogados y usuarios del sistema de justicia han señalado el actuar de algunas servidoras públicas de la Fiscalía. Entre los nombres mencionados se encuentra el de la agente del Ministerio Público en delitos sexuales, Nallely Isabel Zamorano Serrano, de quien se comenta que su permanencia en el cargo ha sido motivo de inconformidades, al considerar algunos sectores que su remoción podría contribuir a fortalecer la imagen institucional de la Fiscalía en la región. De igual forma, también se menciona el caso de Azucena Cycela Valenzuela, otra servidora pública vinculada al área, quien de acuerdo con comentarios que circulan entre personal de la propia institución y usuarios del sistema de justicia mantiene una relación laboral marcada por constantes fricciones dentro de la dependencia. Diversas versiones señalan que su permanencia estaría asociada a la protección que aún percibe por parte de la exvicefiscal especializada en feminicidios, Ana Celina Ramos Valenzuela, aun cuando esta última ya no forma parte del servicio público. Para quienes siguen de cerca estos asuntos, el problema no radica únicamente en un caso particular, sino en la percepción de que el sistema podría estar privilegiando criterios de conveniencia institucional por encima del análisis estrictamente jurídico. En un estado donde la seguridad y la justicia son temas centrales para la vida pública, la autonomía judicial no debería ser un asunto menor. La ley, finalmente, fue diseñada para aplicarse con independencia y sin presiones externas. Cuando esa independencia se pone en duda, la discusión deja de ser solamente jurídica y se convierte en un tema de interés público que merece un análisis profundo y responsable. Y sobre ese análisis varios abogados han comenzado a advertir que todavía hay mucho que decir…Luego seguimos, Dios mediante.
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