Martín Alberto Mendoza / MO
ARRANCAMOS prácticamente la última semana de marzo, en virtud de que el tercer periodo de 2026 concluirá con el inicio de las festividades de Pascua que empiezan el día 29 con Domingo de Ramos. Antes déjeme comentarle que hay tardes que pesan, que debieran ser para estar en familia, en armonía plena, pero no. Este domingo la violencia volvió a irrumpir con fuerza en Cajeme. Entre las 16:30 y las 20:00 horas, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron privadas de la vida en distintos puntos del sur y sur-oriente de la ciudad, en las colonias Los Sauces, Villas de Cortés y Sóstenes Valenzuela Miller. Hay que decirlo sin tapujos, estos no son hechos aislados. Son señales claras de una paz que se ha venido lacerando poco a poco, hasta volverse frágil. Porque cuando la tranquilidad se rompe de esta manera, es inevitable preguntarse qué está pasando con los tres niveles de gobierno que tanto presumen coordinación y operatividad. Una coordinación que en el discurso suena sólida, pero en la realidad no logra contener la violencia que sigue cobrando vidas y que, en los hechos, se traduce en silencio institucional y desconfianza social. Y después de que sucede lo lamentable, es cuando debería entrar con firmeza la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). No en el discurso, no en declaraciones optimistas, sino en resultados concretos. Porque hoy son más las ‘echadas que las ponedoras’. Hace apenas unos días, el Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez, afirmaba que Sonora es un buen lugar para vivir, que hay tranquilidad. Lo decía con seguridad, incluso con un tono que parecía más cercano a la narrativa que a la realidad que viven miles de familias. Pero Ciudad Obregón no vive de discursos. Cajeme vive una realidad que se mide en homicidios, en carpetas mal integradas, en detenciones que no siempre se sostienen y en una ausencia evidente de resultados contundentes. No basta con anunciar capturas ni presumir operativos si estos no se traducen en procesos sólidos, judicializaciones firmes y sentencias que realmente impacten en la disminución de la violencia. La fiscalía no puede seguir operando bajo la lógica de la reacción mediática. Su responsabilidad es más profunda, construir casos, sostenerlos, darles seguimiento y, sobre todo, generar confianza. Porque cada carpeta mal integrada, cada denuncia sin seguimiento, cada caso que se cae, es un mensaje directo de debilidad institucional. Hoy, con estos tres homicidios, Cajeme alcanza ya 21 víctimas en lo que va del mes. Y mientras la cifra crece, también crece la percepción de que la Fiscalía ha quedado rebasada por la realidad. La pregunta ya no es menor ¿está la fiscalía a la altura del problema que enfrenta Cajeme? Porque hasta ahora, la respuesta que se percibe en la calle es clara, y no es favorable. Pero no sólo es responsabilidad de la FGJE, sino del trabajo que necesariamente tienen que hacer las Policías Municipal y Estatal de Seguridad Pública…HABLANDO de la PESP, si bien es cierto que ha mostrado destellos de que por momentos luce a la altura de las circunstancias, también resulta indispensable que sea más efectiva y contundente su labor, y esto debe saberlo el comisario, José Guadalupe Martínez Lavariega a quien ojalá y se le ocurra dejar por buen tiempo al comandante Francisco Alan Tapia Medina quien permaneció más de un año al frente de la base operativa de Nogales, de donde llegó para asumir la jefatura local de la PESP junto con su homólogo de apoyo, Eduardo Osmar Cossío Noriega que es el encargado de la vigilancia nocturna. El mando en cuestión ya había estado aquí como titular del destacamento de los estatales en diciembre del 2021. Hay que decir que en sí la corporación es incuestionablemente una de las mayormente preparadas al momento de reaccionar en complicados y violentos episodios, esto gracias a la capacidad y talento para dirigir un equipo de trabajo como el que aquí se requiere ante los tiempos difíciles, como el caso muy particular del subinspector, Luis Carlos Villalobos Chávez que después de haber estado al frente de la PESP llegó a Obregón como titular de la base. Lo mismo ha sucedido con otros mandos de quienes les hablaré más adelante, porque vale la pena resaltar su desempeño y cumplimiento institucional… EL PASADO fin de semana circuló en redes sociales que Sergio Armando Noriega Magallanes, señalado como presunto autor material del homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez (QEPD), ex Procurador General de Justicia del Estado y entonces candidato a la alcaldía de Cajeme promovió un amparo en el que denuncia presunta incomunicación, retención indebida y violaciones a sus derechos dentro del Cefereso número 11. El dato no es menor. Porque más allá del trámite jurídico, este tipo de acciones obligan a voltear a ver no sólo el fondo del proceso, sino la forma en que se ha construido la investigación. Estamos ante uno de los hechos más delicados en la historia reciente de Sonora. Un crimen que no sólo arrebató una vida, sino que dejó una herida abierta en la sociedad, por la persona, por el momento, por el lugar y por lo que representaba. Y precisamente por eso, no admite margen de error. Aquí hay una línea que debe quedar clara, la sociedad quiere justicia, sí. Pero una justicia verdadera, no una aparente. Una que no deje espacio a dudas, a vacíos o a interpretaciones. No se trata de poner en duda el sistema. Se trata de exigir certeza. La FGJES, encabezada por Gustavo Rómulo Salas Chávez, tiene hoy una responsabilidad que va más allá del caso, sostener con pruebas firmes que la persona imputada es, sin margen de equivocación, quien debe responder por estos hechos. Porque sinceramente, a estas alturas de la investigación, nadie quiere escuchar un ‘usted disculpe’. Eso sería, no sólo jurídicamente grave, sino profundamente lamentable para una sociedad que ha esperado tanto. ‘Porque al paso del tiempo la verdad huye’, y cuando la verdad se diluye, lo que queda es incertidumbre, como se lee frecuentemente. Porque cuando un caso de esta magnitud presenta fisuras, aunque sean procesales el impacto no sólo es jurídico, también es humano, social y moral. El amparo promovido no determina culpabilidad ni inocencia, pero sí enciende un foco que no puede ignorarse, el de la consistencia institucional. Y en esto no debe haber confusión. Querer que se revise no es debilitar a la autoridad. Es fortalecerla. Exigir claridad no es confrontar, es construir confianza. Porque al final del día, lo que está en juego no es sólo un proceso, es la credibilidad de la justicia. Y esa, cuando es real, no se impone, se sostiene…HOY, MIENTRAS se exige certeza en este caso, también hay otras heridas que siguen abiertas. Como la de nuestro, extinto amigo y director general, Jorge Miguel Armenta Ávalos (QEPD). Son ya demasiados días sin justicia. Para ser precisos hasta este lunes suman dos mil 135. En menos de dos meses estaremos llegando a seis años, el próximo sábado 16 de mayo. El tiempo pasa, pero el reclamo permanece. Y no es sólo un número, es una ausencia que sigue doliendo. Porque cuando la justicia tarda, no sólo llega tarde, también lastima la memoria. Y una sociedad que no obtiene respuestas, no olvida, reflexiona. Porque en el caso de nuestro inolvidable líder y fundador de Grupo Medios Obson, Jorge Miguel Armenta Ávalos, el tiempo ya no es sólo un número, es una deuda abierta con la justicia. Son miles de días en los que la ausencia sigue pesando y la respuesta no llega. Y eso duele, porque cuando un crimen queda sin claridad, no sólo se lastima a una familia o a un gremio, se debilita la confianza de toda una sociedad. Hoy no pedimos privilegios, exigimos lo que por derecho corresponde: verdad, responsabilidad y justicia. Porque olvidar no es opción, y callar, tampoco, además hay que decir que en ese mismo acto criminal también murió su amigo, el comandante Orlando Antonio Ruvalcaba Flores. De tal forma que se trata de homicidios…Luego seguimos, Dios mediante.